El gobierno está en un dilema, entre otros muchos. O continúa el subsidio a los combustibles para generar un paliativo o mecanismo temporal de reducción de precios, que en realidad se traduce en un enorme negocio para el oligopolio de las distribuidoras, o deja correr el aumento, a la luz de la tendencia global y no gasta recursos para la concentración de los beneficios en pocas manos.

Si bien la primera de las opciones es la aparentemente viable porque genera alivio temporal en los bolsillos de los ciudadanos, es la más engañosa. Un subsidio, que, ante la falta de controles reales, es un negocio redondo. Por momento implica la reducción de precios, pero nunca puede ser permanente. Quienes en realidad se benefician son los importadores a costa del erario. Ese dilema encarga dos orientaciones en la gestión pública que apuntan en sentidos contrarios, son polos opuestos, y, por tanto, no compatibles (es difícil crear una ecuación que combine orientaciones marcadamente diferentes).

En momentos de precaria gobernabilidad, cerca de la recta final del período, parece conveniente plantear una salida que genere réditos políticos, más cuando para algunos esa lista en corta. ¿Cuál ruta conviene alimentar? ¿La del proyecto político original? Si así fuera, con alta dosis de congruencia programática, implicaría no alimentar los bolsillos de los inescrupulosos negociantes; menos aún cuando el subsidio otorgado meses atrás fue manejado con alta dosis de cuestionamiento (en varios momentos gasolineras manejadas por la tríada de distribuidores registraron precios altos, a pesar que, supuestamente, en ese período, estaba vigente el subsidio).   Implicaría, además, no ceder a los chantajes en donde también tienen metidas las manos algunos partidos políticos, que, al parecer, han manipulado a algunos de los grupos que en días recientes han bloqueado calles y carreteras.

Dos de los ministros han expresado declaraciones que van en sentidos opuestos. Por un lado, el MINFIN ha indicado que el subsidio temporal a los combustibles no tendría continuidad y finalizó el pasado 2 de julio, tras agotarse los fondos del programa. De esa forma, los precios quedan sujetos a la dinámica del mercado internacional. Pero, más recientemente, el encargado superior del MEM abrió la puerta y manifestó que “analiza nuevo subsidio a los combustibles”.

Para ajuste de penas, el Congreso hizo su aparición para generar mayor presión. La Comisión de Finanzas requirió al Ministerio de Energía y Minas las medidas a adoptar “para afrontar los movimientos alcistas” de los combustibles. En medio del pulso creciente, es posible que también intervenga la Corte de Constitucionalidad, y con ello el Ejecutivo colocado contra las cuerdas, con riesgo de ser erosionado, nuevamente. El ambiente electoral previsiblemente incidirá para una salida coyuntural, electorera, generadora de adhesiones, donde el Ejecutivo queda como presa fácil para el desgaste. Pero lo que es aún peor, la tendencia incremental de seguir haciendo festín con los recursos públicos.