La desesperación social es innegable. La realidad en Guatemala combina un legítimo descontento social por el alza de combustibles, vinculado a una crisis internacional y un aumento de los precios de los combustibles superior al 50 por ciento en el último semestre. El incremento afecta directamente el costo de la vida, transporte y distribución de alimentos, generando protestas y bloqueos que deben ser entendidos y explicados con seriedad.

Los llamados «analistas independientes» que siempre consulta la prensa local – como Renzo Rosal, Hugo Maúl, etc. – se equivocan profundamente al decir que hay un paralelo entre las protestas de 2023 y las de 2026. La diferencia no puede ser más grande y no es solo de fondo (defender resultados electorales vs. reclamar subsidio), sino también de quién se moviliza, quién lo respalda y a quién le afecta directamente la táctica.

El «Levantamiento de los Bastones» de 2023 constituyó un acto de solidaridad amplia y contrahegemónica, es decir, contra el poder del Pacto de Corruptos y sus padrinos empresariales y criminales. Se trató de protestas lideradas por autoridades indígenas en articulación incipiente con organizaciones de la sociedad civil transversal y colectivos urbanos. No se trató para nada de un gremio económico movilizando a la gente en nombre de su propio interés y la tendencia al desplome de sus ganancias.

En 2023 el enemigo era claro y legítimo para la mayoría: el MP, la CSJ, el TSE actuando en contra de la voluntad popular. Lo que este Pacto de Corruptos intentó hacer en 2023 fue incluso calificado por la OEA como un «intento de golpe». Y la táctica – las marchas, paros y presencia en plazas – no castigaba a la población general. Al contrario, ¡la población era la que marchaba! Había una narrativa, un claro reclamo en las calles, de defensa de la democracia que unía a sectores que normalmente no coinciden para nada. No solo fue una ventana democrática, sino también un gesto de solidaridad y una apuesta por el poder constituyente del pueblo.

Lo que estamos viendo en 2026 es algo completamente distinto. Hay solidaridad, pero es puramente sectorial y hay un elemento social pero completamente fragmentado, en algunos casos cooptado y otros claramente manipulado por intereses espurios y vinculados al viejo Pacto de Corruptos. Las manifestaciones, a veces convertidas en turbas violentas, han sido lideradas por el gremio de transportistas (Astrapigua y afines), con apoyo de enjambres sociales, pero con un interés económico concreto: el diésel, la gasolina.

Los bloqueos de carreteras afectan directamente a quienes no participan incluyendo a trabajadores, estudiantes, pacientes que necesitan hospital, a los mismos transportistas y hasta las cadenas de suministro del sector privado. Eso, en este caso, erosiona la solidaridad. Además, no hay un «enemigo externo» claro que una a la población – ya que no mencionan la guerra de Estados Unidos contra Irán como la causa principal y fuera del control del gobierno y de Guatemala y las protestas no está dirigidas contra la embajada de Estados Unidos en Guatemala como probablemente deberían de estarlo. El conflicto es entre el gremio y el Estado (Congreso, Energía y Minas, Gobierno de Arévalo) como si el alza en el precio de los combustibles hubiera sido el resultado de una política de gobierno deliberadamente dañina para la acumulación de capital. En todo esto, con la enorme confusión y evidente posverdad de los discursos populistas de la derecha, la ciudadanía común queda atrapada en medio de mentiras, oscuridades y bloqueos mentales.

El gobierno, por supuesto, enmarca los bloqueos en las calles y carreteras como actos delictivos o desestabilizadores, lo que le da cobertura para responder con fuerza y represión. Arévalo mismo ha denunciado que actores políticos locales y grupos del narcotráfico financian y organizan bloqueos violentos en municipios como Río Hondo, Cuyotenango y Villa Nueva para sembrar caos y ganar ventaja electoral. Estas acusaciones han sido amplificadas por quienes dicen que, si bien el malestar social es real, existe una instrumentalización histórica de los bloqueos por partidos políticos corruptos para incrementar el desgaste del presidente en un contexto de proximidad electoral. No cabe duda de que cuando el río truena es porque piedras lleva.

Ahora, eso de denunciar fuerzas oscuras o intereses espurios como responsables de las manifestaciones, sin proveer nombres, apellidos y evidencia, es en sí mismo parte de los discursos distractores pues la política debería estar orientada a revelar clara y públicamente las fuerzas que están en juego tanto dentro como fuera de Guatemala. En cuanto a las fuerzas dentro de Guatemala, la presencia de un activista de la UNE en unos de los bloqueos en zona 7 ha sido esgrimida como evidencia de manipulación en este momento preelectoral. En cuanto a las causas internacionales de la crisis, el gobierno de Arévalo tiene las manos atadas por Washington pues denunciar que el aumento del precio de los combustibles en Guatemala es responsabilidad directa de Washington sería confrontar al principal y desvergonzado aliado del gobierno de Arévalo a nivel internacional. Arévalo simplemente no tiene las agallas para hacerlo – ni tampoco tiene la estatura y audacia política de un Gustavo Petro.

Pero la equivalencia entre 2023 y 2026 es completamente falsa no solo porque las causas difieren, sino porque la estructura de solidaridad es distinta. Lo de 2023 fue una movilización de la sociedad; lo de 2026 es una movilización de un sector que usa la sociedad como rehén (aunque no lo pretenda conscientemente o lo diga abiertamente). Eso cambia radicalmente la legitimidad percibida y la respuesta institucional posible. Es, por ello, un error garrafal de medios periodísticos comparar los dos momentos históricos y, acto seguido, culpar a Arévalo de haber cambiado discurso. Es la prensa corriente la que no tiene análisis riguroso y crítico de los eventos y las fuerzas que se mueven detrás de ellos. Y esto es parte de un bloqueo mental que impide ver la realidad de las cosas.

