Cualquiera hubiera pensado que la comunidad sancarlista, conformada por más de 200 mil personas, jamás hubiera permitido un segundo fraude y la entronización, podríamos decir, casi permanente, de las mafias en la administración de la única universidad pública de Guatemala.

Las claves principales para entender el segundo fraude del usurpador, van más allá de lo coyuntural y situacional, son de carácter histórico-estructural y sistémico. Se puede hablar de una combinación compleja de estructura institucional, control de poder, desmovilización y otros factores internos y externos.

La USAC siempre fue un botín añorado, no solo por los operadores mafiosos del momento, sino por factores de poder tradicionales como el ejército, las élites ultraconservadoras, el narco y un conjunto de traidores que la minaron desde dentro, en contubernio con funcionarios de gobierno, politiqueros y agentes de un grupo de universidades privadas que vieron en la crisis de la USAC en el siglo XXI, una fuente de captación de estudiantes (activos y con cierre de pensum) así como “profesionales”. El sistema de infiltración y dominio dificultó la acción colectiva, sea por amenazas, violencia efectiva, cooptación, clientelismo, patrimonialismo y otras formas perversas.

La USAC cuenta con una estructura electoral corporativa y no democrática directa. Las elecciones se dan mediante un Cuerpo Electoral Universitario (CEU), un órgano reducido y fácil de cooptar, integrado por representantes estudiantiles, docentes y profesionales de los colegios gremiales. Lo anterior genera un sistema de representación indirecta y corporativa (por sectores) en la que grupos organizados minoritarios pueden controlar los cuerpos electorales si logran inscribir planillas y excluir opositores. Tanto en 2022 y 2026 se denunciaron exclusiones de planillas, cuerpos electorales incompletos o impugnados, y control del Consejo Superior Universitario (CSU) sin perjuicio de la violencia ejercida de variadas formas.

La masa estudiantil es, en su mayoría, pasiva, teniendo una influencia muy limitada. El poder real descansa en redes ilegales donde participan docentes, empleados administrativos, así como alianzas espurias que dominan los gobiernos facultativos y los procesos burocráticos. Por otra parte, las mafias actuales capitalizaron la experiencia mafiosa de sus pares anteriores y lograron consolidar un control clientelar y burocrático de todo el aparato sancarlista a nivel nacional. Al inicio, la distribución de recursos: contratos, plazas, presupuestos, beneficios y prebendas de todo tipo, a quienes mostraban lealtad a sus gestiones, fue el mecanismo principal; luego vendrían regalías mayores, gracias a un grueso presupuesto, muy codiciado, de varios miles de millones de quetzales anuales.

Otro elemento que coadyuvó a la crisis actual es la participación y control en órganos de gobierno, contando con un Consejo Superior Universitario (CSU) con miembros con períodos vencidos, decanos afines y mecanismo diversos de control administrativo. Sumemos a esto, la complejidad legal y burocrática de los procesos electorales (reglamentos internos, amparos) lo cual hace que sea difícil seguir y movilizarse masivamente.

La autonomía universitaria, lograda con tanto esfuerzo, se manipuló y tergiversó y ahora se invoca para resistir supervisiones externas (judiciales o de Contraloría), convirtiéndola en un escudo para la concentración de poder.  Por supuesto que, cuando les conviene a las mafias, esa misma autonomía es violada a su antojo.La impronta del clientelismo sirvió para crear dependencia económica (pérdida de empleo, becas, oportunidades) entre muchos docentes y trabajadores; así como miedo a represalias diversas.

Otro factor que afecta es la movilidad estudiantil, pues obviamente, los estudiantes no son permanentes, y una vez terminan su carrera, se retiran, lo que reduce fuerza en la oposición. A esto se aúna, el abandono de la formación política, así como la desmovilización y fragmentación de la oposición, muchas veces víctima del oportunismo y el espíritu electorero. Agreguemos a lo anterior, que la mayoría de la comunidad sancarlista está enfocada en los estudios, el trabajo y/o la propia sobrevivencia diaria.

El enfoque legal que respetó la oposición se enfrentó a todo un aparato judicial, político y administrativo al servicio de los de siempre. La Corte de Constitucionalidad, la Contraloría de Cuentas, el MINGOB, el MP y el Organismo Judicial, además de cooptados, se aliaron en muchos casos, a la alianza criminal de la que Mazariegos es la putrefacta punta del iceberg.

Las movilizaciones (tomas, protestas) ocurrieron, pero con participación raquítica y no lograron revertir el control de los órganos internos. Los sectores beneficiados con el clientelismo o la natural y sempiterna apatía social, contribuyeron a consolidar la entronización del usurpador. La dinámica política interna de la Universidad de San Carlos siempre la dominan activistas minoritarios y estructuras históricamente enraizadas y que fortalecen la impunidad sistémica de los poderes fácticos.

El escenario inducido, culminó con un deterioro académico muy pronunciado y con el cierre del campus central por varios periodos previos que erosionaron legitimidad, pero que no pudieron generar suficiente presión unificada.

El diseño institucional favorece a quien controla los mecanismos internos y externos de poder. Mientras tanto, la oposición resiste, sola, enfrentando barreras superiores en coordinación, recursos, respuesta judicial y un clientelismo que reproduce la corrupción y la hace dominante.

El estado actual ya llegó a un punto crítico en el que ya no bastan las reformas al estatuto universitario o mayor presión de la debilitada oposición. Se agotaron las formas, se debe pensar fuera de la caja y asumir respuestas fácticas radicales.

Historiador y analista político