Cada año, cuando se presenta el nuevo presupuesto, el país repite el mismo ritual: los técnicos alertan sobre el déficit, los políticos lo defienden en nombre del “desarrollo” y el Congreso lo convierte en botín. Este año no ha sido la excepción. Se habla de un presupuesto “gastado”, de un plan “inflado”, de un déficit que ronda el 4 % del PIB. Aunque no les falta razón, la mayoría de esas críticas se quedan en la superficie: denuncian el exceso, pero no cuestionan la estructura que las produce.  No caen en cuenta de que lo más preocupante del gasto no son sus montos, sino los mecanismos que los generan. No solo se malgastan los recursos del contribuyente, sino también la credibilidad del Estado, que acaba gastando por inercia y no por propósito.

Gastado está el discurso del desarrollo financiado con deuda, que promete modernización mientras repite los vicios del pasado. Gastado está el aparato presupuestario que confunde gasto con inversión y ejecución con resultados. Gastado está el sistema que premia la opacidad y castiga la capacidad técnica. El presupuesto 2026 no es más que otro capítulo de una larga historia que se agota en sí misma: un Estado que gasta sin transformar, que invierte sin planificar y que planifica sin propósito.

Los documentos técnicos del CIEN a lo largo de los últimos 20 años dan cuenta de ello: el gasto corriente continúa creciendo, la inversión pública cada vez es más baja y los programas con mayor peso presupuestario son los que menos capacidad tienen para generar bienestar o productividad. A pesar de los nuevos nombres, de los discursos de austeridad o eficiencia, el modelo de fondo sigue siendo el mismo: un sistema presupuestario rígido, clientelar y fragmentado que sirve para administrar recursos, no para crear futuro.

En teoría, el presupuesto debería ser el espejo de un país que decide su destino. En la práctica, es el espejo roto de un Estado sin rumbo. La lógica que domina su formulación no es económica ni estratégica, sino política: asegurar votos, financiar redes, sostener inercias y obtener rentas políticas. A lo largo de las décadas no ha habido relación entre el plan de inversión pública y las prioridades de desarrollo; tampoco vínculo entre la ejecución física de los proyectos y sus impactos reales; mucho menos incentivos para premiar la eficiencia ni castigos para el despilfarro. Cada año se cambia el monto, pero nunca el modelo.

El resultado es un Estado cansado, que vive de remiendos y discursos. Un Estado que mide su éxito por la velocidad con que gasta, no por la calidad de sus resultados. Un Estado que necesita endeudarse para mantener su propia inercia, como un corredor exhausto que solo puede seguir en movimiento porque alguien le empuja desde atrás. Lo verdaderamente gastado, entonces, no son los Q163 mil millones del presupuesto 2026, ni la proporción de este que se financie con deuda, ni el déficit proyectado. Lo gastado es el modelo de gestión presupuestaria que Guatemala arrastra desde hace décadas: un modelo que no aprendió a distinguir entre gastar y desarrollar, entre ejecutar y transformar. Un modelo que convierte cada quetzal en rutina, no en oportunidad.

Mientras no exista un sistema de inversión pública moderno, meritocrático y guiado por criterios de rentabilidad social y económica, cualquier presupuesto será solo un ritual contable: el acto anual de gastar sin construir país. Lo urgente no es aprobar más dinero, sino reparar el motor que lo convierte en resultados. Lo demás es solo combustible tirado al viento. Así las cosas, reducir los montos del gasto tampoco ayuda en mucho a mejorar el preocupante estado de cosas, salvo que el malgasto sea menor. Objetivo importante, pero insuficiente.

El problema es que, tal como dijo un congresista estadunidense en los años 90´s: “equilibrar el presupuesto es como querer entrar al cielo: todos lo desean, pero pocos están dispuestos a hacer lo necesario para ganárselo.” En público, muchos se rasgan las vestiduras; en privado, se cuidan los beneficios. Ese es el verdadero déficit: no el que suman los números, sino el que resta la falta de congruencia. El coro es unánime hasta que alguien pregunta quién renunciará a los beneficios asociados con esos abultados presupuestos. La coherencia, al final, se mide por las partidas de gasto que cada quien está dispuesto a perder. Por eso, independiente de lo que diga en público, en lo privado parece que muchos viven según aquel dicho mexicano que reza: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Por eso el debate termina en sermón y nunca llega al examen de conciencia