En noviembre 2024, el Congreso aprobó el presupuesto para el año en curso. Si quisiéramos ponerle nombre a lo aprobado, lo denominaría un presupuesto entreguista;  formulado por el Ejecutivo para quedar bien con las fuerzas políticas presentes en el Legislativo. Una buena dosis de aceite para lubricar los engranajes que posibilitara la gobernanza, aunque sea al mínimo, de un gobierno que navega con poco gas y bastantes flancos por donde atacarlo.

Aunque los integrantes de la extinta facción oficialista aparecieron públicamente como los articuladores del supuesto “logro”, y el mismo gobierno hizo creer que se trataba de un resultado estratégico, la realidad es diametralmente diferente. 

A cinco meses de recorrido el 2025 los supuestos están lejos de hacerse realidad. Desde el punto de vista técnico, el comportamiento del gasto público arroja que el porcentaje de ejecución es del 32.8% del total del presupuesto aprobado, una cifra similar al promedio de los últimos cuatro años, durante el mismo período. Pero quizás la cifra más alarmante es la ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo (12.7%), a pesar del incremento histórico de sus recursos. Pero los datos corren el riesgo de quedar en el aire, sino se entran a considerar las apuestas estratégicas que, se supone, serían el norte del presupuesto aprobado. Es aquí donde entran en juego las consideraciones políticas.

Cabe preguntarse quiénes son los actores políticos ganadores o beneficiados con el presupuesto aprobado.  Es aquí donde cabe el adjetivo “entreguista”, que traducido implica poner a disposición el presupuesto público como instrumento de sometimiento, que permita el libre juego político de quienes quieran jugar a la piñata. El gobierno, por tanto, tiene poca capacidad de maniobra y, además, poco interés en meter las manos. Su carácter formal de “gobierno honesto” se reduce a limpiar e inflar la pelota (cumpliendo la norma, lo formal), pero, una vez puesto el balón en la cancha, se destapa el festín donde los rudos llevan las de ganar.

Es importante recordar lo sucedido, no solo porque el presupuesto en mención es un instrumento vigente; sino porque a estas alturas del año también se diseña el proyecto de presupuesto 2026. ¿Este tendrá las mismas orientaciones políticas? ¿Querrá el Ejecutivo meter las manos en el juego, o nuevamente asumirá el rol pasivo de poner el balón en juego, para que otros metan los goles? Ojo que, guste o no, el nuevo presupuesto tendrá una orientación preelectoral; sumado a otros incentivos, como el hecho que los recursos para los CODEDES no podrán ser menores al monto aprobado. Adicionemos que el oficialismo en el Congreso es casi inexistente, ahora sujeto a una convivencia hostil entre dos micro expresiones que, si antes eran secundarios, ahora son marginales.  

Queda en evidencia que la bandera de la honestidad es un recurso valioso, y cada vez más en fase de extinción; pero su importancia radica en que genere un efecto contagioso, que irradie más allá de las personas en lo individual. De poco o nada sirve ostentar el perfil de “honesto”, si las ganas para gobernar (esto es, tomar decisiones) son menores, y más bien, la intención real es dejar hacer, dejar pasar; para que lo más pronto posible transcurra el tiempo y se abandone una responsabilidad que quizás nunca se quiso tener. La honestidad implica responsabilidad de los actos. No es una bandera o una medalla simbólica para colgarse, sino un atributo que requiere coherencia.