Admiro la valentía de Jen. Habla con la seguridad y la libertad de quien es joven y sueña con un mundo mejor. Su denuncia es grave: el 15 de julio de este año, cuando intentó asignarse cursos del décimo semestre de Derecho, descubrió que ya no aparecía inscrita en los sistemas universitarios pese a contar con una constancia física de su inscripción para 2026. Jennifer de la Cruz no es la única. Más de 30 estudiantes reportan casos similares sin que la universidad aclare las razones de esta grave anomalía.

Todo parecería sencillo si se tratara de un problema aleatorio o informático derivado de algún virus. Lastimosamente no lo es. Se reporta que las personas afectadas son estudiantes que han demostrado su inconformidad con la manera en que Walter Mazariegos se ha aferrado al poder en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Más allá de un virus, todo apunta a una enfermedad peor: la consolidación de una mafia dentro de la universidad estatal que utiliza distintas tácticas para silenciar cualquier oposición en su campus.

La historia al revés: la Universidad de San Carlos de Guatemala, que debería ser un espacio seguro para el debate abierto y el respeto a la disidencia parece haberse convertido en un feudo donde el silenciamiento de estudiantes se perfila como un patrón recurrente.

Un espacio donde la violencia se ejerce cobijada y protegida por legalismos que impiden incluso – so pretexto de autonomía universitaria – que las autoridades actúen para proteger a estudiantes agredidos con armas. Al menos este ha sido un caso recientemente denunciado en el que un estudiante de medicina en medio de una manifestación opuesta a las actuales autoridades fue gravemente herido en el rostro por personas desde el interior del campus. Todo esto ante la mirada de agentes policiales que no hicieron nada para evitarlo.

La estrategia para el control de la USAC se revela en tácticas pusilánimes que apuntan al silenciamiento de cualquier oposición no importando si para tal fin se recurra al “borrado” de estudiantes, procesos disciplinarios, expulsiones, judicialización, consecuencias laborales denunciadas o violencia alrededor de la protesta. Todas deleznables especialmente por el temor que infunden y la autocensura que provocan.

El posible “borrado” de las matrículas de los estudiantes opositores a Mazariegos me remite a pensar en Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han declarado apátridas a muchos de los nicaragüenses que decidieron oponerse a su dictadura.

Desterrar a un estudiante de la universidad por sus opiniones divergentes no es un asunto de una persona, de una familia. Es un asunto de todos los guatemaltecos. Quitarles a decenas de estudiantes su matrícula para silenciarlos no solo sería negar su derecho fundamental a la educación, es arrebatarles una patria mejor, es quitarle a Guatemala voces dignas que puedan defenderla de tiranos que escupan su faz…

No es una matrícula, es la matriz de nuestra democracia: la educación que nos remite a la participación ciudadana, el estado de derecho, la igualdad, y la rendición de cuentas.