Al final de cuentas, no importa quién esté más tiznado si nunca se cocina nada bueno. En los últimos días, el debate sobre la deuda pública se ha centrado en cifras, plazos y tasas de colocación, como si eso bastara para asegurar lo esencial: que el endeudamiento se traduzca en bienestar para el pueblo y mayor empleo y productividad. Se han desplegado argumentos técnicos y fórmulas sofisticadas, como si la ingeniería financiera pudiera, por sí sola, convertir la deuda en desarrollo. Ningún cálculo contable transforma un Estado disfuncional en uno que sirva a su gente. Pasa por alto en este debate que  la deuda pública ha crecido de forma sostenida en Guatemala durante los últimos veinte años, sin que esto haya respondido a  una estrategia nacional de desarrollo financiada al menor costo posible. Antes bien, esto es producto del crecimiento inercial del gasto de funcionamiento y la expansión de gastos casi siempre carentes de una evaluación rigurosa de su efectividad.

Hablar de deuda sin hablar de gasto es, por tanto, un ejercicio incompleto y engañoso. En columnas anteriores se ha advertido que el riesgo fiscal más grave no es el nivel del déficit o la tasa de interés, sino la rigidez de un presupuesto dominado por redes clientelares y un aparato institucional que no logra garantizar el uso eficiente de los recursos. No basta con invocar el mantra de «gastar mejor»; lo que se requiere es revisar de forma crítica el modelo de gasto que la deuda está sosteniendo.

Si se quisiera ir más allá del discurso elegante y abordar la gestión de deuda con el rigor que merece, bastaría con adoptar un principio elemental ya explorado en otros contextos: no confundir la estrategia de portafolio con la estrategia de emisión. En otros países se ha demostrado la importancia de diferenciar entre la estructura óptima de deuda a mediano plazo —evaluada bajo distintos escenarios de riesgo— y el camino concreto de colocaciones requerido para acercarse a dicha estructura.

Pero incluso esta distinción técnica, necesaria para no confundir los medios con los fines, resulta insuficiente si no se conecta con el uso que se hará de los recursos. La deuda no debe analizarse solo como una operación financiera ni siquiera como una decisión intertemporal de política fiscal, sino como una apuesta pública que cobra sentido únicamente cuando está al servicio de un gasto efectivo, evaluado y transparente. Sin esa conexión, se corre el riesgo de optimizar el instrumento y perder de vista el propósito.

Se ha normalizado que todos los gobiernos se endeuden, pero no que los gobiernos rindan cuentas por el uso de esa deuda. Se celebra el acceso a los mercados como si fuera un fin en sí mismo, cuando debiera ser solo un instrumento subordinado a una agenda de reforma del Estado. El problema no está en el financiamiento, sino en el aparato que lo ejecuta. Mientras el gasto responda a lógicas fragmentadas, clientelares o ineficientes, toda deuda corre el riesgo de perderse en el abismo del malgasto. Debe reconocerse que el orden correcto del análisis empieza por el «para qué» del gasto. Si el gasto no es efectivo y de calidad, la deuda solo prolonga una estructura disfuncional. Si el gasto está guiado por el interés público y sujeto a evaluación, la deuda podría jugar un papel distinto. Endeudarse es un acto de confianza en el futuro, pero ese futuro no se define con la tasa de la deuda o con la denominación de la misma, sino con decisiones bien estructuradas y diseñadas que permitan al país mejorar la capacidad futura de repago de la deuda. 

Endeudarse sin propósito claro puede ser más costoso que gastar mal. Porque no solo se comprometen recursos futuros, sino que se confirma la ausencia de dirección. Endeudarse más, teniendo disponibilidades de caja equivale a llenar una cisterna por “aquello de las dudas”, sabiendo bien que, al final de cuentas,  el agua se va a malgastar. Pareciera que no hay estrategia visible, solo la rutina de decisiones que se toman por inercia o por temor. Así, la deuda deja de ser una apuesta por el desarrollo y termina reflejando la dificultad para ordenar el gasto con sentido.

Discutir la justificación de nueva deuda sin evaluar la calidad del gasto que ayudará a financiar es como preocuparse por el peso de una estructura sin atender los cimientos que la sostienen. No hay endeudamiento justificable cuando el gasto que lo respalda es ineficiente o disfuncional. La sostenibilidad real no es financiera: es institucional. Sin una reforma profunda del modelo de gasto, cualquier tipo de endeudamiento es una ficción contable.