El Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras se ha caracterizado por moldear coyunturas a su conveniencia, fabricando narrativas que buscan posicionarlo como una institución eficaz, cuando en la realidad no hace más que profundizar la impunidad y mantener bajo control las instituciones de justicia. Esa práctica de manipular el contexto no es nueva, pero en cada intento queda más expuesta la distancia entre la propaganda y los hechos.

Un ejemplo claro se dio hace más de un año, cuando en plena campaña electoral en Estados Unidos el MP intentó ganar atención internacional utilizando un tema sumamente sensible: el tráfico de menores. La fiscalía, junto a sus lobistas y aliados, comenzó a difundir que se encontraban en marcha “poderosas investigaciones” sobre redes que trasladaban niños hacia EE. UU. En el proceso no dudaron en enlodar el nombre de organizaciones como Save the Children, inventaron expedientes y montaron allanamientos que en realidad fueron actos teatrales para dar la impresión de eficacia. Todo aquello no fue más que un espectáculo calculado para colocarse en la agenda política estadounidense y congraciarse con sectores de poder, aun cuando los resultados para Guatemala fueron nulos.

Hoy la estrategia se repite, pero con un nuevo insumo: el narcotráfico. La fiscal general estadounidense, en una entrevista con un medio de su país, mencionó a Guatemala como uno de los países puente en el tráfico de drogas, vinculado a operaciones lideradas desde Venezuela. Esas palabras fueron tomadas inmediatamente por el MP de Consuelo Porras, no para impulsar investigaciones serias ni para reconocer las fallas que durante siete años han impedido golpear estructuras locales del narcotráfico, sino para atacar al gobierno actual y tratar de presentarlo como cómplice de los carteles internacionales.

El oportunismo es evidente. El MP presume como un logro la cantidad de extradiciones requeridas por EE. UU., intentando venderlas como muestra de combate al narcotráfico. Pero en el terreno interno los hechos son incontestables: en más de siete años de gestión no se ha desarticulado una sola red de narcotráfico dentro del país, ni se han expuesto golpes estratégicos que debiliten a estas estructuras. La dependencia absoluta de las solicitudes de extradición, sumada a los hallazgos en flagrancia de cargamentos por parte de la PNC, revela que la médula de su trabajo investigativo, la que debería atender las estructuras domésticas, está completamente vacía.

Para dar fuerza a su discurso reciente, Consuelo Porras recurrió incluso a una entrevista a modo en un canal regional de la cadena Fox. La puesta en escena terminó siendo contraproducente: lejos de proyectar liderazgo, dejó en evidencia que ni siquiera ante preguntas previsibles fue capaz de dar respuestas mínimamente articuladas. El formato protegido, diseñado para lucirse, terminó mostrando su precariedad: ni improvisar un guion controlado estuvo en condiciones de hacer.

Así como en el pasado intentaron ensuciar el nombre de operadores de justicia (los que hoy sufren la cárcel arbitraria o sufrimos el exilio), ahora manipulan las coyunturas internacionales para atacar a sus adversarios políticos y encubrir sus propias carencias. Cada maniobra responde a una lógica de supervivencia política, no a la búsqueda de justicia.

Lo que queda claro es que el Ministerio Público de Consuelo Porras no ha dado resultados tangibles para la ciudadanía. Su función real ha sido sostener una fachada propagandística para encubrir su colusión con la impunidad y su sometimiento a intereses políticos. Las narrativas convenencieras que promueve, ya sea usando el tráfico de menores, el narcotráfico o entrevistas complacientes en medios internacionales, no hacen más que confirmar que su lucha no es contra el crimen, sino contra la verdad y la justicia.