Aunque a la distancia, pero ante la posibilidad que se repitan escenarios como los acontecidos en 2019 y 2023, el fantasma del aparecimiento de factores externos, no propios del sistema electoral, que afecten, no solo la realización de las elecciones generales, sino al final repercutan negativamente en la vida social del país, debería ser una preocupación de máxima prioridad.

En dichos procesos se activaron mecanismos para la exclusión de candidatos a diversos cargos de elección por fuera de lo establecido en la normativa electoral. La judicialización de la política fue más que evidente. Ello trastocó buena parte de ambos procesos; no sabemos con certeza si los resultados finales hubiesen sido diferentes de no aplicarse las medidas de sacar de la jugada. Lo que si es evidente es que estamos ante el fortalecimiento de una tendencia antidemocrática por excelencia.

La reciente resolución de la CSJ que ordena al Registro de Ciudadanos del TSE admitir para trámite una apelación interpuesta por el expartido PAN, puede ser un primer capítulo que ensombrezca, desde ya, el proceso. Aún no se conoce si tal decisión se planteó solamente para corregir un asunto procedimental, o si, por el contrario, la esencia consiste en darle vida a esa “organización”, dándole vigencia para el próximo proceso electoral. El caso levanta suspicacias porque se percibe como una acción orientada a frenar la cancelación del PAN, ordenada por el TSE tomando en cuenta lo preceptuado en la Ley Electoral y después de una serie de medidas orientadas a retardar esa resolución.

Ahora bien, corre al mismo tiempo otro fenómeno. El “hallazgo” de la penetración del narcotráfico en diversas organizaciones políticas y el evidente propósito de incidir para sacar de la contienda a los considerados enemigos mayores, podría generar la exclusión de candidatos, a pocos meses de la elección. En ese caso, es imprevisible el papel del órgano electoral. O desarrolla capacidades propias para investigar en profundidad el financiamiento electoral ilícito, o solo sirve como instrumento para avalar las decisiones tomadas por actores de poder interesados en crear una correlación de candidatos que les resulte cómoda. Además, también queda la duda de cómo actuará la ciudadanía ante un escenario contraído. Para ello, qué mejor que utilizar la fórmula del momento: las profusas redes de desinformación como mecanismo para intentar alinear las actitudes y decisiones del electorado.

En 2023 al menos dos de las organizaciones que de la noche a la mañana quedaron fuera del evento no se quedaron de brazos cruzados y generaron algunas muestras de descontento, pero que no llegaron a ser conflictos electorales porque no escalaron. Si las exclusiones sin sustento vuelven a aparecer, sucederá el mismo escenario, o, por el contrario, ¿la espiral aumentará hasta niveles no antes presenciados? Claro que no tenemos respuestas ante esas posibilidades, pero es pertinente comenzar a dibujar los escenarios.

En todo caso, el proceso 2027 apunta a desarrollar en su recorrido diversos puntos de crisis, cuyas formas de procesamiento, mitigación o amplificación generarán escenarios de alta complejidad. Lo desarrollado en 2023 fue convulso, pero en esta ocasión podría superarse.