Cuando un diputado le falta el respeto a un funcionario público, genera un efecto dominó del cual, probablemente, no se dé cuenta porque en realidad poco le importa. Agrede a los ciudadanos en general; rompe el principio de representación política.

Está visto que los mecanismos de control político, legalmente establecidos (citaciones e interpelaciones), se han quebrantado por completo. Son, en realidad, una burla; una versión trágico-cómica en donde lo grotesco se conjuga con la prepotencia, altanería, patanería y absoluta incompetencia de gran parte de legisladores.

Es evidente que el perfil de los diputados ha ido de más a menos. En décadas anteriores, indistintamente de la línea de pensamiento, formaron parte del Legislativo ciudadanos que, además de cuidar las formas, tenían una mejor noción de para qué se llegaba a formar parte del Congreso con cierto sentido de país. De esa cuenta, las discusiones, la calidad de la legislación, el juego político era marcadamente diferentes y superior al actual. En contraposición, el perfil actual de buena parte de los llamados legisladores dista un mundo de ese pasado. Ahora la generalidad son personas sin formación de Estado; una suerte de asaltantes de los recursos públicos a los que tienen acceso, personas sin principios democráticos que acceden a una curul gracias a una serie de factores, que van desde el financiamiento ilícito, el clientelismo barato, hasta el hostigamiento a los electores; pero, ni de lejos, a representar intereses colectivos.

En un escenario donde reina la mediocridad, los recursos autoritarios salen a relucir con toda fuerza (autoritarismo legislativo). En lugar de argumentos y uso de evidencia formal, salen a relucir recursos absurdos como una llanta pinchada, amenazas de interponer acciones “legales”, mecanismos extorsivos (se deja de molestar a cambio de proyectos, plazas u otras dádivas).

Objetivos, como bloquear la acción de los gobiernos, impedir que las instituciones realicen las funciones que por ley les corresponde, jugar a piedras en el camino, son algunas de las principales consecuencias de contar con un legislativo que, abusando de los controles y equilibrios (checks and balances), se auto asume como suprapoder que está encima y busca la supeditación de los otros dos. Esta constante se ha hecho más evidente durante la X Legislatura, donde sabotear al Ejecutivo es un objetivo cuasi colectivo; aprovechando, además, que este último no cuenta con dispositivos en su defensa y donde, además, con su modelo de privilegiar las formas, y no los recursos políticos, se entrega con facilidad para ser presa fácil del juego antes mencionado.

Esta tendencia no apunta a modificarse (para bien) en los siguientes años, especialmente de cara a los previsibles resultados del proceso electoral 2027; todo lo contrario. Probablemente el perfil de la próxima legislatura sea de calidades similares, e incluso, de mayor degradación que la actual.  Quienes se apunten como candidatos provendrán de esas profundidades que ahora se han generalizado por doquier y que invaden todo el entramado público; más si este ofrece un menú de incentivos, como el Congreso. El único instrumento que podemos usar para paliar esa realidad en aumento es el mejor uso del voto; pero para ello es necesario contar con mejores listados de candidatos. Complicada ecuación.