Guatemala cruje entre la pólvora y la desfachatez oficial. El cobarde asesinato del exsuperintendente de Administración Tributaria y exfiscal, Juan Francisco Solórzano Foppa, no solo desnudó la sangrienta inseguridad que devora a la ciudadanía; puso al descubierto la podredumbre, la negligencia y la sospechosa torpeza operativamente incrustada en la Policía Nacional Civil (PNC) y en las más altas esferas del Ministerio de Gobernación.

Las anomalías en el procedimiento policial no admiten justificación. La captura de los hermanos Choc Toz constituye un compendio de despropósitos que rozan la complicidad. ¿Cómo explicar que en un primer retén policial los agentes requisaran a los sospechosos y no «notaran» que en una hielera de servicio a domicilio (Pedidos Ya) transportaban nada menos que un fusil de asalto? Tuvo que ser un segundo control, apenas a metros de distancia, el que «mágicamente» encontrara el arma de alto calibre.

Pero el sainete no terminó ahí: ya bajo custodia, a los detenidos les cambiaron la ropa sin razón lógica ni sustento legal. ¿A qué se debe semejante alteración de la escena y de la apariencia de los imputados? Cambiar la vestimenta de un capturado no forma parte de ninguna doctrina policial seria; es una práctica abyecta que altera la cadena de custodia y busca manipular la percepción de los hechos.

A la cadena de errores en el terreno se le suma la pasmosa pasividad en la investigación. En un país con un mínimo de rigor en la seguridad pública, la cúpula policial habría ordenado la suspensión e interrogatorio inmediato de cada uno de los agentes que integraron el primer retén fallido. De igual manera, debió interrogarse de forma urgente al propietario registrado del fusil —arma que presuntamente fue «plantada» o utilizada en el crimen—, considerando que no existía denuncia previa por robo o despojo. No obstante, el silencio y la inacción dominaron el escenario.

La respuesta comunicacional fue igualmente desastrosa. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ofreció intervenciones titubeantes, evidenciando un profundo desconocimiento del caso mientras intentaba aparentar un control que no tenía. En lugar de ofrecer explicaciones inconsistentes que solo alimentan la suspicacia, la dignidad del cargo exigía un mensaje sobrio y contundente: anunciar que los hechos se encontraban bajo investigación rigurosa y garantizar que todo el peso de la ley caería sobre los responsables, sin importar si vestían de uniforme. Esa es una posición que en Comunicación Política se debe mantener casi siempre mientras se obtienen avances de la investigación, con el apoyo de la técnica del Bridge. Al final, 10 días después de estos lamentables hechos, terminó rodando la cabeza del director policiaco y del subdirector de operaciones. Y junto a ellos otros más, entre quienes destaca el jefe de Tránsito de la PNC. Aparentemente y según el ministro Villeda, las destituciones continuarán en algo que el denomina una reestructuración de la fuerza policial, con lo que intenta desvincular las bajas de los hechos violentos, principalmente con el asesinato de Solórzano Foppa.

Esta sucesión de errores no es un hecho aislado, sino la confirmación de la debilidad estructural e institucional de las fuerzas de seguridad públicas. La ciudadanía aún recuerda la estrepitosa evaporación de la llamada Operación Centinela, iniciada con bombos y platillos en Escuintla y trasladada a la zona 18 de la capital para contener las extorsiones y la violencia generada por los pandilleros del Barrio 18. Bastaron unas cuantas semanas para que el plan cayera en el olvido. La fuga de pandilleros quedó impune, la memoria de más de casi una docena de agentes abatidos en cumplimiento del deber fue sepultada por la burocracia, y las promesas de expandir la operación a escala nacional —hechas por los ministros de Gobernación y de la Defensa, así como por el presidente Bernardo Arévalo— terminaron convertidas en retórica vacía.

A este panorama desolador se suma la pérdida de apoyos clave en la lucha contra la impunidad. La partida del grupo Vulcano del FBI, provocada por la flagrante falta de colaboración y las sistemáticas tramas de obstaculización desde el Ministerio Público que encabezó Consuelo Porras, dejó al país aún más expuesto frente al crimen organizado. Mientras las instituciones se enredan en pugnas políticas y negligencias operativas, la violencia avanza sin freno y hiere al corazón de la sociedad civil, aunque Villeda se defiende con cifras y recuerda a la prensa que el número de homicidios se ha reducido y que todo es cuestión de percepciones. Quizás tenga un poco de razón y resulte que somos golpeados por asesinatos más escandalosos por el tipo de ataques que los ocasionan. Primero los ocho asesinatos en Huité, Zacapa, ocasionados por un grupo de asalto cuyo origen sigue sin explicarse adecuadamente y luego el asesinato de Solórzano Foppa.

Hoy, la sombra del amedrentamiento se extiende más allá del asesinato del exfiscal y ex Superintendente de Administración Tributaria. Las recientes amenazas contra el movimiento Poder Ciudadano y, de manera directa, contra su líder Édgar Ortiz —quien abandera la propuesta de reforma al sistema de justicia mediante modificaciones a la Constitución Política de la República— demuestran que el patrón de intimidación busca acallar cualquier intento de institucionalidad y cambio democrático. Pareciera que los responsables de esta ola de terror intentan utilizar la técnica del recurso del miedo que se aplicó en los 70 y 80 y que bien narra en su libro del mismo nombre, el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra.

Guatemala no soporta más discursos vacíos ni explicaciones infantiles ante tragedias de esta magnitud. Cuando la policía falla en lo elemental, cuando las autoridades mienten para cubrir su inoperancia y cuando la justicia se vuelve tuerta ante los podridos hilos del poder, la delincuencia no solo gana terreno: se instala en el Estado.

*Periodista y profesor universitario