En la mañana del 9 de octubre de 2025, el mundo despertó con titulares que hablaban de esperanza para Gaza: un alto al fuego (o “cesación de hostilidades”) entre Israel y Hamás, en el marco del plan de paz promovido por Donald Trump. Al anochecer del mismo día el gobierno de Israel aprobó el plan preparando con ello el cese de hostilidades para fines del viernes 10 de octubre. En los primeros análisis incluidos en The Guardian y El País, esa tregua fue recibida con una mezcla de alivio y cautela, más que esperanza. Por su parte, organizaciones de derechos humanos, en particular Amnistía Internacional, han prevenido que, sin un replanteamiento estructural del conflicto, este alto al fuego no pasará de ser un simple respiro efímero antes de nuevas violencias. 

En este texto me propongo sostener que, si este cese de hostilidades no es parte de un camino real hacia el fin de la ocupación, el fin del apartheid y una justicia duradera para Palestina, entonces no es más que un aplazamiento del desastre final. Porque basta mirar los devastadores balances humanos, la destrucción de Gaza y la enorme asimetría de poder en juego para entender que lo que llaman “fase inicial del alto el fuego” no es un punto de llegada, sino una transición peligrosa que puede alentar más conflictos, más guerras y más muerte.

La fase inicial del acuerdo incluye promesas como la liberación de prisioneros palestinos (alrededor de 2,000 personas, incluidos 250 con penas largas) y la entrega paulatina de rehenes israelíes vivos y fallecidos dentro de 72 horas de la entrada en vigor de la tregua. Se establece que las hostilidades se detendrán “dentro de 24 horas” tras la ratificación israelí, y luego vendrá un intercambio humanitario. También se contempla reiniciar el flujo de ayuda humanitaria y una retirada parcial de tropas israelíes de Gaza.

Pero las piezas fundamentales del conflicto (la ocupación militar, el control efectivo de fronteras, el desarme unilateral de Hamás, el derecho al retorno de los desplazados, la justicia y el fin del apartheid institucionalizado) están completamente fuera del alcance de esta primera fase. No se incluye un calendario claro para la desconstrucción de estructuras de control israelíes, ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas frente a crímenes de guerra, ni garantías de no repetición. Y no se menciona para nada lo que Amnistía Internacional ha llamado “la economía política que facilita los crímenes de Israel” que incluye a empresas transnacionales como Lockheed Martin y Palantir. En resumen: se negocia la tregua, no la paz.

Amnistía Internacional ha sido explícita: “un acuerdo de alto el fuego debe utilizarse como un camino hacia el fin de la ocupación ilegal, del apartheid y del genocidio”, pero no como un simple respiro humanitario. En su comunicado, la organización advierte que un alto el fuego sin transformación estructural es insuficiente. En otros términos: no basta con detener el fuego. El fuego debe dejar de estar estructuralmente permitido.

No podemos separar este momento del abismo humano que ya atraviesa Gaza. Más de 67,000 personas han muerto en los dos años de guerra, y la cifra de heridos se estima en torno a 150,000. La infraestructura está arrasada: hospitales, escuelas, viviendas, alcantarillado, redes eléctricas, psicología colectiva y la tierra misma, el medio ambiente y los ecosistemas. Más del 70% de Gaza ha sido arrasada y la gran mayoría de los 2.3 millones de gazatíes han sido desplazados. Además, la hambruna y la desnutrición infantil son catástrofes en desarrollo: más de 54,000 menores de cinco años sufren desnutrición aguda, con cerca de 12,800 casos severos que representan un riesgo de muerte inminente. El hambre y el bloqueo se han convertido en métodos de control y devastación lenta: armas de guerra. El impacto psicológico en toda una generación de palestinos/as es incalculable: niños y jóvenes que han vivido bombardeos, muerte cercana, desplazamientos y hambre repetida. Lo que viene no solo es reconstrucción física, sino una trinchera psicológica que arrastra generaciones. En sus páginas, El País recoge muy bien el sentimiento: “Aquí la esperanza ha sido asesinada demasiadas veces.”

Ante este panorama estremecedor, cualquier tregua que no altere drásticamente la lógica del poder entre ocupante y ocupado tiene riesgo alto de volverse en contra de la propia población palestina: les entrega un espacio para que la maquinaria israelí recupere fuerzas, reorganice estrategias, reconstruya líneas logísticas y mantenga su posición hegemónica en la negociación futura.

