La política de la administración Trump hacia Centroamérica tiene una lógica dual que se ha ido haciendo más visible con el tiempo. En la superficie, los ejes declarados son la migración, el narcotráfico y la contención de China. Guatemala, por ejemplo, ha sido descrita por analistas conservadores como un pivote estratégico: puente geográfico entre Norteamérica y el resto de la región, con infraestructura portuaria en ambos océanos y una disposición mayor a cooperar con Washington en comparación con Honduras o Nicaragua. Este es el marco «oficial».

Pero el documento de Diario Red, el análisis editorial del Hondurasgate, sugiere una capa mucho más oscura. La filtración de audios de WhatsApp, Signal y Telegram, fechados entre enero y abril de 2026, destapa una operación transnacional aparentemente dirigida por Estados Unidos e Israel, cuyo operador regional en Honduras y en varios países de América Latina sería Juan Orlando Hernández (JOH). Si los audios son auténticos, y Hondurasgate publicó un análisis forense con el programa Phonexia Voice Inspector para acreditarlo, lo que emerge es una estrategia de injerencia directa que va mucho más allá de la diplomacia de presión.

En esos audios, Hernández reconocería que el dinero de su indulto “salió de una junta de rabinos” y que Netanyahu tuvo “todo que ver” con su salida de la cárcel. El panorama que pintan los audios es el de una red transnacional dentro de la cual, a cambio del indulto y del apoyo para volver al poder, el gobierno de Honduras entregaría a EEUU la ampliación de las ZEDES en Roatán y Comayagua, facilitaría la construcción de una nueva base militar, construiría un canal interoceánico para General Electric, promulgaría una ley de Inteligencia Artificial a medida de empresas norteamericanas y construiría un Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tegucigalpa, inspirado en las cárceles de Bukele.

Trump intervino abiertamente en las elecciones hondureñas de noviembre de 2025, respaldando al candidato ultraconservador y títere de JOH, Nasry Asfura del Partido Nacional, e incluso anunció el indulto de JOH en las 48 horas previas a la votación. Esto ya era conocido. Lo que los audios añaden es que Asfura sería, según esa narrativa, un presidente de transición para preparar el regreso de JOH al poder.

La dimensión regional de la operación también se extiende hacia el sur pues los audios hablan de la creación, con dinero público hondureño y aportes del gobierno de Milei, de una célula informativa montada en Estados Unidos para “golpear mediáticamente” a Gustavo Petro en Colombia, a Claudia Sheinbaum en México y a la familia Zelaya en Honduras, como parte de un frente continental contra los gobiernos progresistas.

Guatemala: el tablero preelectoral de 2026 como campo de batalla para 2027

Guatemala no aparece en los audios del Hondurasgate de forma directa, pero el patrón que describen – captura institucional, lawfare, entreguismo y reconfiguración de bloques de poder – es casi idéntico al que se está desarrollando en el país de cara al proceso electoral de 2027. El año 2026 es, en esencia, el año en que se define quién controla las reglas del juego político en el país.

Las “elecciones de segundo grado” como batalla de posiciones

En 2026, en Guatemala se han estado eligiendo a quienes deben ocupar los llamados “cargos de segundo grado”: magistrados del TSE, magistraturas para la CC, el cargo de Fiscal General y Jefe del MP, y el cargo de Contralor General de Cuentas.

La selección de los magistrados del TSE para el período 2026-2032 fue la primera de las tres grandes batallas institucionales del año. Los diferentes bloques del Congreso alcanzaron consensos en un contexto menos tenso que el experimentado durante la designación de los magistrados de la CC. Como la ley exige al menos 107 votos (mayoría calificada), fue necesario acordar una distribución equitativa, tratando de seleccionar los perfiles menos controversiales. Fue así como quedaron fuera los candidatos con más tachas, tanto en las magistraturas titulares como en las suplentes. Sin embargo, el resultado no fue del todo limpio: queda cierta insatisfacción por la elección de Roberto Morales Gómez, magistrado titular de la Corte de Apelaciones, quien apoyó el amparo provisional que impidió la participación de los profesionales de las ciencias afines en la asamblea del Colegio de Abogados donde designaron magistrados de la CC. El análisis de Movimiento Pro Justicia documenta las trayectorias de cada magistrado titular y suplente electo, y su conclusión general es que este fue el proceso menos capturado de los tres.

