Recientemente se supo la noticia de sanciones por parte de más países para funcionarios guatemaltecos que han sido acusados de actos antidemocráticos, de obstaculizar la justicia y de atentar contra el Estado de Derecho en Guatemala.

En esta ocasión, dichas sanciones provinieron de países que no pertenecen a la Unión Europea (UE), tales como: Armenia, Albania, Bosnia, Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega y Ucrania, entre otros.

Recordando que, en febrero de 2024, la UE impuso sanciones a cinco altos funcionarios guatemaltecos, entre ellos, la Fiscal General.

Ahora, los países antes mencionados, han decidido alinearse de forma voluntaria, con la decisión europea de emitir sanciones a estos guatemaltecos, ajustando así sus políticas nacionales a estas restricciones.

Es interesante analizar cómo, a pesar de ser estos países europeos independientes y no formar parte del bloque de la Unión Europea, queda muy en claro que los mismos, como parte de un mundo globalizado e involucrado en políticas por la defensa de la democracia, han decidido no permanecer callados e indiferentes.

Para el caso de Liechtenstein, Noruega e Islandia, sin ser miembros formales de la UE, sí pertenecen al Espacio Económico Europeo (EEE), lo que ha generado una relación estrecha y de cooperación con aquella y con ello, una tradición de alineamiento voluntario con las decisiones de política exterior europea, sin tener obligaciones legales y formales al respecto.

De lo anterior, hay suficientes ejemplos en donde ese alineamiento voluntario con la UE se ha dado, sumándose a la imposición de sanciones a actores y funcionarios de otros países, como es el caso de Rusia, Bielorrusia, Venezuela, Myanmar, Nicaragua, Zimbabue e Irán.

Esta alineación diplomática debe percibirse como una demostración del compromiso adquirido, para con los valores democráticos.

Por tanto, las acciones ejercidas por estos países, hacia estos guatemaltecos, no constituyen por ningún motivo una injerencia política, como muchos quieren hacerlo ver.

En ese sentido y para quienes así desean interpretarlo, apalancándose en trilladas y absurdas narrativas, una simple y muy clara explicación puede brindárseles y esta, está basada en la lógica de entender, que dichas sanciones impuestas no buscan ni pretenden intervenir en la soberanía o la autodeterminación de los países, sino limitar derechos a determinados ciudadanos de estos.

El sentido de lo anterior es proteger los principios universales que sustentan la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, cuando estos han sido vulnerados, transgredidos y lesionados de forma reiterada y comprobada, por ciudadanos.

Son hechos innegables los abusos cometidos en este país y de ello existen pruebas suficientes, sin embargo, no ha habido, ni la fuerza ni la voluntad política suficiente, para valorarse dichas pruebas, de forma justa, independiente e imparcial.

Pero deberá quedar muy en claro, que las sanciones interpuestas por estos países no son antojadizas, ni basadas en criterios no sustentados y por ningún motivo son impuestas al Estado de Guatemala, ni a su población en general, sino aplicadas única y exclusivamente a los determinados individuos, quienes han sido tachados de ser responsables de obstaculizar procesos democráticos, actuar de forma ilegal, errática, atentando contra el Estado de Derecho y la justicia.

La UE, como comunidad de naciones soberanas, tiene el pleno derecho a decidir con quién establece relaciones, a quién permite el ingreso a su territorio y a quién sanciona por violaciones a principios internacionales compartidos.

En conclusión, calificar estas sanciones como «injerencia» es una estrategia política utilizada por quienes buscan desacreditar el escrutinio internacional y el rechazo a prácticas autoritarias o corruptas.

En esencia, esto implicará el congelamiento de activos de estas personas en la UE, la

prohibición de entrada o tránsito por territorio europeo y la imposibilidad de transferir fondos a los sancionados, por parte de ciudadanos y empresas de la UE, limitándose así, la movilidad y acceso financiero internacional para los mismos.

¿Qué implicaciones tiene esto para Guatemala? Es un hecho, que estas sanciones generan una presión política sobre instituciones como el MP y el Organismo Judicial y provocan un refuerzo en la posición del Ejecutivo, frente a los poderes tradicionales que siguen pretendido obstaculizar la justicia imparcial y la democracia en este país. Por otro lado, también desean provocar el impulso necesario para lograr las reformas legales necesarias y el fortalecimiento de la auditoría social.

Sin lugar a duda, todo lo anterior reafirma el compromiso ya existente entre la UE y estos países aliados con Guatemala, respecto a los valores democráticos globales.

Estas nuevas sanciones interpuestas a estos guatemaltecos por parte de estos otros países, provocan en Guatemala un síntoma de mucho simbolismo de grandes efectos políticos, financieros y legales, no sólo para estas personas, sino para el cumplimiento de acuerdos bilaterales entre Estados y la defensa de la democracia.

Su principal función es catalizar cambios internos en este país y reequilibrar el poder hacia una gobernanza basada en la legalidad y los derechos fundamentales.

Es importante entender que, no estamos aislados y que las lesiones y actitudes contrarias a derecho y a la democracia, deben defenderse, tanto desde adentro como desde afuera, enviándose con esto, un potente mensaje: ¡El deterioro del Estado de Derecho, no deberá seguirse tolerando!

Dichas sanciones, lejos de dañar a la nación, abren una oportunidad para la reflexión interna y el fortalecimiento institucional. Negar ese respaldo por parte de la comunidad internacional, es no querer avanzar y resistirse a ser parte de un mundo que ha suscrito acuerdos y tratados, que pretenden evitar los abusos y defender la democracia desde el exterior.

Minimizar estas decisiones, sólo aísla a Guatemala del contexto democrático global, por lo que ha llegado el momento de abandonar la retórica de confrontación y asumir con responsabilidad el daño ocasionado, entendiendo que no se puede pedir respeto a nuestra propia soberanía, si la misma se destruye, desde sus propios cimientos.

En conclusión, las acciones tomadas por estos países, son nuevamente una advertencia, pero también una nueva esperanza y dependerá de todos los guatemaltecos, como una sociedad íntegra, responder con coraje, propuesta y unidad.