Cada 3 de diciembre —fecha instaurada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1992 mediante la Resolución 47/3 para promover los derechos, el bienestar y la participación plena de las personas con discapacidad— los gobiernos, instituciones públicas y privadas suelen llenar las redes sociales de mensajes de celebración. Sin embargo, en Guatemala, donde vivimos más de dos millones de personas con discapacidad, la realidad dista de cualquier conmemoración simbólica: seguimos sin avances efectivos, sin garantías estructurales y sin un Estado capaz de cumplir sus propias obligaciones nacionales e internacionales.

El año pasado realizamos una evaluación con 22 instituciones del Estado para determinar su nivel de compromiso real: si tenían personas con discapacidad contratadas, si contaban con políticas institucionales específicas, si habían asignado presupuesto para 2024 y previsto uno para 2025, y si impulsaban programas concretos. Los resultados fueron desalentadores: improvisación, ausencia de planificación y un claro desinterés por transformar la realidad de esta población históricamente excluida. Lamentablemente el año 2026 tampoco augura cambios significativos.

Un gobierno sin una hoja de ruta clara

El tema de discapacidad nunca fue una prioridad en el plan de gobierno del presidente Arévalo, como se comprueba leyéndolo sin mayor esfuerzo. No obstante, el mandatario decidió “designar” a la Primera Dama para liderar la agenda de discapacidad, una medida que, en lugar de fortalecer el tema, lo relegó al simbolismo, a la fragmentación institucional y al desconocimiento técnico. Ese movimiento también generó tensiones implícitas en la arquitectura gubernamental: por un lado, la Vicepresidencia coordinando espacios relacionados con desarrollo social; por otro, las convocatorias paralelas de la esposa del presidente, sin claridad jurídica, técnica ni presupuestaria.

Este tipo de nombramientos, sin sustento institucional, terminan condenando políticas públicas enteras al asistencialismo, a la duplicidad y a la irrelevancia operativa.

El Congreso y su propio laberinto político

La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso tampoco logró avances sustantivos. A pesar de algunos esfuerzos genuinos de parte de algunos congresistas, prevaleció un problema estructural: el desconocimiento técnico del tema, sumado a las disputas internas naturales del Legislativo.

El único resultado visible fue la aprobación del Decreto 6-2024 y su reforma 10-2024, una ley que nació sin presupuesto, sin planificación y sin una evaluación seria de la capacidad operativa y arquitectónica del Ministerio de Salud, encargado de ejecutar el Sistema de Certificación de la Discapacidad. A este escenario hay que sumar dos propuestas legislativas cruciales para entender la dinámica política reciente:

La Iniciativa 6571:

Elaborada y presentada por organizaciones de personas con discapacidad, es un proyecto construido desde la experiencia vivida, desde la realidad cotidiana y desde la comprensión profunda de las barreras estructurales. Su contenido refleja un enfoque de derechos, una lectura crítica de la política pública vigente y un diagnóstico elaborado por quienes enfrentan día a día la exclusión. Por ello, es una propuesta más alineada con la problemática real, con la CDPD y con la urgencia de corregir décadas de abandono estatal. Lamentablemente no cuenta con el apoyo político necesario dentro del Congreso, para concretarse.

La Iniciativa 6613:

Redactada por la Comisión de Discapacidad del Congreso, con el acompañamiento de otra organización, esta propuesta responde más a los intereses, ritmos y prácticas del aparato estatal. Aunque recoge elementos de inclusión, su estructura refleja la típica aproximación burocrática: énfasis en procedimientos, poca visión transformadora y un enfoque que prioriza la institucionalidad por encima de las necesidades vivenciales. Es una iniciativa más alineada al Estado que a la población, y evidencia la distancia persistente entre lo que las personas con discapacidad necesitan y lo que las instituciones están dispuestas a hacer.

La existencia simultánea de ambas iniciativas demuestra la fractura entre la voz del movimiento social y la lógica del Estado, un problema recurrente en la construcción legislativa sobre discapacidad en Guatemala.

El Sistema Nacional de Certificación Biopsicosocial debería entrar en funcionamiento en breve, pero la realidad institucional es preocupante:

• No existen estimaciones claras de población a atender.
• No hay presupuesto específico ni garantizado para las intervenciones y acciones requeridas.
• Los equipos técnicos carecen del conocimiento necesario para operar un modelo biopsicosocial serio y funcional.

Una ley sin financiamiento no es una ley: es una declaración de intenciones, vacía y peligrosa.

Compromisos internacionales ignorados

A cinco años del plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y más de 15 años después de ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Guatemala sigue sin un rumbo claro. No contamos con:

• Datos desagregados ni confiables,
• Rutas de acción interinstitucional,
• Presupuesto asignado,
• Mecanismos técnicos operativos,
• Profesionalización en el tema,
• Transparencia ni sistemas de monitoreo,
• Políticas públicas reales y articuladas.

Se continúa improvisando, se continúa celebrando, pero no se continúa trabajando.

El fenómeno anual del CONADI: celebración arriba, abandono abajo

El Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad (CONADI), creado en 1996, debería ser la entidad rectora para articular políticas inclusivas. En teoría. En la práctica, opera con escasa capacidad técnica, poca incidencia y una ejecución presupuestaria preocupante.

Cada año ocurre el mismo fenómeno:

Durante los primeros diez meses, la ejecución presupuestaria es mínima. Sin embargo, en noviembre y diciembre, la curva se dispara de manera abrupta y exponencial, concentrada en actividades conmemorativas: eventos, celebraciones, comida, música, conferencias y jornadas festivas.

Desde un enfoque técnico, esto refleja una ejecución reactiva, orientada al cierre fiscal y no a resultados tangibles para la población. Panem et ciercenses. Mientras tanto, el resto del año transcurre entre la precariedad y la indiferencia institucional.

La celebración reemplaza a la política pública; la foto sustituye a la planificación; la novedad desplaza la evidencia.

Un 3 de diciembre sin nada que celebrar

A pocos días de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Guatemala sigue atrapada en las mismas dinámicas: discursos vacíos, instituciones desarticuladas y autoridades que se fotografían, pero no ejecutan. No hay estrategia nacional, no hay liderazgo técnico, no hay planificación real, no hay datos, no hay presupuesto.

Y lo más grave: no hay voluntad política de cambiarlo.

El 3 de diciembre debería ser un recordatorio del compromiso del Estado con los derechos humanos. Pero en Guatemala, se ha convertido en un recordatorio de lo contrario: de nuestra exclusión, de la negligencia institucional y de un país que sigue sin entender que la discapacidad no es un tema de caridad, sino de justicia.