Las cosas fueron diferentes conla nueva CC para el período 2026-2031 que asumió funciones el 14 de abril de 2026 y es, vista con cuidado, la designación más problemática y consecuente del ciclo. La integración del tribunal debe entenderse como una arquitectura cuidadosamente ensamblada para restaurar el control político. Primero, para limitar el margen de acción del gobierno de Arévalo en lo que resta de su mandato; y segundo, para asegurar un tribunal afín al bloque conservador de cara a las elecciones de 2027.

Las designaciones clave cuentan una historia clara. El Congreso reeligió a Roberto Molina Barreto, figura de continuidad del bloque conservador. La Corte Suprema de Justicia mantuvo a Dina Ochoa quien, al igual que Porras, enfrenta acusación de plagio en su trabajo académico. Y Walter Mazariegos y su CSU colocaron a Julia Rivera dentro de la CC, una persona sin la experiencia para ese puesto, con documentos cuestionados y con la más mediocre formación académica posible, incluso por debajo del plagio, del Bloque conservador. Aunque el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) designó a Astrid Lemus y el Ejecutivo a Gladys Morfín como sus representantes, también lo hicieron en medio de litigios sobre quiénes podían participar o cuestionamientos sobre independencia (la cercanía de Morfín al sector empresarial es un dato importante). El resultado neto es una CC con mayoría conservadora consolidada, aunque con mayoría femenina en términos numéricos entre titulares y suplentes.

La consecuencia práctica es determinante. Es muy posible que el caso del fraude en la USAC terminará siendo resuelto en última instancia por la Corte de Constitucionalidad, la misma que también deberá arbitrar los conflictos electorales de 2027. Ahora veremos el valor de Julia Rivera, Dina Ochoa y Molina Barreto, no solo para Mazariegos, sino para la misma continuidad del Pacto de Corruptos y el proyector restaurador. Porque controlar la CC significa controlar el marco jurídico dentro del cual se desarrollará la próxima disputa política nacional, incluyendo la interpretación de la legislación electoral, la resolución de disputas entre instituciones del Estado, la protección o bloqueo de investigaciones judiciales y la definición de los límites del poder presidencial.

El cargo de segundo grado quizás el menos visible públicamente, pero de enorme importancia estructural, es la Contraloría General de Cuentas. Frank Helmuth Bode Fuentes ha liderado la institución desde noviembre de 2022, y su período 2022-2026 está por concluir. A partir de mayo de 2026, el Congreso debe convocar a una Comisión de Postulación para elegir al próximo Contralor. La Contraloría tiene una función que el año electoral vuelve directamente política. El finiquito que emite es requisito legal para aspirar a cargos públicos incluyendo la rectoría de la USAC, como ha quedado evidenciado en los amparos contra Mazariegos. Sin un órgano de control independiente y sin garantías de que el finiquito no sea utilizado como arma de exclusión, no hay competencia electoral genuina ni Estado de derecho sostenible. Quién controle la Contraloría podrá, en la práctica, habilitar o bloquear candidaturas mediante ese mecanismo. Esta batalla de posiciones, que apenas empieza, cerrará el cuadro institucional previo a 2027.

La salida de Porras y el nuevo Fiscal General

Esta es la noticia más importante de los últimos días para Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo designó el 5 de mayo a Gabriel Estuardo García Luna como el próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público, quien asumirá sus funciones a partir del próximo 17 de mayo en sustitución de Consuelo Porras.

La salida de Porras es significativa porque durante sus ocho años en el cargo fue el eje articulador del Pacto de Corruptos en el plano judicial. Su gestión estuvo marcada por sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que la señalaron de socavar la democracia al intentar derribar los resultados electorales de 2023 y también bajo acusaciones de corrupción en casos de alto impacto. Su salida del cargo se produce tras completar dos períodos consecutivos caracterizados por una estrategia de justicia arrasada y guerra jurídica contra los enemigos del Pacto de Corruptos. El proceso de nuevo fiscal tampoco estuvo exento de irregularidades pues, contra toda opinión experta, la Comisión de Postulación le aplicó a Porras la nota más alta de todos los aspirantes, incluso cuando se le impugnó su candidatura por señalamientos contundentes de plagiar su tesis doctoral.

