La semana pasada se llevó a cabo la captura de Melvin Quijivix, expresidente del Consejo Directivo del INDE, misma que reflejó cierto éxito, pero también grandes reservas.

Su aprehensión representa una parte de todo un entramado de corrupción y abusos de poder, que arrastra meses y años de silencios envueltos en complicidades, retardos en la justicia injustificados y una intención bastante clara y perceptible de pretender confundir a la población, desviando así la atención sobre lo que verdaderamente está en juego.

Lo bueno, es que cada vez más guatemaltecos tienen claro el panorama y saben quienes son los que ejercen el poder sin limitaciones y siguen haciendo de las suyas.

Es importante recordar, que este caso no surge en 2025, ni comenzó con las acciones recientes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). El mismo tiene raíces mucho más profundas, específicamente unas que nacen desde la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), cuando ésta aún estaba bajo la sombra del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

Según información y la existencia de pruebas fehacientes, fue en esta última institución, en donde se creó una plaza fantasma para Melvin Quijivix, llevándose a cabo una supuesta contratación que no tuvo mayor justificación técnica y que en principio fue rechazada por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), por ser improcedente. Sin embargo, se dice que la misma fue reestructurada para que Quijivix pudiese optar a este puesto, al cual no se presentaba, ni contaba con un espacio físico para el desempeño de sus labores, pero el cual le permitió ser el trampolín perfecto para representar a SEGEPLAN en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), situación que sí le estaba prohibido en su contratación y aun así fue nombrado directivo y llegó incluso, a la presidencia.

Todo esto fue explicado por el actual Secretario de Segeplan; Carlos Mendoza, en una conferencia de prensa a finales del año pasado, haciendo públicos los hallazgos de este anómalo contrato, el cual, según las actuales autoridades de dicha entidad, tenía como objetivo muy claro: catapultar al señor Quijivix, al cargo de presidente del Consejo Directivo del INDE, como parte de una estrategia articulada desde el Ejecutivo anterior, para la comisión de actos ilícitos, que beneficiaran y enriquecieran fraudulentamente a varios sujetos implicados.

Mendoza ha sido enfático en corregir las declaraciones presentadas por el fiscal Rafael Curruchiche, manifestando que desde esa secretaría no se interpuso una querella, como lo hizo ver este último, aclarando que lo que sí existió, fue una denuncia, respecto al hallazgo de esa plaza fantasma en esta entidad.

Con ello, el secretario de SEGEPLAN explica cómo esta fiscalía pretende tergiversar la información y así justificar la tardanza en esa aprehensión, imputándole a dicha entidad, la no entrega de información sobre la contratación del señor Quijivix.

Lo anterior se constituye en una acusación contradictoria, considerando que fue precisamente esta administración la que denunció irregularidades heredadas, pues la captura del imputado es por lavado de dinero y actos anómalos y no por el caso de la plaza fantasma.

Ante tanta contradicción discursiva, la ciudadanía no puede darse el lujo de permitir tanta confusión y tener claro que todo este caso debe ser investigado tanto por esa plaza fantasma denunciada por Segeplan como por los demás delitos que provocaron la captura actual, como el lavado de dinero, contratos amañados y manejo anómalo de recursos públicos dentro del INDE.

Queda claro que estamos ante una red de corrupción que se organizó en el pasado, para operar con impunidad, gracias al blindaje político del gobierno anterior. Por lo tanto, se hace evidente que la tardanza en esta aprehensión no pudo ser por la causa que se le imputa a Segeplan por lo que se le pide al ente investigador hacer un análisis profundo, investigar este caso sin más demora y llamar a las cosas por su nombre.

Bajo esta premisa, no basta con capturar únicamente al señor Quijivix, debiéndose proceder también en contra de quienes ordenaron su nombramiento en Segeplan, de quienes facilitaron su ascenso y a quiénes respondía políticamente.

Este no es un caso aislado, ni un accidente burocrático: es el resultado de un sistema diseñado para colocar personas leales, pero no por sus loables méritos, sino por conveniencia y corrupción.

Queda claro que esa plaza fantasma fue la entrada a un entramado mayor de saqueo institucional.

En conclusión, la ciudadanía que busca justicia y actúa con honestidad pide una investigación que no busque tantas excusas o se dedique a confundir los hechos y a distraer con tecnicismos los procedimientos, enfocando mejor sus esfuerzos en profundizar en esta investigación, sin importar nombres ni cargos.

Urge actuar apegados a la ley, para así romper con esa cultura de impunidad, la cual no permite procesar también a los autores intelectuales de casos como estos, personajes que siguen libres y son los verdaderos titiriteros del poder.

Este país necesita respuestas claras, procesos transparentes, sentencias firmes y por sobre todas las cosas, la recuperación del dinero robado.

A la ciudadanía guatemalteca, no le basta ver capturas. Ésta se merece saber la verdad, cuánto se le ha robado, en dónde está ese dinero y quién más participó en esa estructura, para así terminar con ella.

La justicia no puede limitarse a encarcelar una figura visible, mientras se absuelve, por omisión o complicidad a toda una red.