Esta quizá sea uno de los esfuerzos institucionales más importantes que ha impulsado el actual gobierno en materia de prevención de la corrupción y paradójicamente, a tres años de este, todavía es poco conocida por buena parte de la ciudadanía. Es una pregunta, que tiene múltiples respuestas.

Su relevancia radica en que intenta cambiar una lógica histórica del Estado guatemalteco pues implica pasar de un sistema que sólo intenta perseguir la corrupción cuando ésta ya ocurrió, a un sistema que busca prevenirla antes de que suceda.

Entonces ¿qué es exactamente la Red de Integridad?

La misma fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo No.149-2024, emitido el 27 de septiembre de 2024.

Dicho acuerdo establece que la Red tiene como objetivo coordinar a las instancias encargadas de temas de probidad dentro de las instituciones del Organismo Ejecutivo, con el objeto de prevenir riesgos de corrupción, fortalecer capacidades institucionales,

detectar irregularidades e intercambiar buenas prácticas.

En esencia se trata de formular propuestas de integridad pública que puedan construir mecanismos de respuesta temprana frente a actos corruptos.

En términos simples, la Red funciona como una especie de sistema de coordinación permanente entre los responsables de transparencia y probidad de los Ministerios, Secretarías, las Gobernaciones y demás dependencias del Ejecutivo.

Esa coordinación general quedó a cargo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC)

Ahora bien, ¿por qué es diferente de otros esfuerzos anticorrupción?

En Guatemala, de forma tradicional, la discusión anticorrupción se ha concentrado en entidades como el Ministerio Público, hace algunos años la propia Cicig y los Tribunales de Justicia.

Sin embargo, la Red de Integridad parte de otro enfoque:

“La corrupción debe impedirse desde la administración pública antes de que se convierta en un caso penal.»

Por eso dicha Red trabaja sobre aspectos que, aunque parezcan inocuos son más relevantes si de construir un verdadero sistema anticorrupción, se trata. Hablamos de Códigos de ética, gestión de riesgos, identificación de conflictos de interés, controles internos, capacitación a los servidores públicos, correctos y viables sistemas de denuncias y en general el fomento a la transparencia institucional.

Es importante mencionar que este enfoque debe y está conectado con los llamados Sistemas de Integridad, desarrollados posteriormente mediante el Acuerdo Gubernativo 210-2024.

Obligado es preguntar ¿qué avances se han reportado?

Aunque todavía todos estos procesos son poco conocidos por ser políticas relativamente nuevas y poco difundidas, existen avances identificables como: a) La reunión permanente de representantes de las instancias de probidad de todo el Ejecutivo.  Para el 2025 se reportaba la participación de encargados titulares y suplentes de 67 instancias de asuntos de probidad, según datos de la CNC.

Este dato es importante porque anteriormente muchas instituciones trabajaban de forma aislada y eso no hace viable la construcción de lazos, de conexiones, de Red; b) Sesiones periódicas de trabajo. La Red ha sostenido reuniones ordinarias constantes donde se comparten experiencias, se construyen lineamientos comunes, se evalúan riesgos y se diseñan planes institucionales de integridad.

En otras palabras, la integridad deja de depender únicamente de la voluntad individual de un funcionario y se vuelve un fenómeno colectivo; c) Formación y profesionalización. La CNC ha impulsado, capacitaciones y talleres especializados, metodologías de monitoreo,

cooperación con varias instituciones internas y extranjeras, así como el desarrollo de la Academia de Ética e Integridad. Todo esto está enfocado a crear y formar servidores públicos con mayores herramientas para identificar riesgos y actos de corrupción; d) La construcción de un Sistema de Integridad. La Red no es un proyecto aislado, por lo tanto, forma parte de una estrategia más amplia que incluye: Sistemas de Integridad institucionales, una Agenda Nacional de Modernización, así como una estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción (2025-2032)

Tiene como primordial objetivo construir una arquitectura estatal anticorrupción que no sólo sea permanente, sino autosostenible.

Pero surge una pregunta ineludible y preocupante: ¿cuál es el riesgo principal que corre esa Red? Y la respuesta es fundamental. Todo lo anterior existe por medio de acuerdos gubernativos y en Guatemala, todo lo que se crea a través de ellos, puede ser reformado, debilitado o incluso eliminado por otro gobierno mediante el mismo mecanismo.

Por lo tanto, el punto más vulnerable del proyecto sería este: el desaparecer.

¿Qué tendría que hacerse para garantizar su sostenibilidad?

Existen varias posibilidades y dentro de los análisis que la autora de estas líneas ha hecho, me dispongo a proponerlas en mi próxima columna de opinión; deseando se encuentre usted, estimado lector, interesado en conocerlas y sobre todo en participar de ellas. La integridad pública no es un tema únicamente de gobierno, es un tema de todos