“La historia ocurre primero como tragedia y después como farsa” dijo Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Pero si hubiese conocido este solar, seguramente la frase diría: En algunas partes del trópico, la historia puede presentarse como farsa continua.

El escandaloso fraude cometido por Walter Mazariegos en 2022, se replica con total impunidad y descaro en 2026, pero esta vez, con una oposición más clara, amplia y decidida de docentes, estudiantes, trabajadores y profesionales sancarlistas dignos.

La decisión de participar con las reglas del sistema, tuvo el costo que todos estamos presenciando nuevamente; pero había que hacerlo y combinarlo con acciones de hecho, como efectivamente sucedió. Muchos seguiremos plantando cara el tiempo que sea necesario, pues la reelección del usurpador es ilegal, ilegítima y carente de las formas más básicas de una democracia funcional. ¿Previsible? Sí. Lo que no quedaba muy claro, es cómo funciona el sistema integrado, incluyendo al Ejecutivo. Esta experiencia desnuda los mecanismos sincronizados para lograr un resultado conjunto, aunque a cada actor le corresponde un papel, según sea el caso.

Un repaso somero a algunos actores de esta renovada afrenta:

Walter Mazariegos: Con credenciales menos que mediocres, haciéndolo indispensable para la alianza criminal, ya que actúa con total incondicionalidad a lo que le ordenen. Es un actor de reparto totalmente prescindible, pero mientras sea funcional, le seguirán brindando los apoyos necesarios, tanto de empresarios, autoridades de gobierno, diputados y operadores del sistema de justicia. De hecho, a finales del año pasado (12 de diciembre) el propio mandatario le condonó deudas relacionadas con hallazgos sobre el ISR a la gestión de Mazariegos en la USAC (expediente 2025-05907 NIT 2551179).

El último conector que explica, en parte, la tibieza, laxitud y lenidad del presidente hacia el usurpador, parece provenir de la formación de la “Universidad Juan José Arévalo Bermejo”, que no por casualidad, agrupa en su seno a funcionarios de la actual administración ilegítima de la USAC, entre estos:

Luis Fernando Cordón Lucero, actual secretario general de la USAC y orquestador jurídico de los fraudes de 2022 y 2026.

Juan Carlos Godínez: Personaje cercano al rector Mazariegos y exintegrante de la Junta Directiva de la Facultad de Derecho. Fue secretario municipal del partido Victoria, propiedad de la familia Rivera en Mixco, y relacionado con el operador Gustavo Alejos en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Santos de Jesús Dávila Aguilar, actual decano de la Facultad de Humanidades de la USAC.

Zonia Elizabeth Williams Estrada: secretaria adjunta de la Facultad de Humanidades de la USAC.

Orcelio Hernández García: Docente de la Facultad de Humanidades de la USAC.

Melvin Deras Cordón: Subjefe del Departamento de Caja de la USAC.

Francis Ramón Polo Sifontes: Historiador conservador vinculado a la actual administración de la USAC, a quienes muchos identifican como el futuro rector de esta nueva universidad.

Cualquier inocente pensaría que Arévalo saldría pronto a desautorizar a Mazariegos por el uso del nombre de su padre, pero el silencio connivente lo termina delatando.

El nuevo MINGOB, Marco Villeda, también aspirante a Fiscal General apoyado por el presidente, destacó agentes para amenazar a la resistencia universitaria, tanto al campus de la zona 12 como al Hotel Casa Santo Domingo en Antigua, y no precisamente para detener a los encapuchados ilegales o defender a quienes ejercían una protesta pacífica. Por cierto, su mensaje televisivo para tratar de lavarse la cara no le funcionó, ante la contundente evidencia visual y auditiva del papel de la PNC en las protestas del martes 7 y miércoles 8 de abril, filmadas por todos los medios.

Como ya he dicho en múltiples oportunidades, del pacto de corruptos en 2014, se pasó a la alianza criminal en 2018, en consecuencia, el contubernio entre diputados y operadores políticos, fue reforzado con empresarios, jueces y magistrados, militares, ministros de iglesias, burócratas al más alto nivel, incluyendo instituciones “autónomas” y, por supuesto, narcos.

Lo anterior explica que el alquiler del hotel de la familia Castañeda en Antigua no fue una simple transacción comercial, lo cual se evidencia en los vídeos que muestran cómo el clan Suger-Cofiño-Castañeda, empleó gente armada en el interior del hotel para reprimir la protesta, llegando al extremo de exponer a meseros y personal de servicio armados con palos y la cara cubierta, como carne de cañón. Constatable todo lo mencionado, en medios y redes sociales. No está demás indicar que es la segunda vez que dicho hotel se presta para el mismo objetivo espurio de concretar el fraude para rector. Así mismo, siendo un acto público, el alquiler de este lujoso y exclusivo hotel fue pagado con nuestros impuestos. El bochorno culmina con la llegada en helicóptero del usurpador y su retirada por el mismo medio, también pagado con fondos públicos.

Ni hablar del MP y del resto del sistema de justicia, siempre presto y dispuesto a rendir pleitesía a la alianza espuria. Ya la señora de Gerona abrió expediente para criminalizar la protesta, ante la muy acostumbrada inacción del Ejecutivo.

Para la comunidad universitaria que se enfrentó en total desigualdad de fuerzas contra los gestores y operadores de este nuevo fraude, mi total y absoluto RESPETO Y ADMIRACIÓN. Para los docentes, estudiantes, «profesionales» y trabajadores que se prestaron a traicionar a la Universidad de San Carlos: mi más profundo desprecio, advirtiéndoles que quedó debidamente registrado quiénes estuvieron y están del lado correcto de la historia y quiénes mostraron su podredumbre, cual viles lacayos. Que la condena les sea implacable.