Quienes confiaron en que el gobierno actual impulsaría la recuperación de la institucionalidad democrática ahora experimentan una decepción evidente ante la falta de una postura firme frente al fraude de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Recordemos que innumerables ciudadanas y ciudadanos impidieron que las elecciones fueran anuladas por las fuerzas corruptas. El objetivo de fondo de este movimiento era defender la democracia ante las artimañas del pacto de corruptos, que continuaron en los repetidos intentos del Ministerio Público de desconocer la voluntad expresada en las urnas.

Había afinidad entre quienes siguen soñando con la recuperación de las instituciones democráticas y los discursos de Bernardo Arévalo en su campaña presidencial. Surgió un profundo sentimiento de que el país viviría una segunda primavera democrática. De hecho, el rechazo que Bernardo Arévalo manifestó al fraude mediante el cual Walter Mazariegos secuestró la rectoría de la USAC en el 2022 alimentó la esperanza de que, ya como presidente, respaldaría los esfuerzos para restaurar la integridad institucional de la universidad más importante del país.

La marcada degradación de la política guatemalteca actual hace que la necesidad de actuar ante tales desmanes institucionales ya sea insoslayable. Walter Mazariegos carece del finiquito exigido por la legislación vigente; el Consejo Superior Universitario, el cual no convocó en debida forma a la nueva elección, dictamina que ese requisito no puede exigirse. Este órgano, agujereado por ilegalidades, ha “nombrado” rector de la USAC a Walter Mazariego el 1 de julio de 2026.

Ahora, la pregunta es: ¿Pudo el actual gobierno haber actuado para impedir el segundo fraude en la USAC? Desde mi perspectiva, la respuesta es afirmativa. La presidencia cuenta con las instituciones y herramientas políticas a su favor para promover la protección de los derechos constitucionales y desmantelar este abominable y repugnable acto de corrupción.

Analistas han señalado que, ante la inacción de la Procuraduría de los Derechos Humanos frentea este fraude, el presidente pudo haber respaldado públicamente al diputado José Chic en su denuncia contra dicho procurador. Además, pudo haber exhortado a las instituciones competentes a garantizar dichos derechos, pero lamentablemente, no lo ha hecho.

Cuando el Consejo Superior Universitario negó la participación a los cuerpos electorales el 8 de abril, el Estado disponía de la Procuraduría General de la Nación, (PGN) para interponer amparos para defender la legalidad constitucional. Sin embargo, esperó hasta el 17 de junio para hacerlo, cuando el detestable “proceso electoral” ya había concluido. Si realmente hubierahabido voluntad de impedir el fraude, las acciones legales debieron haberse promovido antes de la elección y no después de este fraude.

El silencio pesa: la organización internacional Impunity Watch cuestionó las maniobras del Consejo Superior Universitario (CSU) para debilitar la transparencia y la fiscalización del proceso electoral, pero el presidente no se pronunció. Cada día en que la USAC permanece cerrada por motivos injustificados, se espera que el presidente se dirija a la nación en una cadena nacional para pronunciarse a favor de la educación superior pública.

A ello se suma que la bancada oficialista no ha presentado ninguna fiscalización política. No hay registros públicos de citaciones, denuncias o información presentada antes del 8 de abril para prevenir estas irregularidades. Tampoco hay constancias de que la oficina del PDH haya estado activa en la promoción de espacios de mediación ni en la documentación de los acontecimientos más críticos que se vivieron en la USAC.

La autonomía de la USAC conquista de la Revolución de 1944, no debe interpretarse como una cubierta jurídica para vulnerar derechos fundamentales. La USAC no es autónoma frente al texto constitucional por que esta se basa en la vigencia de los derechos fundamentales.

En conclusión, la crisis de la USAC representa una prueba del compromiso democrático del gobierno de Guatemala. Análisis competentes han puesto de manifiesto que el presidente no está llamado a entrar por la fuerza a la USAC, ni a forzar decisiones del sistema de justicia, ni a imponer un rector a su antojo, ni a declarar nula la elección por decreto. No puede pronunciarse a favor de un candidato. Pero sí está llamado a exigir el respeto de los derechos de participación de las y los sancarlistas y a promover una respuesta oportuna por parte de las instituciones competentes. El presidente tiene la responsabilidad política de utilizar el peso de su investidura para defender el orden constitucional.

La defensa de la democracia se fortalece cuando quienes gobiernan son coherentes con los principios que prometieron proteger. En el caso de la USAC, dicha coherencia se ha convertido en una negativa que no puede prolongarse. El gobierno y el pueblo deben de trabajar juntos si se quiere generar dignidad.

Internacionalista de San Francisco State University