Durante bastante tiempo pensé que la Corte de Constitucionalidad se ocupaba de asuntos más o menos aburridos. Sobre todo, de amparos, inconstitucionalidades, conflictos entre poderes, interpretación de la Carta Magna y otras cosas que uno estudia en Ciencia Política para después explicarlas en una cena y conseguir que nadie vuelva a invitarlo.

Resulta que olvidé el cordon bleu.

Hace unos días conocimos que la CC tiene una cocina destinada a preparar alimentos para sus magistrados. Desayunos, almuerzos y un menú bastante organizado: tortitas de res y tilapia; cordon bleu de pollo; salpicón; pasta Alfredo; arroz a la valenciana; fajitas, papas al romero, chiles rellenos. Confieso que he visto —y recientemente visitado— restaurantes con menor capacidad de planificación.

La propia CC informó, mediante solicitudes de acceso a la información citadas por ConCriterio, que su cocina prepara en promedio 18 desayunos y 38 almuerzos semanales para magistrados titulares y suplentes. Y, cuando se requiere, la comida puede prepararse para llevar. Hay, sin embargo, un pequeño detalle deliciosamente guatemalteco. Según esa misma información, no existe una norma específica que regule la entrega de esos.

Tenemos uno de los tribunales encargados de decidir qué puede hacerse conforme a la Constitución, qué no puede hacerse conforme a la Constitución y qué debe dejar de hacerse inmediatamente por contrariar la Constitución; pero, aparentemente, cuando llegamos al almuerzo entramos en una zona jurídica mucho más compleja.

Hans Kelsen no previó el zucchini al ajillo, claro.

Entre 2021 y 2026, una investigación de La Hora encontró Q611,307 en compras específicamente destinadas a abastecer la cocina de los magistrados. Hay que hacer aquí una precisión importante porque las cifras, especialmente cuando vienen acompañadas de camarones, tienden a condimentarse solas. Los casi Q3 millones que también aparecen en la investigación corresponden al gasto general en alimentos y bebidas de la institución durante esos cinco años, incluyendo café, refacciones, actividades y otros servicios; no exclusivamente a los almuerzos de los togados.

La nueva magistratura tampoco eliminó la cocina. Desde que tomó posesión el 14 de abril, los registros revisados por La Hora contabilizaban, hasta la publicación de su investigación, otros Q35,918 en insumos para preparar alimentos para magistrados.

Entonces apareció el número mágico: 59.

ConCriterio publicó que dos fuentes internas aseguraban que la magistrada Dina Ochoa había solicitado 59 platos para llevar a su vivienda. La magistrada lo niega categóricamente. Y aquí conviene detener la cuchara antes de llevársela a la boca. No existe, hasta ahora, una solicitud escrita publicada que demuestre ese pedido. Ochoa sostiene que nunca lo hizo y ha pedido la rectificación de la información. El medio mantiene el relato de sus fuentes, pero reconoce que no existe ese documento.

Así que yo no sé si fueron 59 platos.

Y mientras no aparezca evidencia suficiente, no voy a escribir que fueron 59 platos.

Ni siquiera los necesito.

El 25 de junio, Ochoa dirigió una comunicación a la administración de la Corte preguntando, entre otras cosas, si se había ordenado racionar los alimentos que recibía diariamente. Al referirse a ellos los vinculó con su condición de magistrada titular. La magistrada reconoce la existencia de esa carta y explica que formaba parte de una serie de consultas administrativas y de seguridad.

Y ahí empezó mi problema.

He buscado mentalmente entre los derechos fundamentales que recuerdo y debo reconocer mis limitaciones. Recuerdo la vida, la libertad, la igualdad, la defensa, la propiedad, la libre emisión del pensamiento. Del arroz a la valenciana no guardaba memoria.

Probablemente falté ese día.

No me preocupa que un magistrado almuerce. De hecho, recomiendo ampliamente que lo haga. Resolver problemas constitucionales con hipoglucemia debe ser peligrosísimo. Tampoco creo que debamos exigirles presentarse al pleno con una lonchera de plástico, un Tupperware con pollo de ayer y una servilleta sucia. La dignidad institucional tampoco exige semejante cosa.

Lo curioso está en la facilidad con la que una comodidad administrativa puede adquirir, con los años, apariencia de institución; luego de costumbre; después de prerrogativa y, finalmente, hasta lenguaje de derecho.

Guatemala es extraordinariamente buena para esas metamorfosis.

Algo comienza porque «siempre se ha hecho así». Después nadie recuerda quién lo autorizó. Más tarde aparece una partida presupuestaria. Eventualmente alguien pregunta dónde está la norma y descubrimos que la norma quizá nunca estuvo, pero el salmón sí.

Y, por supuesto, todo está perfectamente registrado en Guatecompras —esa página que Menkos dice no ser Facebook; pero puede ser hasta el nuevo Tinder si alguien se lo propone—.

Podemos carecer de explicación, pero jamás de factura.

El asunto, entonces, no debería reducirse a averiguar cuántos platos fueron a determinada casa. Esa pregunta importa y debe esclarecerse, pero puede terminar distrayéndonos de una más sencilla: ¿cómo funciona exactamente este beneficio, quién lo autorizó, cuáles son sus límites y con qué criterio se considera parte ordinaria del funcionamiento de una magistratura?

No tengo respuesta.

Aparentemente tampoco hay todavía una receta jurídica que la explique.

Mientras tanto, la Corte continuará haciendo lo que una Corte de Constitucionalidad debe hacer: interpretar la Constitución, proteger su supremacía y resolver algunos de los asuntos jurídicos más importantes del país.

Y, alrededor del mediodía, supongo, decidir si corresponde carne picada con verduras o pasta Alfredo.

Algunas cuestiones admiten apelación.

El menú, por lo visto, cambia cada semana.