El petróleo se volvió más caro. Punto. Nadie sabe con exactitud cuándo regresará a los precios anteriores. Nada indica que eso vaya a ocurrir en el corto plazo. Para un país importador eso significa algo desagradable: comprar la misma cantidad de combustible cuesta más. Puede discutirse quién absorberá la pérdida y cómo proteger transitoriamente a quienes más la sufren. Lo que ninguna ley puede hacer es conseguir que la escasez desaparezca. El análisis económico serio exige reconocer que un país pequeño y dependiente de hidrocarburos importados tiene margen limitado para impedir que el impacto afecte a toda la población. Sin embargo, en tiempos de creciente populismo electoral quizá sea útil identificar las propuestas más absurdas, antes que alguien las convierta en iniciativa de ley. Si las malas ideas van a aparecer de todas maneras, conviene entender los riesgos que conllevan.

Primera idea: decretar por ley que los combustibles no pueden subir de precio. Magnífico. Si el problema son los precios, hay que eliminar los precios problemáticos. Además, de paso, habría que limitar el margen de ganancia de las gasolineras e importadores de combustible. Si estos se niegan a seguir operando, debería crearse una  empresa importadora y distribuidora estatal responsable del suministro de la “gasolina y diésel populares”, que compre caro y venda barato. La pérdida quedaría en la empresa y molestaría menos en el presupuesto. Para eso existen los déficits cuasifiscales.

Segunda posibilidad: eliminar todos los impuestos a los combustibles, algo que el Congreso acaba de aprobar.  Quien consume cien galones recibe mucho más beneficio que quien consume dos. Además, la gasolina súper baja más de precio que el diésel. ¡Toda una política social! Si esto no basta, podría agregarse un subsidio universal a todos los combustibles. El costo del subsidio no es problema. La deuda pública evita que el ajuste recaiga en los contribuyentes actuales. Si la deuda resulta cara, siempre queda el banco central: financiar monetariamente el costo del subsidio. Poner la “maquinita” a funcionar. Cuando aparezca inflación, habría que imponer precios tope a la canasta básica. Problema resuelto. ¡Precios bajos garantizados!

Otra posibilidad es crear subsidios sectoriales: combustible barato para transportistas, agricultores, motociclistas, taxistas, autobuseros y cualquier grupo capaz de demostrar que su actividad es esencial. Pronto se descubrirá que todas lo son. Entonces habría que declarar los combustibles “bienes de interés nacional” y crear alguna entidad encargada de determinar cuánto debería costar un galón y cómo repartir los subsidios. Junto con esto, podría crearse un dólar petrolero. Una forma de reducir el precio en quetzales sería subsidiar el tipo de cambio: vender divisas artificialmente baratas a importadores de petróleo e insumos “estratégicos”: fertilizantes, alimentos, medicinas, repuestos para vehículos, etcétera. América Latina tiene experiencia administrando estos zoológicos cambiarios; en Guatemala todavía se recuerda la época del shacashaca cambiario. Si luego escasean los dólares, algo improbable en el corto plazo dados los más de US$30 mil millones en reservas internacionales del Banguat, siempre quedarían las licencias de importación. La misma entidad podría decidir quién merece dólares preferenciales.

Naturalmente, todo esto tendría que acompañarse del combate a los especuladores. Habría que limitar las ganancias “excesivas” mediante impuestos extraordinarios y añadir esa función a la entidad ya creada. También podrían congelarse las tarifas del transporte público y de mercancías. Como algunos transportistas podrían quebrar, habría que otorgar un subsidio por kilómetro, pasajero o kilogramo transportado. Para administrarlo tendrían que crearse registros de unidades, rutas, pasajeros, carga y consumo, contratar fiscalizadores y crear una nueva dirección especializada.  Si aun así el transporte no sale a flote, podrían otorgarse créditos blandos para que las empresas de transporte compren insumos ligados al petróleo. Ante el riesgo de impago, el Estado podría garantizar los préstamos de la banca privada. Incluso, para proteger todavía más a la población, podrían indexarse los salarios al precio de los combustibles. Si eso amenaza el empleo, habría que extender esos créditos a las empresas registradas en el IGSS para que mantengan sus planillas y, por supuesto, a las intensivas en el uso de combustibles. Una función más para el aparato recién creado.

Para coronar esta arquitectura de defensa del pueblo, tendría que crearse la  Superintendencia Nacional para la Defensa del Precio Justo de los Combustibles, integrada por economistas, funcionarios, empresarios, sindicatos, consumidores y representantes sectoriales. Su misión sería determinar por consenso cuánto deberían costar los combustibles. Además, contribuiría a la creación de empleo en medio de una crisis. Respecto de su integración, bastaría escoger funcionarios idóneos, honestos y de reconocida honorabilidad mediante una Comisión de Postulación ad hoc.

Todas estas ocurrencias esconden apenas unos cuantos trucos: impedir que el precio refleje la escasez; conseguir que otro pague; trasladar el costo al futuro; esconderlo en otra institución; y crear burocracia para administrar los problemas generados por todo lo anterior. Curiosamente, entre tantas soluciones nunca aparece una posibilidad mucho más sencilla: reducir algún otro gasto público para financiar las ocurrencias. Eso sería demasiado radical.

La parte menos graciosa de todo esto es que casi nada de lo anterior es producto de la fantasía. Estas políticas ya se ensayaron en otros países y resultaron desastrosas. Reaparecen cada vez que resulta políticamente difícil decir algo sencillo: si el petróleo se volvió más escaso y más caro, alguien tendrá que consumir menos o pagar más. La política puede decidir quién, cuándo y por qué mecanismo. Puede incluso esforzarse por ocultarlo. Lo que todavía no ha conseguido es derogar la escasez.