Las recientes declaraciones del ministro de Gobernación del gobierno de Bernardo Arévalo de León, recogidas por La Hora, contienen una afirmación que, más allá de su aparente pragmatismo, revela un desplazamiento profundo y preocupante del modo en que el Estado guatemalteco está conceptualizando la seguridad ciudadana. Según Marco Antonio Villeda:

“No es posible generar una estrategia de seguridad en las calles si antes no se controlan los centros penitenciarios.”

Dicho así, suena razonable. Incluso lógico. Pero si se examina con cuidado, esta frase encierra una inversión radical del problema: las organizaciones criminales han logrado imponer su propia lógica al Estado. Primero las cárceles, luego las calles. Cuando debería ser exactamente al revés.

Esta inversión no es solo técnica o administrativa. Es política. Y tiene consecuencias sociales profundas.

Cuando el crimen dicta la agenda del Estado

Históricamente, la función básica del Estado moderno ha sido garantizar condiciones mínimas de seguridad en el espacio público. Las cárceles existen como consecuencia de esa función y son el lugar donde se recluye a quienes han sido retirados de las calles por haber violentado esas condiciones. Pero en Guatemala, como en otros Estados parcialmente capturados, esta secuencia se ha roto.

Hoy las pandillas y estructuras criminales operan simultáneamente dentro y fuera de los centros penitenciarios. Las cárceles no son espacios de contención sino nodos logísticos del crimen, centros de coordinación de extorsiones, amenazas, asesinatos por encargo y control territorial.

El resultado es grotesco pues miles de ciudadanos/as siguen siendo víctimas cotidianas de violencia mientras los cabecillas continúan dirigiendo operaciones desde sus celdas, con teléfonos celulares, acceso a electrónicos, comodidades y redes de complicidad que solo pueden existir gracias a la corrupción estructural del sistema penitenciario.

No se trata de fallas ocasionales. Es un régimen estable de impunidad.

Estadísticas que no se sienten en la vida real

Es cierto que algunos indicadores oficiales sugieren leves descensos en homicidios y extorsiones entre enero de 2025 y enero de 2026. Pero ese “progreso” estadístico no tiene correlato en la experiencia cotidiana.

En barrios populares, colonias periféricas y rutas de transporte, la gente sigue “viviendo” (si se le puede llamar así) bajo amenaza permanente. La extorsión continúa siendo un impuesto criminal cotidiano. Los asesinatos selectivos siguen marcando territorios. El miedo sigue organizando la vida social. El entorno social se torna asfixiante y deprimente.

Aquí aparece una fractura clásica entre gobernabilidad tecnocrática y realidad vivida donde el Estado habla en porcentajes, pero la población vive en la inaguantable realidad cotidiana de sus cuerpos y sus nervios.

Lo que el Ministerio Público ya sabe (y no hace)

Todo mundo en Guatemala sabe que el Ministerio Público conoce los números desde donde salen llamadas de extorsión o amenaza. Conoce las direcciones de pandilleros activos, sus esbirros y mandaderos. Conoce los vínculos entre estructuras criminales y agentes policiales. Y conoce la inutilidad práctica de muchas líneas de denuncia. Sin embargo, nada ocurre.

Esto no es solo ignorancia, incapacidad administrativa o incompetencia completa y descarada. Aunque hay mucha cooptación, miedo y cálculo político, es algo más profundo. Es un orden político informal donde el crimen organizado opera con niveles de tolerancia institucional que van desde la banalidad de la corrupción hasta la complicidad criminal.

Por eso el “control de las cárceles” no puede plantearse como un problema aislado pues es solo una pieza de una arquitectura mucho más amplia de captura del Estado.

El efecto político: deslegitimación terminal del gobierno

Aquí emerge un punto más delicado. Cuando la ciudadanía percibe que el gobierno de Arévalo reproduce las mismas ineficacias estructurales que los anteriores, el poquísimo capital simbólico con el que todavía puede contar se evapora terminalmente. El gobierno de Arévalo ya es ahora percibido, incluso entre mucha gente que fue militante y votante, como uno más. Además, también, como un gobierno solo esperando terminar su período y sin capacidad alguna de heredar y darle continuidad a lo escaso que ha logrado.

Eso es devastador para cualquier proyecto progresista, una oportunidad históricamente rara y completamente aleatoria que ha sido desperdiciada.

Porque la ineficacia e incompetencia abre el terreno para narrativas autoritarias que dicen “las izquierdas no saben gobernar”, “la democracia no sirve”, “los derechos humanos protegen criminales” y “solo la mano dura funciona”. Y es en esa anarquía de seguridad, en esos grandes vacíos que deja el centrismo en el poder y el Estado al fallar en sus funciones fundamentales, donde prosperan modelos como el de Nayib Bukele, cuya fórmula de orden inmediato resulta profundamente seductora para sociedades agotadas por décadas de violencia.

Guatemala, como Estado parcialmente fallido y con mucha población subalterna y atemorizada, es terreno fértil para ese imaginario.

El error estratégico: confundir represión con solución

Desde una perspectiva crítica, el problema central no es solo operativo – aunque la incapacidad de ejecutar políticas de Estado sea sin duda crónica y penosa. El problema es más general. La seguridad ciudadana no puede reducirse a control penitenciario ni a despliegues policiales con Estado de sitio o emergencia. Eso es gestión del síntoma, no de la enfermedad.

