Estados Unidos acelera sus ventas de armamento mientras Guatemala intenta combatir
a organizaciones criminales que también se abastecen del desvío y del tráfico de armas.
La fotografía de Bernardo Arévalo sosteniendo uno de los nuevos fusiles M4 ha
llamado la atención en redes. En este caso sostuvo un fusil comprado a Estados Unidos,
no como presidentes anteriores que se pavoneaban vestidos de uniforme y recordaban su
programa parodia hacia los militares. Yo creo que la imagen resulta interesante por lo
que representa. Guatemala acaba de comprar a Estados Unidos 2,699 fusiles M4A1,
59 ametralladoras M240, 57 lanzagranadas y más de 11 mil cargadores por
US$5.03 millones. El discurso, además del negocio por supuesto, es modernizar al
Ejército y dotarlo de mejores capacidades para combatir al narcotráfico y al crimen
organizado.
Indudablemente, Estados Unidos pretende que sus socios tengan mejores armas para
enfrentar a las estructuras criminales, pero, por otra parte, inunda sin mucho control el
mercado de las armas en Guatemala. Una parte importante de las armas decomisadas a
civiles en el país tiene origen estadounidense. Entre 2020 y 2025, Guatemala remitió
14 mil 729 armas a la ATF (la agencia federal estadounidense encargada de investigar y
rastrear armas de fuego) para determinar su procedencia; y algo más del 38 por ciento habían
sido fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente a ese país.

Esta proporción se ha mantenido durante seis años, moviéndose aproximadamente entre el
36 por ciento y 40 por ciento. La propia ATF advierte que esas armas no representan una muestra de todas las armas utilizadas por el crimen en Guatemala y que un arma enviada para
rastreo no necesariamente estuvo involucrada en un delito. Pero Guatemala es el país de
Centroamérica que envía más armas para su análisis, lo cual lleva a la deducción que
el más de la tercera parte de armas que han sido decomisadas provienen del
mercado de Estados Unidos.
Otro dato interesante del reporte de ATF en 2025 es que de las 1 mil 184 armas clasificadas
como de origen estadounidense, solamente 104 (8.7 por ciento) pudieron ser rastreadas hasta un
comprador minorista en Estados Unidos. En cambio, casi el 70 por ciento habían sido
transferidas originalmente por un vendedor estadounidense a un gobierno, una
policía, un comerciante o alguna otra entidad extranjera.

Eso no significa que esas 821 armas hayan sido desviadas ilegalmente ni que terminaran necesariamente enmanos del narcotráfico. Pero si plantea que esas armas provienen de ventas grandes y no necesariamente del tráfico hormiga, es decir el que compra una pistola en Texas
y la esconde en un vehículo que viaja hacia el sur, a través de la frontera terrestre.

La propia GAO, la institución que fiscaliza al Gobierno estadounidense, ha colocado a
Guatemala entre los países considerados de alto riesgo de desvío o uso indebido. Y
a pesar de reconocer ese riesgo, el valor de las exportaciones estadounidenses de
armas no automáticas y semiautomáticas hacia Guatemala pasó de US$10.6
millones en 2017-2019 a US$22.9 millones en 2021-2023. Un aumento del 116 por ciento.
Ese crecimiento tampoco ocurre al margen de la política actual de Washington. La
administración Trump aprobó en febrero su America First Arms Transfer Strategy, que
presenta las ventas de armas como instrumento de política exterior y, de manera
muy explícita, como mecanismo para ampliar la producción estadounidense, fortalecer su industria de defensa y acelerar las ventas a socios y aliados.

Los derechos humanos, que hace casi cincuenta años fueron determinantes en la ruptura de
la relación militar con Guatemala, no figuran entre los objetivos centrales enumerados
en esa nueva estrategia, aunque continúan existiendo obligaciones legales y
mecanismos de control de usuario final.
La comparación histórica resulta inevitable. En 1977, durante el gobierno de Kjell
Laugerud, Guatemala rechazó asistencia militar condicionada a la política de derechos
humanos de Jimmy Carter y el Congreso estadounidense impuso restricciones a las
ventas militares. Durante años, hablar de armas estadounidenses para Guatemala
significó hablar inevitablemente de derechos humanos. En 2026 la conversación
parece haberse desplazado: Washington quiere vender más y Guatemala quiere
comprar más.
Pero el análisis del riesgo de desvío de armamento en manos militares y la aparente
debilidad de su control de arsenales, no ha disminuido. En 2007 fueron sustraídos
554 fusiles Galil de Mariscal Zavala que debían ser destruidos; una investigación de la
CICIG determinó posteriormente que buena parte habría terminado en poder de los
Zetas y otros grupos criminales. En 2009 desaparecieron otros 40 fusiles y 45 armas
cortas de una instalación militar. Los casos siguieron con municiones, granadas y otros
faltantes.

En 2025, del Comando Aéreo del Norte en Petén fueron sustraídos, según
informó el propio viceministro de Defensa, 70 fusiles, tres lanzagranadas y alrededor de
14 mil municiones. Las cámaras de vigilancia del almacén estaban dañadas y las propias
autoridades reconocieron que los controles de seguridad habían sido vulnerados.
Ahí es donde la fotografía presidencial pasa a ser un compromiso. No porque sea
llamativo que Arévalo sostenga un M4, sino porque cada fusil recién comprado
debería venir acompañado de una preocupación mucho menos fotogénica: saber
dónde estará dentro de cinco, diez o veinte años.

Durante demasiado tiempo hemos pensado que el control de armas es un problema que comienza cuando el arma se vuelve ilegal. En realidad, el desvío empieza precisamente en la frontera entre el mercado legal y el ilegal. Una pistola puede haber sido fabricada legalmente, exportada
legalmente, importada legalmente y registrada legalmente, y aun así terminar
después robada, revendida, desviada de un arsenal o en manos de una estructura
criminal. Por eso la trazabilidad no puede terminar en la aduana ni en la entrega al
usuario autorizado.
También hay que señalar una contradicción estadounidense. Washington puede tener
razones legítimas para fortalecer a los Estados que enfrentan organizaciones criminales
transnacionales y, al mismo tiempo, interés económico en ampliar sus exportaciones de
armas. Pero cuanto mayor sea ese mercado, mayor debería ser también la
obligación de controlar el destino final, investigar desvíos y cooperar para
recuperar armas que salen del circuito legal, así como fortalecer el control estatal.
Guatemala tiene exactamente la misma responsabilidad. Pedir más armas para
combatir al narcotráfico exige demostrar que somos capaces de custodiar las que ya
tenemos, mantener inventarios confiables, rastrear cada número de serie e investigar
seriamente cada faltante. El narcotráfico no fabrica la mayoría de las armas con las
que ejerce su poder. Alguien las fabrica, alguien las vende y alguien las compra
legalmente antes de que, en algún punto de la cadena, algunas cambien de manos.
Si queremos hablar seriamente de combatir al crimen organizado, ordenar ese recorrido
debería preocuparnos tanto como celebrar la llegada de los próximos fusiles.