Hace un mes, alertamos sobre la gravedad de que se pretendiera acusar por terrorismo a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, por su participación en las manifestaciones ciudadanas de 2023. La información oficial seguía bajo reserva, pero era evidente que se cruzaban límites peligrosos en el uso del derecho penal. Hoy, esos temores se confirman… y se agravan.

La Sala de Apelaciones no solo mantuvo la persecución penal, sino que la reconfiguró. Como no podían justificar el uso de escuchas telefónicas —necesarias para sostener la acusación de terrorismo—, decidieron reformular los cargos y añadieron el delito de asociación ilícita. Esta decisión es reveladora: cuando no encaja el tipo penal original, lo cambian. No importa si se trata de líderes comunitarios con trayectoria legítima de representación social; el objetivo es que el proceso penal continúe.

Pero la figura de asociación ilícita no es un comodín. Requiere, según el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la existencia de una estructura jerarquizada, permanente, orientada a cometer delitos. ¿Dónde están las pruebas de que los 48 Cantones actuaban con fines delictivos? ¿En qué momento ejercer la representación ancestral y la protesta pacífica pasó a ser parte del catálogo de conductas criminales?

La maniobra es peligrosa. No se trata únicamente de una persecución dirigida a dos personas. Es un mensaje: organizarse para defender derechos puede hacerle a usted merecedor de una imputación por delitos graves. Y lo que antes se quería presentar como “terrorismo” —con todas sus connotaciones internacionales—, ahora se recubre con la narrativa de “asociación ilícita”. Cambia el nombre, pero no la intención: castigar el disenso.

Este tipo de decisiones desvirtúan la función del Ministerio Público y degradan la legitimidad del sistema de justicia. En lugar de investigar estructuras verdaderamente delictivas —como las redes de corrupción o el narcotráfico—, se prioriza litigar contra liderazgos sociales que ejercen su derecho a la protesta. Y, como si fuera poco, se utiliza la figura de asociación ilícita para comparar una legítima organización comunitaria con una banda criminal. Es una equiparación infame.

Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados. Criminalizar ahora sus formas de organización y su derecho a la protesta es repetir los errores del pasado, pero con nuevos disfraces legales. Si hoy se normaliza que un líder comunitario sea acusado de terrorismo o asociación ilícita por protestar, mañana nadie estará a salvo de esa lógica perversa.

Es momento de decirlo con claridad: ni Pacheco ni Chaclán son criminales. Criminal es convertir el derecho penal en un arma para silenciar la protesta. Criminal es usar la justicia para proteger al poder y castigar a quienes lo interpelan. La protesta social no es un delito. Y la organización ancestral no es una conspiración. Defender los derechos colectivos nunca debería ser castigado. Pero en Guatemala, hoy, lo está siendo.