La violencia pandillera es el producto históricamente acumulado de exclusión estructural, economías ilegales como única fuente de ingreso, abandono territorial del Estado, colapso educativo, masculinidades violentas (hoy más tóxicas en las redes sociales), corrupción policial, impunidad judicial, urbanización precaria, migración forzada y ahora deportaciones masivas de Estados Unidos con gente frustrada y desesperada retornando a Guatemala sin posibilidades reales de una mejora en sus vidas desde el momento que pasan por el Salón Migratorio en la base de la Fuerza Aérea.

Pretender resolver esto desde las cárceles equivale a combatir incendios desde las cenizas.

El dilema de las izquierdas

Llegamos así a una pregunta final. Como izquierdas, ¿qué debemos decir y hacer? Para empezar, debemos rechazar tanto el negacionismo liberal como el punitivismo autoritario. En otras palabras, no basta con defender derechos humanos en abstracto. Pero tampoco sirve copiar modelos de encarcelamiento masivo que destruyen tejido social y consolidan Estados policiales.

Las izquierdas deben abanderar una política integral de seguridad democrática, pero esto no puede hacerse plenamente desde arriba. No con las reglas actuales del juego. No con un aparato estatal estructuralmente colonizado por intereses privados y criminales. Esto tampoco significa que las izquierdas estén condenadas a la impotencia. Significa que el terreno de lucha debe redefinirse.

Aceptar las limitaciones estructurales significa que un Estado como el guatemalteco, débil fiscalmente, penetrado por redes criminales, dependiente del capital extractivo y del financiamiento externo, no tiene capacidad real para implementar un modelo escandinavo de seguridad democrática. Esto implica algo políticamente incómodo pero necesario, es decir, que las izquierdas deben abandonar la fantasía de que basta con “llegar al gobierno” y contratar a los amigos/as propios para que todo mejore y se ejecute bien.

Desde la teoría crítica sabemos que gobernar no equivale a tener poder. El poder está disperso en aparatos privados de hegemonía, economías ilegales, territorios capturados y estructuras culturales profundamente conservadoras. Por eso, una política integral de seguridad no puede plantearse solo como política pública. Tiene que pensarse como proyecto contrahegemónico de largo aliento.

Dado que el modelo económico extractivista es el corazón del asunto, no existe política democrática de seguridad sin ruptura con el modelo extractivo. La seguridad no es solo un problema policial; es, sobre todo, un problema de modelo civilizatorio. En Guatemala el cacifismo estimula la inseguridad y la crisis social.

Para no caer en promesas populistas de “orden inmediato” y prepararnos para disputar el sentido común, aquí proponemos cinco ejes concretos para avanzar en este tema fundamental:

a) Recuperación territorial real. Esto debe estar basado en presencia estatal sostenida en barrios abandonados proveyendo salud, educación, empleo, cultura, deporte e infraestructura. No solo operativos esporádicos y patrullajes después de los hechos.

b) Depuración profunda de policía y sistema penitenciario. Como es obvio que después de hacer requisas en las cárceles incluso de modo periódico, lo mismo sigue ocurriendo, hay necesidad urgente de un programa de depuración pero con asistencia internacional. Guatemala, simplemente, no cuenta con el personal adecuado y la capacidad institucional para hacerlo. Sin esto, todo lo demás es maquillaje. Sin embargo, es muy posible en el corto plazo implementar comisiones independientes, auditorías externas, rotación de mandos y protección real a denunciantes.

c) Golpe financiero al crimen. Hay que seguir el dinero. Lavado, bienes y hasta redes empresariales que vinculan a narcos, constructoras, empresas fachada, bancos cómplices y políticos intermediarios. Las pandillas sobreviven porque hay economías que las alimentan. Aquí hay un flanco que casi nunca se explota desde la izquierda institucional, pero también hay que recordar que hay poca capacidad institucional y política en Guatemala para entrarle. El paradigma sigue siendo la CICIG. 

d) Política social agresiva para juventudes. Dados los retos complejos como los altos índices de reincidencia, el grave problema de la delincuencia organizada, pero también los elevados índices de desempleo juvenil y la falta de oportunidades en educación y empleo, particularmente en el sector privado, problemas que deben ser sistémicamente enfrentados, urge priorizar la formación técnica, empleo directo estatal, cooperativas, arte y espacios culturales, redes de apoyo juvenil, comedores comunitarios, deporte y brigadas de acompañamiento psicosocial para juventud en áreas marginales y para exconvictos/as. Y no hay que olvidar la formación política. Quitarle carne fresca al crimen.

e) Democratización radical de la justicia. Además de las reformas estructurales al “sector justicia” que todo mundo sabe que son impostergables, urge la creación y despliegue rápido de fiscalías comunitarias, observatorios ciudadanos y la participación barrial y efectiva en políticas de seguridad. Nada de esto produce resultados instantáneos. Pero construye paz estructural.

Una advertencia final

Cuando un ministro dice que primero hay que controlar cárceles para luego asegurar calles, lo que está diciendo, quizá sin quererlo, es que el Estado ya acepta como normal que el crimen gobierne territorios. Y eso es una capitulación muy seria que refuerza la naturaleza semi-fallida del Estado guatemalteco.

Las izquierdas, movimientos o articulaciones democráticas que aspiren a gobernar no pueden permitir que la agenda de seguridad sea escrita, definida y controlada por las pandillas ni por los aspirantes a dictadores.

Si no articulamos una seguridad democrática desde abajo, el miedo seguirá siendo el principal partido político del país.