La aprobación de la reforma al Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) para algunos representa una victoria y para otros esto es la debacle. El mensaje es simple y políticamente atractivo: «ya no pagaremos un impuesto más».

A primera vista, parece absurdo oponerse a una medida que aparentemente alivia el bolsillo de miles de familias. Sin embargo, cuando estas medidas públicas se analizan a profundidad y fuera del aplauso y la posible demagogia de la que gozan, surgen  preguntas inevitables que no son fáciles de responder.

¿Qué implica realmente esto?;

¿Estamos resolviendo el problema o únicamente atacando el síntoma? ¿Ha sido el verdadero problema el IUSI o no?

Se considera evidente y totalmente comprobado que el verdadero problema ha sido; y durante décadas, esos fenómenos que de forma reiterada, he  mencionado: la corrupción, la falta de transparencia, la mala administración de los recursos públicos, así como la escasa rendición de cuentas en muchas municipalidades y gobierno central del país.

¡La situación es que cuando el diagnóstico es equivocado, el tratamiento también lo es!

Es importante mencionar, que si un ciudadano no confía en su municipalidad o gobierno local, porque considera que el dinero se administra mal, lo desperdicia, lo malversa y peor aún, termina en actos de corrupción, la respuesta lógica nunca será eliminar la fuente de ese financiamiento.

La respuesta está en analizar si realmente si corresponde o no realizar cobrar este impuesto en la forma y montos que hasta la fecha se hacen, además de exigir controles estrictos, realizar auditorías realmente efectivas por parte de Contraloría General de Cuentas, así como de la propia ciudadanía.

Asimismo, resulta importante verificar que dicho impuesto esté cumpliendo sus objetivos, que su administración se realice con absoluta transparencia, implementándose las sanciones reales, para quienes desvíen los recursos públicos.

Reducir drásticamente o eliminar un impuesto porque existen funcionarios que administran mal el dinero, equivale a aceptar que la corrupción ha ganado la batalla.

A modo de símil es como renunciar a corregir la enfermedad de forma certera, conformándose con esconder sus síntomas.

Resulta paradójico que, mientras Guatemala exige municipalidades más eficientes, que construyan mejores calles, brinden agua potable, drenajes, alumbrado público, mercados, parques y servicios de calidad, al mismo tiempo se impulsen medidas que puedan disminuir una de las principales fuentes de ingresos propias de esos mismos gobiernos locales.

En ese sentido la autonomía municipal no existe únicamente porque la Constitución así lo establece. Ésta, también depende de que las municipalidades cuenten con recursos suficientes para cumplir las obligaciones que la propia ley y la ciudadanía les demanda.

Una autonomía sin recursos termina siendo una autonomía meramente simbólica, obligando a los municipios a depender cada vez más de las transferencias del Gobierno Central,  debilitándose así el modelo de descentralización, previsto por nuestro ordenamiento constitucional.

Ahora bien, reconocer todo lo anterior no significa afirmar que el IUSI funcione bien y sea un impuesto justamente cobrado y ejecutado.

Por el contrario, es indudable que el mismo necesita una revisión profunda, más no su extinción.

Existen diferencias injustificadas entre avalúos de propiedades similares, catastros desactualizados, muchos propietarios que perciben que el impuesto no guarda relación con su verdadera capacidad económica; y sobre todo contradicciones absolutas con la legislación vigente.

Aún así, más que extinguir dicho impuesto, lo que realmente se necesita es hacer estudios serios que permitan no sólo actualizarlo, sino modernizar la ley que lo regula, para así brindar mayor certeza jurídica a la ciudadanía.

El Congreso de la República de Guatemala, debió realizar profundos estudios, en lugar de actuar con absoluto populismo, el cual pareciera sólo apuntar a ganar adeptos en un año preelectoral.

Es ahí donde debió concentrarse el debate nacional y no en shows baratos plegados de politiquería.

Eliminar el impuesto como respuesta política, resulta fatal y no constituye una verdadera solución para el país.

Los esfuerzos deben estar enfocados en construir un sistema correctamente monitoreado, que sea justo, proporcional y transparente.

Una verdadera reforma habría protegido a las familias con viviendas de menor valor, estableciendo criterios claros para la vivienda única y familiar, en donde se mantenga un tratamiento diferenciado para inmuebles destinados a actividades comerciales o inversiones de alto valor.

Asimismo, habría sido necesario incorporar mecanismos obligatorios de transparencia para que cada ciudadano pueda conocer con precisión, cómo se invierte cada quetzal recaudado.

Debe quedar muy claro, que el problema nunca ha sido la contribución o carga impositiva.

El problema siempre ha sido no saber qué ocurre con esa contribución, empezando por su mala recaudación y pésima distribución, así como el mal manejo de ese dinero.

Por otro lado, también existe un elemento sumamente preocupante, mismo que no puede ni debe pasar inadvertido y es que cuando una reforma utiliza conceptos amplios o poco definidos, sin establecer con claridad su alcance, inevitablemente abre la puerta a conflictos, interpretaciones confusas y contradictorias, así como problemas administrativos, que pueden derivar en litigios.

En materia tributaria siempre debe brindarse seguridad jurídica a través de una normativa clara y previsible.

Por las circunstancias en que todo esto se ha dado, es inevitable preguntarse si este tipo de decisiones responden a una política pública cuidadosamente diseñada o si, por el contrario, constituyen medidas de alto impacto político con características populistas y muy baja responsabilidad fiscal.

No es difícil ganar simpatías prometiendo menos impuestos, sin embargo, lo verdaderamente difícil es construir instituciones confiables, transparentes y eficientes.

La política responsable no consiste en ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos, sino en tener el valor de enfrentar las causas reales de dichos problemas, aunque ello implique adoptar decisiones menos populares.

Guatemala necesita municipalidades en donde se practique la transparencia y exista una verdadera y eficiente fiscalización.

Es importante recordar que combatir la corrupción con firmeza, no implica debilitar las herramientas financieras que proveen el desarrollo local.

En conclusión, cuando se combate únicamente el síntoma y se ignora la enfermedad, ésta siempre termina regresando.

La enfermedad, en este caso, no se llama IUSI.

¡Se llama corrupción!