Hablar del precio de la gasolina, pareciera ser un tema exclusivo de quienes conducen un vehículo. Sin embargo, ¡no lo es!

Cada vez que el precio del combustible aumenta, el impacto comienza en una gasolinera, pero termina llegando, de una u otra manera, al bolsillo de todos los guatemaltecos.

Según información del Ministerio de Energía y Minas -MEM- entre el 7 y el 16 de septiembre, el precio promedio de la gasolina superior, en la modalidad de autoservicio, en el área metropolitana, la gasolina regular pasó de Q40.93 a Q42.58, la superior de Q43.06 a Q44.66 y el diésel registró un incremento aún mayor, de Q46.37 a Q49.36. Todos los precios por galón, mismos que ya son insostenibles para el guatemalteco promedio

Podríamos pues, quedarnos únicamente con esas cifras, pero el verdadero problema emerge detrás de cada quetzal adicional que ahí se acumula, pues es donde se consolida esa cadena de alza de precios mucho más larga.

El combustible moviliza personas, pero también mueve productos. Este hace que un camión se mueva y que a su vez, transporte verduras, por ejemplo, desde el interior del país hacia la capital. Es ahí donde se registra esa elevación de precios, misma que se consolida en una cadena de movimientos que van desde ese vehículo que distribuye alimentos a supermercados, hasta el transporte colectivo, el de la maquinaria, los servicios, etcétera, que forman parte de toda esa actividad productiva que mueve toda una economía.

Por ello, cuando aumenta el costo de movilizar todo aquello, alguien termina absorbiendo ese incremento. Es decir, tarde o temprano, termina llegándonos a nosotros, los ciudadanos consumidores.

Ante esta situación, el Estado ha decidido intervenir, aprobándose en el Congreso de la República el Decreto 21-2026. Este constituye el segundo decreto, que establece un mecanismo temporal para contener el precio del combustible. Este último contempla hasta Q2 mil 500 millones y fija como precios máximos los siguientes: Q39.00 para la gasolina regular, Q39.00 para el diésel y Q41 para la gasolina superior. Todos los precios anteriores serían por galón.

La vigencia de este subsidio está prevista hasta el 31 de diciembre de este año, aunque podría terminar antes, si se agotan los recursos disponibles.

Debe hacerse la aclaración que, al momento de escribir estas líneas, la medida antes mencionada, todavía atraviesa su trámite legislativo, debido a ciertas objeciones planteadas posteriormente.

En este sentido, el presidente Bernardo Arévalo ha solicitado al Congreso de la República, resolverlas y trasladar el Decreto al Organismo Ejecutivo, para proceder a su sanción.

Es aquí donde surge una discusión que no debería evadirse y de hecho lo mencioné hace algunos meses, en un artículo anterior, pues un subsidio puede representar un alivio inmediato para los guatemaltecos, pero finalmente representa un impacto muy fuerte para el futuro del Estado.

Con los precios registrados esta semana, el propio Ejecutivo calcula que el precio máximo contemplado signifique una reducción cercana a Q10.39 por galón de diésel y alrededor de Q3.00 por galón en las gasolinas regular y superior.

Pero esos quetzales no desaparecen por obra y magia del Espíritu Santo. Alguien los tiene que pagar. ¿Quién cree usted que lo hará? Correcto, todos los guatemaltecos.

Esos Q2 mil 500 millones destinados al subsidio provienen de recursos públicos y readecuaciones presupuestarias.

Entre las fuentes contempladas, se encuentran Q1 mil 280 millones vinculados con recursos para devolución de crédito fiscal del IVA y Q.1 mil 20 millones provenientes de recaudaciones presupuestarias, incluyendo Q400 millones del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios.

Esto es precisamente el punto que merece una reflexión mucho más seria y profunda. El subsidio puede ser necesario como respuesta excepcional ante una crisis, pero no debería confundirse una solución temporal con una solución estructural.

Debe tenerse claro, que subsidiar el combustible no elimina nuestra vulnerabilidad frente a los mercados internacionales.

Simplemente amortigua durante un tiempo ese golpe que se produce sobre el consumidor.

Cuando llegue el 31 de diciembre, la pregunta seguirá allí. ¿Qué ocurrirá si los precios internacionales continúan elevados y subiendo?; ¿habrá otro subsidio?; ¿se destinarán nuevamente recursos públicos para contenerlos?; ¿o comenzaremos finalmente a discutir, cómo reducir nuestra exposición ante cada nueva crisis energética?

¿Tendremos otro subsidio?

El verdadero debate debería estar en sus consecuencias y, sobre todo, en preguntarnos por qué volvemos a necesitar medidas extraordinarias para enfrentar problemas que requieren planificación permanente. Aquí cabe una crítica tanto al Ejecutivo como al Congreso: el país necesita que las crisis no nos encuentren siempre de forma reactiva, cuando el problema ya está sobre la mesa.

Como he dicho con anterioridad, hoy se contemplan hasta Q2 mil 500 millones para contener temporalmente el precio de los combustibles y, paradójicamente, Q400 millones provendrían del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios. El alivio inmediato puede sentirse bien, pero también debemos preguntarnos; ¿qué dejamos de construir cuando destinamos recursos para apagar la emergencia?

Pensemos solamente en nuestras carreteras, una de las posibles grandes deudas de este gobierno. Una infraestructura vial adecuada no es un lujo, ni un asunto meramente estético. Este forma parte de la eficiencia económica de un país.

Tenemos carreteras deterioradas, congestionamientos y trayectos innecesariamente lentos, lo cual significa más tiempo de traslado, mayores costos de operación y, dependiendo de las condiciones de circulación, mayor consumo de combustible. Por eso, mientras discutimos cuánto dinero público destinaremos hoy para contener el precio de un galón, también deberíamos discutir cuánto hemos dejado de invertir en las condiciones que permitirían que nuestra economía funcionara con mayor eficiencia.

Ese es quizá el costo menos visible de gobernar permanentemente desde la emergencia. Los recursos utilizados para resolver el problema inmediato tienen un costo de oportunidad.

Guatemala necesita hoy, aliviar el bolsillo de las familias; por supuesto, pero también necesita carreteras, buena infraestructura vial, logística y políticas energéticas que reduzcan su vulnerabilidad. 

Por lo tanto, el subsidio puede ayudarnos a atravesar esta crisis; lo que no debería hacer es sustituir la planificación.

Porque si cada nueva subida de precios internacional nos obliga a sacar miles de millones del presupuesto para contener sus efectos, seguiremos atendiendo las consecuencias, mientras las inversiones capaces de transformar estructuralmente al país continúan esperando.

Por supuesto que aún se trata de una propuesta y no de una medida vigente, sin embargo, es posible que la misma entre en vigencia, por lo que siempre dejaré la misma reflexión: “el subsidio podrá contener temporalmente el precio, pero no puede subsidiar indefinidamente nuestra falta de previsión”.