La Corte Penal Internacional mantiene vigentes las investigaciones y acusaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a pesar del anuncio oficial del gobierno venezolano de retirarse del Estatuto de Roma que la creó. 

La Corte Penal Internacional continúa con sus pesquisas formales sobre los hechos ocurridos en el país desde 2017. Según el artículo 127 del Estatuto de Roma, la denuncia de un tratado no exime al Estado de las obligaciones contraídas ni afecta las investigaciones ya iniciadas. Por tanto, Venezuela sigue estando obligada a cooperar con el tribunal durante el año posterior a la notificación formal de retirada presentada ante la ONU. 

El canciller venezolano Félix Plasencia, con el acuerdo de Estados Unidos, notificó a la ONU de esa decisión que afectaba a los cuerpos de seguridad de dicho país y a sus altos mandos (policía nacional, servicio de inteligencia nacional, dirección de contrainteligencia militar. Los señalados por la Corte por crímenes contra la humanidad están Nicolás Maduro (en calidad de jefe de Estado y comandante en jefe), Diosdado Cabello (como alto dirigente político). Vladimir Padrino López (ministro de la Defensa) y Néstor Reverol (exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz).  Casi todos derivados por la persecución política del régimen de Maduro en contra de sus opositores desde 2017 hasta la fecha en que fue intervenido militarmente por Estados Unidos.

Maduro enfrenta por la justicia estadounidense un proceso por narcoterrorismo, lavado de dinero y conspiración, no bajo la tipificación de crímenes de lesa humanidad.

La Casa Blanca presionó  a Venezuela  a tomar esa decisión porque está claro que no quiere que la referida Corte Penal internacional procese a altos funcionarios de ese país ni de Israel y busca ver la forma de disolver a dicha corte, lo que alegra a la actual ambigua administración de Caracas.