Nuevamente la aprobación del presupuesto se convirtió en un reparto a diestra y siniestra de nuestros recursos. Esa característica nociva no es nueva, pero lo sensiblemente alarmante reside, no solo en su recurrencia, sino en la proporción de un proceso convertido en piñata, donde los disfraces son tan evidentes que nadie con dos dedos de frente puede caer en la trampa de considerar que en realidad el reparto de dichos recursos traerá prosperidad y desarrollo al país.

Años atrás el presupuesto contenía algunos bolsones orientados a aceitar los engranajes de quienes correspondía, precisamente aprobar ese tipo de instrumentos. En la actualidad, el botín es de otras proporciones. Para muestra los más de 18 millardos que se adjudicaron a los famosos y cuestionables CODEDE, espacios que han perdido, totalmente, la orientación y propósitos con los cuales fueron creados en el marco de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Solo los incautos y torpes pueden concebir que, cargando más la procesión, esta recobrará el sentido original. Por el contrario, en la medida que se siga utilizando esa instancia como una de las herramientas para el reparto descomunal de los recursos, no habrá vuelta atrás y habremos perdido (si no es que ya sucedió) una oportunidad para potenciar la participación ciudadana; finalidad tirada por la borda para dar amplio espacio a la opacidad, etapa previa a la corrupción y al fortalecimiento de las estructuras clientelares y criminales (etapa final), que se enriquecen con el reparto de los recursos públicos.

Con lo sucedido, el Congreso refrenda su rol como actor central del autoritarismo legislativo, el cual se caracteriza porque el cuerpo legislativo tiene mucho poder y pocos límites. Agrupa dos factores esenciales, concentración de poderes y restricción de control, los cuales se refuerzan mutuamente y socavan el sistema de controles y equilibrios, propios del régimen democrático. La aprobación del presupuesto 2026 se ubica en el primer plano (concentración de poderes), con lo cual aumenta su propio poder. Se han valido de una de las funciones legamente establecida (artículo 171 de la Constitución Política, otras atribuciones del Congreso) para superponerse como un poder hegemónico que puede hacer lo que le dé la gana con los recursos de los guatemaltecos. De esa forma, el poder legislativo concentra poderes y autoridades en sí mismo. Utilizan para ellos, tanto medios formales como informales; para acumular más poder. El poder legislativo primero toma el poder y luego busca formalizar sus acciones mediante la serie de mecanismos de los que dispone.

El atractivo que tiene el presupuesto no lo tiene ninguna otra herramienta. Por ello, esta parte del año se vuelve relevante para los diputados, con lo cual dejan atrás cualquier diferencia, oposición o interferencia con el Ejecutivo, a sabiendas que el reparto les traerá jugosas recompensas; más cuando está ante la presencia de una administración interesada en incrementar el apetito, y al mismo tiempo, proveer de los insumos para satisfacer el hambre insaciable bajo el supuesto que aceitar los engranajes “garantiza” aquietar a las fieras; propósito político nuevamente equivocado. En la práctica, lo sucedido con las aprobaciones de los presupuestos 2025 y 2026 trae como consecuencia mayor subordinación del Ejecutivo.

Los diputados se han salido con la suya (nadie se escapa). Ha manifestado ser el poder que decide, de manera autoritaria y por tanto abusiva, ir con la suya y quebrantar totalmente el principio de representación política. El tiempo y las circunstancias nos dirán si lo sucedido les pasará factura, o si, por el contrario, quedará en la absoluta impunidad.