Durante la crisis poselectoral de 2023, Guatemala fue testigo de uno de los episodios más graves de su historia democrática reciente. El Ministerio Público secuestró cajas electorales, allanó instalaciones del Tribunal Supremo Electoral e intentó sembrar dudas sobre una elección ya celebrada y reconocida por observadores nacionales e internacionales. Esas acciones claramente violatorias de la Constitución dejaron claro que el verdadero objetivo era trastocar la voluntad popular y trasladaron el mensaje que la misma podía ser revisada, reinterpretada o incluso desconocida si producía resultados inconvenientes para determinados grupos de poder. Así el MP se convirtió en el principal peligro y amenaza para la democracia guatemalteca.

Hoy, la elección de rector de la Universidad de San Carlos se ha convertido en otra prueba decisiva para la legitimidad en el país. Estamos hablando de un proceso en el que fueron excluidos cuerpos electorales legítimamente electos que representaban sectores mayoritariamente contrarios a la continuidad de Walter Mazariegos. Los datos disponibles durante el proceso mostraban que la oposición había obtenido la mayoría de los cuerpos electorales. Sin embargo, mediante decisiones administrativas y judiciales ampliamente cuestionadas, a varios de esos cuerpos se les impidió participar en la elección definitiva. Dicho de forma sencilla: quienes habían ganado fueron excluidos antes de votar.

Lo verdaderamente extraordinario es que ni siquiera estamos frente a una situación compleja de interpretar. No se trata de una disputa técnica sobre procedimientos oscuros o normas ambiguas. El problema es mucho más simple. Determinados cuerpos electorales participaron en elecciones válidas, obtuvieron representación legítima y posteriormente fueron excluidos del proceso decisivo. Cuando quienes ganaron son excluidos y quienes promovieron la exclusión terminan imponiendo el resultado, resulta difícil hablar de una elección normal.

Si la voluntad expresada por estudiantes y docentes puede ser alterada después de emitido el voto mediante decisiones administrativas o judiciales, entonces el voto deja de ser un mecanismo de representación y se convierte en una formalidad vacía. No es posible que la discusión se haya desplazado desde el fraude político evidente hacia la búsqueda de argumentos jurídicos que permitan justificarlo. Porque una cosa es resolver controversias constitucionales complejas y otra muy distinta es utilizar la sofisticación jurídica para dar apariencia de legalidad a un resultado construido sobre la exclusión. Cuando quienes ganaron son excluidos y quienes excluyeron terminan ganando, ya no estamos frente a una elección controvertida. Estamos frente a un fraude que aparentemente busca ser legitimado por la máxima corte del país.

Y precisamente por eso resulta imposible ignorar el papel que están desempeñando algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Particularmente preocupante es el caso de la magistrada Rivera. Más allá de cualquier consideración personal, existe un problema evidente de apariencia de imparcialidad. Una magistrada cuya elección proviene precisamente de una universidad cuya legitimidad institucional se encuentra cuestionada debería haber sido especialmente cuidadosa respecto de cualquier posible conflicto de interés. La justicia constitucional no solo debe ser independiente. Debe parecer independiente. Ese principio existe para proteger la confianza pública y garantizar que las decisiones sean percibidas como resultado de la aplicación imparcial del derecho y no de intereses previos.

Y si esa magistrada participa en decisiones que afectan directamente el mismo esquema de poder universitario del cual surge su propia designación, plantea una duda no solamente jurídica. Es también una pregunta ética, institucional y política. La ausencia de una inhibición voluntaria no fortalece la credibilidad de la Corte. La debilita. Porque transmite la impresión de que quienes deberían actuar como árbitros ya no perciben problema alguno en intervenir en asuntos donde la apariencia de conflicto resulta evidente para buena parte de la ciudadanía. Y cuando los árbitros dejan de preocuparse por la apariencia de imparcialidad, la confianza en la justicia comienza a deteriorarse con la misma rapidez con que se deteriora la confianza en los procesos electorales.

Es obvio que se repite un patrón. Primero se cuestiona la representación legítima de determinados actores. Después se construyen argumentos para justificar su exclusión. Finalmente se pide a las instituciones que validen el resultado. Primero fueron las cajas electorales. Ahora son los cuerpos electorales universitarios. La pregunta que enfrenta hoy la Corte de Constitucionalidad es muy simple: ¿está llamada a proteger el derecho de quienes fueron excluidos o a legitimar la exclusión? Porque si una elección puede considerarse válida después de impedir la participación de cuerpos electorales legítimamente electos; si quienes ganaron pueden ser apartados antes de ejercer la representación obtenida; y si la máxima instancia constitucional del país termina otorgando respaldo a ese proceso, el mensaje será devastador para la legalidad y legitimidad de los procesos democráticos.

Durante años la gobernanza mafiosa utilizó al Ministerio Público para fabricar casos, perseguir adversarios y proteger aliados. Hoy pareciera  que la Corte de Constitucionalidad se está convirtiendo en el nuevo refugio institucional de esa misma lógica de poder. Por ello, la CC todavía está a tiempo de demostrar que sigue siendo un tribunal constitucional y no un mecanismo de convalidación política. Pero si decide otorgar legitimidad a una elección construida sobre la exclusión de quienes habían ganado legítimamente su representación, el daño no se limitará a la Universidad de San Carlos. Dejarán constancia que quienes deben defender la legitimidad constitucional, están dispuestos a avalar cualquier ilegalidad, siempre y cuando sea a favor de la gobernanza mafiosa. Porque cuando quienes ganaron son excluidos y quienes excluyeron terminan ganando, el problema ya no es solamente el fraude. El problema es quién decide convertir ese fraude en legal. Y además evidenciarán que la CC ha decidido asumir la estafeta de ser el centro y pivote de la impunidad en el país, con las consecuencias para el futuro de nuestra débil democracia.