Lo sucedido en Huité el pasado domingo 27, en la medida que se presta día a día, al surgimiento de hipótesis, especulaciones y teorías conspirativas, genera una bola de nieve, que, de durar más tiempo, se convertirá en piedra de tropiezo; a poco más de un año de finalización del actual gobierno.

El escenario de la inicial negación de la participación de los cuerpos de seguridad ha dado paso a la corrección. Ahora sabemos que si hubo tal involucramiento, aunque los roles asumidos siguen siendo imprecisos. Lo que es evidente es que el operativo de captura de Haroldo Lorenzana fue fallido; participó un grupo especial de personas armadas con equipo y armamento que usualmente solo utilizan fuerzas oficiales de seguridad y hubo, al menos, ocho personas fallecidas. Este último punto no puede, ni debe, quedar en la impunidad. Al final de cuentas, alguien es responsable de esas muertes; que podrían ser tipificados como asesinatos extrajudiciales, si se llegase a confirmar la participación de fuerzas del Estado, cometidos en medio de un operativo “gris” o sin definición exacta y como muestra de abuso de poder (en caso de demostrarse que las personas asesinadas no tenían vínculo alguno con las estructuras criminales a perseguir). No olvidemos que el Concejo municipal manifestó que el hecho “no fue un enfrentamiento”, sino una “ intervención de un comando que ingresó a las instalaciones con uso desmedido de fuerza”.

Lo que ningún Ejecutivo puede permitirse es la generación de dudas o capítulos de incertidumbre, materia prima para que surjan los actores interesados en instrumentalizar esos vacíos. De lo contrario, agendas como la lucha contra el narcotráfico, la importancia de potenciar la presencia del Estado en los territorios, el uso y/o el poder coercitivo del Estado se ven empañados. También se pone en entredicho el tradicional “argumento” que muchos hechos armados son resultado de enfrentamientos entre bandas, carteles o rivales criminales, el cual forma parte de una narrativa simplista, que, en realidad, esconde la incapacidad o superficialidad con la que es abordada la inseguridad ciudadana.

Este caso da pie para una investigación profunda del manejo de la comunicación política, más cuando funcionarios de primer nivel contradicen sus versiones, se corrigen en el camino, intentan desdecirse para enredar más la historia. Cabe agregar, como hecho comprobable, la utilización de vehículos militares. De a poco, la historia real será develada, pero si no lo hace el gobierno, la sombra del daño será mayor. La comisión anunciada ayer, más parece orientada a bajar la intensidad del hecho que a aclarar lo sucedido. Esta duda se incrementa cuando se constata que esa instancia solo está conformada por dependencias del ministerio de la Defensa; espacio donde la transparencia y la verdad son anomalías.

En este escenario de cuestionamientos por doquier, el MP es el jugador que entra en juego para esclarecer, pronto y a detalle, lo sucedido. El abordaje adecuado del caso es una oportunidad para posicionar la nueva orientación de esa institución.  Cabe resaltar que este hecho podría echar por la borda la orientación democrática, transparente y de respeto irrestricto a los derechos humanos del gobierno.