El alto al fuego no es un invento nuevo en este conflicto. Trump no es el arquitecto de estas artimañas. Hay casos recientes que muestran con crudeza sus límites. En enero de 2025, Israel y Hamás firmaron un alto el fuego de seis semanas como parte de un plan en tres fases. Pero las violaciones del cese de hostilidades comenzaron casi de inmediato: los informes oficiales palestinos contabilizaron al menos 265 violaciones por parte de Israel durante ese período. Incluso durante ese cese parcial, cientos de muertes ocurrieron, incluidos niños, civiles y militantes. Finalmente, Israel rompió unilateralmente esa tregua el 18 de marzo de 2025 con ataques aéreos sorpresivos que causaron al menos 400 muertes, la mayoría mujeres y niños/as, y provocaron nueva ola de dolor, horror y terror. Esa ruptura no fue un incidente aislado: fue la confirmación de que Israel, con superioridad militar y desvergüenza moral enraizada en la ideología del sionismo, como poder ocupante (y que por ello no tiene el derecho de autodefensa en los territorios ocupados) ve las treguas como pausas operativas antes de retomar la ofensiva.

Si esa historia sirve de advertencia, podemos deducir que no basta firmar un alto al fuego. Lo esencial es que ese instrumento sea vinculado a un cambio de régimen, un quiebre estratégico, no un simple respiro para reorganizarse y seguir matando a conveniencia de Netanyahu y el círculo de sionistas radicales que lo acompañan y quieren colonizar las tierras de Palestina.

Para que este alto al fuego no sea simplemente una manera subliminal de reactivar el conflicto con ventaja para el poder militar dominante, debe incorporar elementos estructurales que modifiquen la lógica de dominación, apartheid y genocidio. Al menos estos puntos son esenciales y están peligrosamente ausentes en lo anunciado hasta ahora:

1. Retirada completa de ocupación militar israelí de Gaza. No basta con “parcial retiro” o “reducir la presencia”. La ocupación debe finalizar en su integridad, con autoridad palestina legítima que recupere el control territorial.
2. Desmantelamiento del régimen del apartheid y control hegemónico. El control exterior de fronteras, el bloqueo marítimo, la imposición de permisos y los puntos de estrangulamiento deben ceder a estructuras multilaterales justas, con supervisión internacional y participación palestina plena.
3. Justicia y rendición de cuentas. Deben establecerse mecanismos independientes e internacionalmente verificables para investigar crímenes de guerra, reparar víctimas y garantizar la no repetición, incluso contra actores estatales israelíes. Las sanciones simbólicas o retóricas no bastan.
4. Derecho al retorno y restitución de bienes. Los desplazados internos y los refugiados exiliados deben tener el derecho de regresar o recibir compensaciones justas. Esto no puede ser condicionado por negocios políticos o económicos, sino reconocido como un derecho fundamental.
5. Reconstrucción con soberanía y control local. La reconstrucción no puede depender solo de donaciones sujetas a condicionalidades externas, ni puede convertirse en un mecanismo de imposición política dirigido por cónsules imperiales como el criminal de guerra Tony Blair. Gaza debe tener control efectivo sobre sus prioridades, su economía, su sistema energético, salud y educación. No debe repetirse nada remotamente similar a la Declaración de Balfour ni al Mandato Británico.
6. Desarme con garantías y no imposición externa unilateral. Si bien el desarme de milicias es un componente usual en treguas, no puede imponerse sin garantías políticas explícitas de participación, seguridad y autonomía para la población civil palestina y los militantes de Hamás.
7. Supervisión internacional fuerte y vinculante. La presencia de misiones internacionales de verificación, sobre todo de las Naciones Unidas, con poder de sanción frente a incumplimientos debe ser parte integral del acuerdo, no un agregado subsidiario. Los militares que Trump se propone enviar a la región para supervisar la implementación no son la solución.

Si la tregua no integra, desde su gestación, estos componentes inseparables, simplemente dejará intactas las raíces del conflicto: la desigualdad, la violencia estructural y la impunidad.