Hay cautela justificada respecto al nuevo fiscal. Para el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, el fin del mandato de Porras plantea la posibilidad de que “se cierre uno de los ciclos más oscuros para la justicia guatemalteca”, pero advierte que “no basta cambiar nombres en el Ministerio Público: Guatemala necesita una reforma profunda que garantice independencia, carrera fiscal, controles reales y el fin de la utilización política de la justicia”. Para el presente autor, García Luna representa el retorno a la “mediocridad funcional”, mejor que Porras, pero lejos de esa transformación profunda que requiere el MP. Sin importar esto, la ultraderecha se prepara para el contrataque y el presidente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, cercano a Porras, ya empezó a desplegar una nueva oleada de amenazas y adelantó a los medios que “sin importar quién esté al frente” de la Fiscalía, la entidad continuará la persecución contra exfiscales y exjueces anticorrupción.

El Pacto de Corruptos: recomposición, no derrota

La salida de Porras no equivale a la derrota del bloque que ella representaba. Lo que está ocurriendo es una rearticulación interna. La división entre Walter Mazariegos y Consuelo Porras no debe interpretarse como una fractura ética dentro del sistema, sino como una recomposición interna del bloque dominante dentro del Pacto de Corruptos. La pugna sugiere un reacomodo de fuerzas de cara al proceso electoral de 2027 en el cual controlar la CC, la Corte Suprema de Justicia y el MP no es un fin en sí mismo, sino el medio para controlar quién define las reglas del juego, quién valida candidaturas y quién interpreta la Constitución.

Existe una clara intención por parte de actores políticos para evitar que la facción reformista, ya sea a través del Movimiento Semilla o alguna otra organización o coalición, compita en las próximas elecciones. Ello eleva el grado de preponderancia de los procesos de selección de cargos de segundo grado.

El caso de la USAC: microcosmos de la batalla por Guatemala

La batalla por la rectoría de la Universidad de San Carlos es, en pequeño, el mismo conflicto que se libra en el plano nacional. El 8 de abril se llevó a cabo la elección de rector en Antigua Guatemala con 52 electores, de los 170 que establece la normativa universitaria, después de que el CSU suspendió 16 votaciones que ganó la oposición y excluyó 13 cuerpos electorales opositores.

La respuesta judicial ha sido contundente y la reelección de Mazariegos como rector de la USAC para el período 2026-2030 ha quedado suspendida tras la resolución de dos amparos provisionales que ordenan dejar sin efecto el proceso electoral del Cuerpo Electoral Universitario. Es muy probable que sea la Corte de Constitucionalidad quien emita la última decisión al respecto, lo que convierte este caso en un termómetro temprano de la orientación de la nueva CC.

La lógica de la captura es la misma que en otras instancias. Mazariegos, quien controla el CSU, se negó a renovar a los representantes de este órgano a pesar de resoluciones de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la CC, expulsó a consejeros opositores, anuló elecciones y se negó a dar el cargo a quienes se oponen a su administración.

Reflexión final

Lo que el Hondurasgate pone sobre la mesa, y lo que el proceso guatemalteco confirma desde adentro, es que estamos ante un patrón regional de reconstitución autoritaria que opera simultáneamente en varios planos y que opera en lo electoral (intervención directa de Trump en Honduras), lo institucional (captura de cortes, fiscalías y organismos electorales), lo informacional (células de desinformación con financiamiento transnacional) y lo judicial (guerra jurídica como herramienta de exclusión política e intimidación social).

Guatemala es, en ese sentido, el caso donde ese patrón se despliega de forma más nítida porque su proceso es más lento y documentado. La pregunta central de cara a 2027 es si la llegada del cubano-americano y originario de Florida, Juan Rodríguez, como nuevo embajador de Estados Unidos escogido personalmente por Trump y ya ratificado por el Senado, representa un verdadero “halcón de la derecha” y una inflexión drásticamente trumpista y si, siguiendo el guion revelado por el Hondurasgate, el bloque ultraconservador, ya rearticulado en torno a la nueva CC, recibirá suficiente apoyo ideológico, político y electoral para consolidarse una vez más como continuidad del proyecto de la restauración total de corrupción e impunidad.