La aprobación de la solicitud de ampliación presupuestaria por más de Q14 millardos experimenta traspiés. Incluso el centro de investigación que antes dirigió el ministro de finanzas públicas ha expresado cuestionamientos, especialmente referidos al incremento en Q1,675.0 millones en el aporte extraordinario para los CODEDE, ya que, a su criterio, la propuesta no detalla la fuente de financiamiento. Se infiere que el aporte provendría de los recursos tributarios distintos al IVA-Paz o recursos de caja. La propuesta del ejecutivo responde a una realidad: los ingresos tributarios han aumentado durante los últimos dos años, por lo que para su utilización se requiere ampliar el techo, más aún cuando el presupuesto vigente tiene el mismo monto que el de 2022.
Si la observación anterior no fuera suficiente, tal como ha sido una constante a lo largo de las últimas dos décadas al menos, los Consejos de Desarrollo siguen siendo malas ejecutoras. En lo que va de 2024, la administración central les ha trasladado solamente el 4.3% de la asignación que les corresponde para el año, pero los Consejos ni siquiera han logrado ejecutar estos recursos. Para qué crear más espacio presupuestario y trasladarles más recursos a instancias ineficientes y con gran dosis de opacidad. No olvidemos que al cuestionamiento se suma las críticas de varias bancadas, en especial, del partido VOS.
Ampliemos el lente. Tal parece que el diseño de la ampliación carece de alcance estratégico, es decir, ¿hacia dónde apunta? Ni el documento, ni las entrevistas que varios funcionarios han llevado a cabo para abordar el asunto reflejan el para qué del paquete. Ya sabemos, más por involucramiento de expertos que de los funcionarios, que más de la mitad del monto total se destinarían a compromisos de orden legal, y que, por tanto, no hay de otra, aunque sea para aumentar los recursos de instituciones actualmente dirigidas a socavar la alicaída democracia.
La otra parte de la ampliación es una entremezcla de asignaciones, planteadas de forma dispersa sin precisar las apuestas a las que se orientarían. En lugar de ello, lo deseable es aprovechar el momento político para impulsar 2-3 bolsones estratégicos que abandere la administración como emblemáticos y donde se puedan notar signos de cambios. De lo contrario, apostar por un menú amplio de desafíos implica inmovilismo. Querer entrarle a mucho es indicador de dispersión y alto riesgo de no alcanzar ningún resultado, más en las actuales condiciones precarias. La ejecución de “pushitos” no lleva a ningún lado. Claro que un proyecto de esa naturaleza implica dejar de lado una serie de promesas, muchas de las cuales tienen fundamento; pero el juego político de las posibilidades reales implica tomar decisiones que no son del agrado de muchos. Ser complaciente no es señal de liderazgo.
El Congreso recién inicia el debate de la propuesta. La viabilidad es doble: el ejecutivo necesita la ampliación para que tenga el mínimo de movilidad que necesita, y al mismo tiempo, es probable que después no tenga otro chance similar. Sin visión estratégica, el proyecto se expone al regateo, a las extorsiones y distorsiones de los destinos. Tampoco es el momento para que funcionarios se pongan los guantes y enfrenten a los tomadores de decisión; un político escoge sus batallas.
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