Cuando aceptamos la tregua sin exigir transformación, cedemos el terreno simbólico y material. Quien tiene el poder militar y el apoyo imperial de Estados Unidos (que le ha puesto los cañones apuntados a la cabeza de Hamás) puede decidir cuándo reiniciar las hostilidades. Israel ha mostrado una y otra vez que puede romper treguas cuando convenga para reposicionarse y sin sufrir consecuencia alguna. Una pausa fácilmente otorga tiempo para reabastecerse, reorganizar tropas y corregir tácticas. Si el bloque palestino no logra consolidar estructuras más robustas, la tregua favorecerá nuevamente al más fuerte.

Israel podrá presentarse ante el mundo como “cooperante” en el proceso de paz y liberar prisioneros, permitir ayuda y ceder espacios y pausas altamente militarizados y controlados. Pero ese gesto táctico puede camuflar la continuidad o intensificación de políticas de control territorial, censura, discriminación, desplazamiento coercitivo e incluso más asesinatos y secuestros.

Tal y como está planteada en el presente, el riesgo es que Gaza, devastada y desolada, quede dependiente de asistencia internacional y sujeta a condiciones que perpetúen control indirecto por una o dos generaciones más. Las decisiones de reconstrucción pueden convertirse en apuestas políticas con agendas externas – como la agenda de desarrollar la “Riviera del Medio Oriente”.

El Plan de 20 Puntos de Trump y la tregua oficial permiten “pasar la página” sin sanar heridas profundas, blanquear la destrucción catastrófica de la herencia cultural palestina (universidades, bibliotecas, escuelas, medios periodísticos, centros culturales y religiosos, museos, etc.), soslayar la destrucción medio ambiental de la tierra y los recursos naturales de Gaza, ocultar crímenes de larga data sumados al crimen del genocidio, y mantener el relato dominante que culpabiliza y demoniza a Hamás y al resto del pueblo palestino como responsables colectivos del dolor israelí como si Israel no hubiera infligido violencia estructural, política y militar sobre el pueblo Palestino desde 1948. En muchos casos, los medios occidentales ya han comenzado a enfocar “la paz” como fin de la historia – borrón y cuenta nueva – más que como punto de partida nuevamente condicionado.

Como activistas, periodistas, intelectuales o ciudadanos/as con conciencia política, no podemos limitar nuestra acción a “celebrar la tregua”. Debemos convertir ese momento en presión: en urgencia operativa para definir las reglas de una paz verdadera. Debemos exigir que los gobiernos, la ONU y organizaciones internacionales condicionen su apoyo a que el cese de hostilidades sea irreversible y orientado a desmontar estructuras de ocupación. Debemos apoyar e impulsar misiones independientes imparciales con acceso pleno y sancionador, que monitoreen crímenes de guerra, desplazamientos forzados y bloqueo humanitario. Debemos documentar, difundir, apoyar las voces palestinas dentro y fuera de Gaza, exigiendo que su narrativa no quede subsumida en el “consenso diplomático”. Debemos enfatizar que la paz debe medirse por la reinstalación de la justicia, no solo por la falta de bombas y muertos. Libertades civiles, educación, salud, derecho al retorno, reparación simbólica, y reconstrucción participan de una paz verdadera. En ningún momento debemos aceptar pactos sobre cenizas: cualquier negociación que omita los derechos fundamentales de la población palestina o legitime la impunidad debe ser cuestionada severamente. Recordemos que, en contextos de desigualdad estructural, la neutralidad política tiende a favorecer al ocupante que sostiene el monopolio de la fuerza. Quienes callan ante las desigualdades estructurales arriman agua al molino del silenciamiento y el olvido.

Este alto al fuego tiene la posibilidad de abrir un espacio de respiro real para la población de Gaza, y mejorar condiciones de vida inmediatas. Pero esa oportunidad solo será valiosa si no desviamos la atención del objetivo central: el fin de la ocupación, el fin del apartheid, la justicia, el derecho al retorno y la soberanía palestina. Si no convertimos esta tregua en un nuevo momento de articulación política y de liberación estructural, el resultado será el retorno al statu quo anterior al 2023, pero con Gaza arrasada, con decenas de miles de muertos, con generaciones marcadas por el trauma y el hambre, y con un orden mundial que vuelve a mirar hacia otro lado. Y es justo en ese vacío, en ese desasosiego, donde reaparecerá con más fuerza la violencia, la venganza, la desesperación y la muerte.