Hay dos asuntos muy arraigados en la sociedad guatemalteca. Una de ellas es la propensión a resolver cualquier problema, mediante la regulación normativa.  La otra, es la dependencia que se tiene de los abogados, para casi todo.

En el curso de Historia Económica y Social de Centroamérica y Guatemala que imparto en la USAC, suelo narrar un acontecimiento que pareciera haber marcado el devenir patrio. Cuando en 1524 se decidió asentar la capital del reino en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la primera disposición de las autoridades fue normar todo aquello que estaba prohibido, es decir, la prioridad fueron las normas restrictivas.

El detalle folklórico es que las restricciones principales de la primera normativa en el reino, se referían a los juegos de azar, las bebidas alcohólicas y la prostitución. La Corona era quien importaba los dos primeros productos y en el caso de la profesión más antigua del mundo, cualquier parroquiano sabía en qué puerta del vecindario tocar. Digamos que la mojigatería y la doble moral tan característica de nuestra realidad actual, tiene raíces históricas profundas.

Cuando se funda la Universidad de San Carlos en 1676, no podía faltar la carrera de Leyes, además del Derecho Canónico. Las otras fueron: Teología, Medicina y Lenguas. Con el tiempo, los estudios de leyes se convirtieron en prioritarios, tanto para peninsulares (españoles radicados en el reino) como criollos (hijos de españoles nacidos en el reino).  No solo les daba estatus, sino que sabían el poder que estas materias daban para vincularse a la administración pública y la vida política.

Desde la Colonia quedó marcado resolver casi todo por medio de leyes. De tal cuenta que, en la actualidad, existen más de 70 mil normativas, muchas de ellas: anacrónicas, inútiles y/o en desuso. El Congreso lleva muchas iniciativas por hacer un inventario total y nunca se concreta. En tiempos contemporáneos esa manía de legislar se convirtió en un ejercicio espurio y manipulador.  Veamos la dinámica: surge un problema, entonces hay que crear una ley. ¿Ya existe? Pues hay que reformarla. ¿Ya fue reformada? Se hace otra modificación. ¿Ya son muchas las reformas? Entonces se hace una nueva ley, con distinto nombre, aunque se regule lo mismo y que el contenido sea casi idéntico.  Por una parte, este mecanismo les sirve a los legisladores para hacerse visibles y crear currículo, vital para seguir vigentes y repetir en sus puestos o aspirar a nuevos cargos. No importa que, muchas veces, dichas iniciativas sean rotundas tonterías.

De la dictadura que ejerce la profesión de las “ciencias” jurídicas ni hablar. Miren el papel del colegio de abogados y de las facultades de Derecho en las Comisiones de Postulación. Para más INRI se dan casos como el de las dos últimas universidades aprobadas: Juan José Arévalo y Americana, las cuales no han iniciado funciones plenamente, pero ya designaron decanos de derecho y el congreso está apalabrado para incluirlas en las próximas convocatorias. “Facultades” sin estudiantes ni graduados, pero con puestos para incidir y manipular.

Otro elemento para acotar, es la presencia de abogados en el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de la Defensa Pública Penal y otras instituciones y dinámicas, lo cual permite al gremio, imponer su influencia. El pacto político que es la Constitución, se redacta fundamentalmente por abogados. Observemos también, cómo en la última elección para el Colegio de Abogados de Guatemala, se descartaron las profesiones adjuntas (con pleno derecho) y se privilegió solo a los juristas.

Hay un dicho popular que se ha transmitido por generaciones y que refleja nuestra triste realidad: Hecha la ley, hecha la trampa.

Sin intención de ofender a mis respetables amigos y amigas juristas, y sabiendo que hay notables excepciones, es evidente que esta profesión se presta para manipular y tergiversar la ley. Todo dependerá de la astucia y, en muchos casos, de las marrullerías de abogados voraces que, más que defensores de la justicia, operan bajo la lógica del crimen organizado.

Cierro con estos dos chascarrillos sobre tan “noble” profesión:

Un posible cliente acude a un abogado y le consulta: ¿Es cierto que ustedes cobran por pregunta? El jurista con sonrisa pícara le contesta: Ya me debe Q500. ¿Cuál es su segunda pregunta?

Durante la exposición del cliente de un abogado en su bufete, el primero le pregunta: Disculpe licenciado ¿Qué hora tiene? Acto seguido el jurista se levanta presuroso a cerrar la puerta, se acerca sigiloso y le susurra al oído: ¿Qué hora quiere usted que sea?

Entre broma y broma, la verdad se asoma…

(Historiador y analista político)