El 2025 fue un año particularmente duro para la justicia en Guatemala. No porque haya sorprendido (muchos advertimos hacia dónde iba el sistema), sino porque confirmó, sin matices, que la captura institucional ya no es un riesgo: es una realidad plenamente instalada.

Durante este año se profundizaron los retrocesos en la lucha contra la corrupción. No hubo intentos serios por investigar las grandes estructuras criminales que han saqueado al país durante décadas. En su lugar, el Ministerio Público consolidó una práctica que ya es su sello distintivo: la persecución selectiva, la criminalización como política institucional y el uso del derecho penal para proteger al poder y castigar la disidencia.

El mensaje fue claro y reiterado: en Guatemala no se persigue la corrupción, se persigue a quienes la combatieron. Operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas, liderazgos comunitarios y personas incómodas para el régimen fueron convertidos en “enemigos internos”. Los expedientes se fabrican, las imputaciones se estiran artificialmente y los procesos se prolongan no para buscar verdad o justicia, sino para castigar, desgastar y silenciar.

El Ministerio Público dejó de cumplir su función constitucional. En 2025 actuó, sin disimulo, como un actor político con poder coercitivo. No como garante de legalidad, sino como una pieza clave de un engranaje antidemocrático que necesita jueces obedientes, fiscales disciplinados y una ciudadanía atemorizada. La ley ya no es un límite: es una herramienta manipulable.

Desde el exilio, este deterioro se vive con una mezcla de rabia, tristeza y frustración. El exilio no es solo estar lejos de casa; es ver cómo se normaliza la injusticia en tu país mientras vos cargás con procesos espurios, estigmatización pública y la imposibilidad de regresar sin riesgo. Es reconstruir la vida desde cero, con trabajos precarios, familias separadas y una sensación constante de provisionalidad. Es, también, la certeza de que el castigo no termina cuando cruzás una frontera.

2025 fue especialmente cruel para quienes fuimos expulsados del sistema por hacer nuestro trabajo. No solo se mantuvo la criminalización, sino que se reforzó la narrativa oficial que busca justificarla: convertir a las víctimas en responsables, borrar el contexto y reescribir la historia reciente como si la corrupción nunca hubiera existido o como si combatirla hubiera sido un exceso.

Pero incluso en este panorama oscuro, algo empezó a resquebrajarse. La falta de resultados reales, el descrédito internacional, el uso burdo del aparato penal y el agotamiento de un discurso punitivo sin sustancia comenzaron a pasar factura. El modelo de persecución puede imponer miedo, pero no puede producir legitimidad ni gobernabilidad a largo plazo.

Por eso, 2026 importa. No como promesa automática de cambio, sino como una oportunidad en disputa. Las elecciones de segundo grado, la renovación de altas autoridades y la presión acumulada, interna y externa, abren una ventana para replantear el rumbo del sistema de justicia. No será fácil, ni rápido, ni limpio. Pero es un momento que no puede ser ignorado.

Que 2026 sea mejor dependerá de si la sociedad guatemalteca entiende que sin justicia independiente no hay democracia posible. De si se rompen las complicidades que han permitido la captura institucional. Y de si se asume, de una vez por todas, que la persecución penal no puede seguir siendo el método para administrar el poder.

Desde el exilio, seguimos hablando, escribiendo y denunciando no por nostalgia, sino por responsabilidad. Porque la justicia que hoy falta es la que mañana hará posible el regreso, la reparación y la reconstrucción del país. 2025 fue el año del derrumbe. Ojalá 2026 marque, al menos, el inicio de la reconstrucción.