Hace unos días llegué a un restaurante en el corazón del centro histórico. Me dirigía a un taller sobre un tema crítico para el país: el caso del Hospital Federico Mora, que finalmente será juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras décadas de denuncias e inacción estatal.

En la entrada, el encargado de seguridad me preguntó: “¿Viene al restaurante o a un evento?”. Respondí que, al evento, y de inmediato me dijo que el parqueo era exclusivo para los comensales. Le aclaré que soy usuario de silla de ruedas y que la accesibilidad es un tema complejo para mí. Respondió que no. Le insistí: si era necesario, podía consumir en el restaurante. Pero volvió a negarse. Tuve que buscar un parqueo público, donde —afortunadamente— los trabajadores fueron amables y me ayudaron a descender con la silla de ruedas.

Me recibió una acera estrecha, irregular, sin rampas y con pendientes pronunciadas. Pero lo más revelador no fue la barrera arquitectónica, sino la naturalidad con la que se asumía. Nadie lo notaba. Nadie lo cuestionaba.

En Guatemala, esta forma de exclusión es cotidiana. Sutil. Silenciosa. Se vive en edificios sin acceso, en escuelas que rechazan a estudiantes con discapacidad intelectual, en universidades sin protocolos reales de inclusión, en instituciones que firman tratados que luego ignoran. Se vive —sobre todo— en la idea de que el problema somos nosotros, los que no encajamos.

Aunque el INE estima que cerca del 10 % de la población vive con alguna forma de discapacidad, seguimos siendo tratados como excepciones incómodas. Lo que debería ser un asunto de derechos se reduce a caridad, olvido o simple omisión. Y si nos atrevemos a reclamar, entonces somos vistos como molestos, exigentes, inconformes.

Esta lógica tiene nombre: capacitismo. Es un sistema de creencias que jerarquiza a las personas según su cuerpo, funcionalidad o “normalidad”. No solo excluye físicamente: define quién merece ser escuchado, quién es útil, quién tiene valor. Es la raíz silenciosa de muchas formas de discriminación, y la base de la exclusión institucional, económica, sanitaria, educativa y cultural.

Lo más peligroso del capacitismo es su capacidad de volverse invisible, incluso para personas bien intencionadas. Se filtra en decisiones, diseños urbanos, convocatorias laborales y políticas públicas. Se expresa cuando se cree que nuestros derechos son “demandas especiales”, en vez de garantías universales. O cuando se piensa que una rampa basta —aunque sea impracticable— para resolver un problema estructural.

Las personas con discapacidad no pedimos compasión. Pedimos presencia, participación, reconocimiento. Queremos ser parte de las decisiones, de las políticas, de la vida pública. Y para eso, hay que desmontar tanto las barreras físicas como las mentales que sostienen la exclusión.

Este espacio —que hoy se inaugura con compromiso y gratitud hacia este importante medio— será un punto de encuentro para pensar la discapacidad no como tragedia personal ni problema técnico, sino como tema político, hecho social y desafío ético. Hablar de discapacidad es hablar de democracia. De justicia. De lo que una sociedad decide ver, y de lo que elige seguir ignorando.

Pero… aún queda la duda de ¿qué es exactamente la discapacidad y quiénes la “padecen”?

Existen muchas definiciones, pero una ampliamente aceptada es la de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en Guatemala plasmada a través de la Ley 59-2008 y que sostiene que la discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y un entorno lleno de barreras que impiden su participación en igualdad de condiciones.

Mi caso tiene origen en la poliomielitis, que contraje en mayo de 1961, más adelante en el tiempo les compartiré esta interesante historia, tipo novela, con muchos actores y versiones. La polio me dejó parapléjico, y con algún grado de daño en el brazo derecho. Pero también existe la discapacidad adquirida por accidentes, enfermedades o de origen congénito. En todos los casos, la discapacidad no es la disfunción per se, sino la interacción con un entorno excluyente.

Y aquí entra otro concepto clave: el de ajuste razonable. Según la CDPD, son modificaciones o adaptaciones necesarias que no implican una carga desproporcionada, pero que permiten ejercer derechos en condiciones de igualdad.

En mi caso, el restaurante contaba con parqueo. La ley guatemalteca —tanto el Decreto 135-96 (arts. 4, 6 y 14) como el 59-2008 (arts. 5, 9 y 30)— establece que debe haber espacios adecuados para personas con discapacidad, los famosos “parqueos azules”. Al negarme el ingreso, no solo se me negó un ajuste razonable: se violó la ley y se vulneró un derecho humano.

Solicité el libro de quejas y dejé constancia. Porque esto no es solo un asunto administrativo. Es un reflejo profundo de cómo opera el capacitismo en nuestra cotidianidad.

Si usted —lector o lectora— no vive una condición de discapacidad, déjeme decirle algo: es muy fácil adquirirla. Y muy difícil vivirla en una sociedad que no está diseñada para todos.

Esta será una travesía compartida en donde intentaré explicar —con hechos, marcos legales, políticos y vivencias— qué es y cómo se vive la discapacidad en Guatemala. Nos vemos en la próxima entrega.