El Pacto Fiscal de 2000 fue el intento más serio de Guatemala por reconciliar su política fiscal con su proyecto de nación. No se trataba de un acuerdo técnico sobre impuestos, sino de un compromiso nacional sobre cómo el Estado debía recaudar, gastar y rendir cuentas. Veinticinco años después, el balance revela una paradoja: mientras las cifras del presupuesto son más grandes que nunca, la política fiscal tiene cada vez menos propósito. Los principios que debían darle sentido —equilibrio, prioridad tributaria, racionalidad del gasto, prudencia en la deuda y control social— no se extraviaron por descuido: fueron sustituidos, uno a uno, por prácticas que los contradicen.

El Eje I del Pacto establecía que el equilibrio fiscal debía alcanzarse por el aumento de los ingresos y no por la reducción o el financiamiento artificial del gasto. El déficit, decía, debía mantenerse alrededor del 1% del PIB, con superávit corriente sostenido. El Presupuesto 2026, al igual que los de la última década, ha superado dicho valor. Para 2026 se proyecta un déficit superior al 3% del PIB, un ahorro corriente negativo, y más del 20% del gasto financiado con deuda. Es decir, se gasta más de lo que se recauda, y se hace con dinero prestado. El equilibrio que debía ser señal de disciplina se convirtió en una lejana ilusión contable.

El principio de prioridad de los ingresos tributarios del Pacto Fiscal exigía que al menos el 85% de los ingresos del Estado proviniera de tributos, garantizando sostenibilidad y autonomía fiscal. Aunque esta meta se cumple formalmente hoy, su espíritu se ha desvirtuado: el Estado depende cada vez más de deuda y de ingresos rígidos con destino específico, y menos de una recaudación respaldada por la confianza ciudadana. No sorprende que los contribuyentes resistan pagar más impuestos cuando estos no se traducen en bienes públicos tangibles. Como advertía el Pacto, sin legitimidad en el gasto, la suficiencia fiscal es inalcanzable. Subir la carga tributaria requiere un pacto social renovado, un objetivo imposible mientras el Estado priorice sostenerse a sí mismo en lugar de servir a la población.

El Eje IV, sobre el gasto público, exigía racionalidad, eficiencia y prioridad social. El presupuesto debía ser un instrumento de desarrollo, no de reparto. Hoy, el 87% de los ingresos corrientes está comprometido por leyes, mandatos y pactos colectivos, dejando apenas un margen mínimo para reasignar recursos. El gasto en remuneraciones —impulsado por pactos sindicales sin respaldo de productividad— ha desplazado la inversión pública, que representa solo el 2.8% del PIB. El resultado es un Estado que gasta cada vez más en sostenerse a sí mismo y cada vez menos en resolver los problemas de la población.

La pugna actual acerca de los fondos para los Consejos de Desarrollo simbolizan la derrota del principio de eficiencia: se descentralizó el gasto, pero no la responsabilidad. La planificación se convirtió en una suma de voluntades locales sin estrategia nacional. El Pacto imaginaba un sistema descentralizado pero coordinado, donde las inversiones locales respondieran a prioridades nacionales y contaran con evaluación social. Hoy,  el país esta a las puertas de todo lo contrario: miles de pequeños proyectos anuales, sin evaluación ex ante, sin conexión entre sí y sin rendición clara de resultados. Los recursos se pulverizan en obras de bajo impacto, mientras las brechas estructurales permanecen intactas. La descentralización se volvió dispersión; y la inversión, un catálogo de microcontratos; y la rendición de cuentas, una mera ilusión.

El Eje V, sobre deuda pública, advertía que el endeudamiento debía destinarse exclusivamente a inversión productiva y no a gastos corrientes. Hoy, el endeudamiento se usa abiertamente para pagar salarios, transferencias y programas de funcionamiento. La deuda ha dejado de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un sustituto de ingresos. Así, cada año se hipoteca parte del futuro para financiar los costos del presente. El Pacto mandaba a utilizar la deuda con responsabilidad; el presupuesto moderno la normaliza como acto de supervivencia.

Por último, el Eje VII, sobre evaluación y control, exigía un sistema de rendición de cuentas efectivo, con control legislativo, auditoría independiente y participación social. Desde hace mucho tiempo, el Congreso ni siquiera cumple, o cumple formalmente,  con su obligación constitucional de aprobar o improbar las liquidaciones presupuestarias. Las instancias de control local funcionan más como formalidades que como mecanismos reales de fiscalización. El Pacto pedía transparencia y evaluación social de la inversión; el presente es de opacidad y captura política.

En conjunto, los cinco ejes muestran el deterioro de la conciencia fiscal del país. El presupuesto ya no es el reflejo de un proyecto nacional, sino un inventario de compromisos inamovibles. Se ha pasado del ideal del Pacto —un Estado equilibrado, racional y responsable— a una maquinaria que se alimenta de su propia inercia. Recuperar esa conciencia no significa volver al año 2000, sino retomar sus principios rectores: equilibrar sin endeudarse, gastar con propósito, evaluar antes de ejecutar, priorizar lo tributario sobre lo político y rendir cuentas con transparencia. El Pacto Fiscal sigue siendo el espejo en el que se puede medir la distancia entre lo que alguna vez se considero posible en materia de finanzas públicas y la triste realidad actual. “Veinticinco años después, Guatemala ya no tiene brújula fiscal. Y sin brújula, ningún gasto, por grande que sea, se sabrá a dónde va, ni a quién sirve.