El peso de la crisis siempre cae peor sobre la gente pobre y trabajadora. Pero los intereses gremiales, empresariales y corruptos siempre capitalizan de las crisis. Lo que ocurrió con el primer subsidio entre el 28 abril y 2 julio 2026 es muy ilustrativo. El subsidió costó Q2 mil 900 millones de los impuestos/deuda del pueblo en solo tres meses. El mecanismo fue modificado para que el pago se hiciera en la «interiorización» (importación) del combustible, no en la bomba. El resultado fue que los importadores recibieron el dinero, y según denuncia penal presentada contra funcionarios del MEM (el exministro Ventura, el actual ministro Barrios y el director de Hidrocarburos Gerson De León), «se robaron el subsidio» y «los efectos positivos para el pueblo prácticamente fueron nulos». La gente pobre fue quien más sintió el alza en la comida y el transporte, pero no recibió el beneficio del subsidio porque el mecanismo lo canalizaron hacia arriba de la cadena de consumo. Y las gremiales de transportistas (Cámara de Transporte de Carga, Unión Nacional de Transportistas) inicialmente respaldaron el subsidio, pero cuando vieron que no les llegaba en la práctica, ahora proponen otra cosa, es decir, eliminar el IVA y el IDP, con un tope de Q35 por galón de diésel financiado con saldos de caja del Estado.

La crisis golpea siempre a quien menos margen de maniobra tiene (trabajadores, pequeños comerciantes, familias que gastan 60-70 por ciento de su ingreso en alimentos y transporte). Pero cada «solución» que se diseña – sea subsidio, tope o alivio fiscal – desde arriba, desde el Estado y colusión con el sector privado, sigue siempre un modelo que favorece a quien ya está arriba y goza de privilegios económicos como importadores, grandes transportistas formales o incluso los funcionarios que administran el recurso. La gente pobre queda como justificación retórica y populista de la medida, pero nunca como beneficiaria real. Es un patrón típico de la política y la economía en Guatemala.

Para el sector privado y los medios periodísticos que lo amplifican, como la Cámara de Industria y Prensa Libre, los bloqueos solo representan costos económicos. Para el sector privado 2023 y 2026 son lo mismo. La CIG lo demuestra en su propio discurso pues para ellos todos los bloqueos son el mismo problema: «paralizar la productividad no reduce el precio de los combustibles, por el contrario, incrementa los costos» para toda la economía. Para el sector privado organizado en torno al CACIF no hay diferencia entre defender la voluntad popular y un bloqueo gremial por el diésel; lo que ven es mercancía detenida y la violación del «derecho a libre locomoción»: US$150 millones diarios en aduanas, Q1,134 millones en tránsito, Q217.59 por persona económicamente activa.  El marco es exclusivamente flujo de mercancía vs. interrupción. La supuesta lectura técnica y económica, sin embargo, esconde una lectura política y una teoría de la legitimidad en donde prevalecen los intereses del capital.

Y ese capital es muy específico: solo unos 260 guatemaltecos (números de 2015) acumulan US$30 mil millones – el 56 por ciento del PIB. Para ellos, el precio del diésel es irrelevante porque su riqueza está invertida en capital, tierra, bienes raíces, activos financieros y cuentas en paraísos fiscales. No consumen combustible como insumo de supervivencia. Solo el 1% más rico recibe ingresos equivalentes a la mitad de la población. Encima de eso, la tasa efectiva de impuestos sobre la renta de la élite es del 1.8 por ciento (vs. 11.7% en México, que es el más alto de la región). «Desde 1980, Guatemala recauda impuestos equivalentes a poco más del 12 % de su PIB, una cifra que en cuatro décadas ha permanecido casi inamovible mientras Colombia ha pasado del 10 al 22  por ciento, y Ghana ha cruzado y superado a Guatemala. La media latinoamericana actual sobrepasa el 21 por ciento». ¡Y ahora hasta el IUSI les quitaron! Mientras tanto, «10 por ciento de la población vive con menos de 3 dólares al día, y el 56 por ciento de la población vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan el umbral necesario para cubrir las necesidades básicas». La crisis de los precios de los combustibles, entonces, no es lo mismo para las mayorías sociales trabajadoras, precarizadas y empobrecidas.

Aquí está la verdad de las cosas que el bloqueo mental de la prensa corriente no deja ver. La crisis de combustibles es, estructuralmente, una transferencia de la base a la cima, de los de abajo para los de arriba. La gente pobre gasta 60-70 por ciento de su ingreso en alimentos y transporte (encima de ello tiene que pagar el IVA – un impuesto indirecto regresivo y oneroso). El alza de combustibles se traslada directamente a la canasta básica. Pero quien recibe ese incremento no es el Estado (que podría redistribuirlo) ni el importador (que ya capturó el subsidio), sino que se queda en la cadena, es decir, en los márgenes de los intermediarios, en los precios de los grandes distribuidores, en los costos que las empresas formales, las que representa el CACIF, absorben y luego trasladan. La élite no siente la crisis para nada. Siente los bloqueos que le detienen la mercancía. Tampoco sienten el precio, que siempre le suben el margen y nunca le bajan la ganancia.