Da igual si el dinero viene de impuestos o deuda: si el destino está torcido, no habrá desarrollo. En su reciente evaluación del país, el FMI vuelve con su recomendación de siempre: se necesita gastar más, pero acompañando dicho incremento con “una agenda plurianual de mediano plazo con proyectos de transformación estratégica para el país (en infraestructura, educación, salud y programas sociales), con un cronograma claro de objetivos, mayor transparencia, eficiencia y calidad del gasto.” Suena bien, pero mientras no se corrija a fondo la forma en que se gastan los recursos, ni el origen del dinero ni las buenas intenciones del Fondo bastarán para cambiar el rumbo.

El caso de la educación es paradigmático en relación a la limitación práctica que afrontan los buenos deseos, como los del FMI, cuando se habla de gastar más en proyectos de transformación estratégica. Según diversos estudios del CIEN sobre el gasto en educación y resultados de aprendizaje, durante los últimos años, el país ha incrementado de manera sostenida su inversión en el sector: entre 2013 y 2019 aumentaron el gasto público en educación como porcentaje del PIB, su peso dentro del presupuesto nacional, el gasto destinado a primaria y el gasto por estudiante. Sin embargo, esto no se ha traducido en mejoras en los aprendizajes. Al comparar el gasto acumulado por estudiante con los puntajes obtenidos, Guatemala aparece por debajo de la línea de eficiencia: es decir, incluso con bajos niveles de inversión, el país está obteniendo menos resultados de los esperados, confirmando la existencia de ineficiencias técnicas graves.

Los resultados del Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) muestran que Guatemala, en pruebas estandarizadas, no solo está por debajo del promedio regional en lectura, matemáticas y ciencias, sino que además retrocedió con respecto a los puntajes obtenidos en el ciclo anterior de 2013. En lectura y matemáticas de tercer grado, más del 60% de los estudiantes no alcanzaron el nivel mínimo de competencia, y en sexto grado, el 95% de los niños y niñas no logró comprender lo esencial en matemáticas. En lectura y ciencias, los puntajes también disminuyeron considerablemente. Lo mismo ocurrió en la medición internacional PISA 2022, de la OCDE. Aunque Guatemala mostró una leve mejora respecto a su propio desempeño histórico, el 87% de los estudiantes de 15 años no alcanzaron las competencias básicas en matemáticas, el 68% en lectura y el 73% en ciencias.

La evidencia es clara: no se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo y en qué se gasta. En un sistema capturado institucionalmente por actores corporativos, como el sindicato magisterial en este caso, sin mecanismos eficaces de rendición de cuentas y evaluación del desempeño, cualquier aumento en el gasto —sea financiado por más deuda o por nuevos impuestos— está condenado a producir más de lo mismo.

Según investigaciones del CIEN y otras organizaciones, los aumentos salariales generalizados —negociados vía pactos colectivos— no han estado acompañados de ningún mecanismo de rendición de cuentas ni de mejora del desempeño dentro del sector público. Más dinero, mismos resultados. O, mejor dicho: más dinero, peores resultados. En el caso de la educación, los fondos adicionales recibidos a lo largo de los años no han servido para mejorar las condiciones básicas de aprendizaje. En Guatemala, a lo largo de los años, el gasto social no ha sido asignado con lógica de bienestar, sino bajo el código tácito del chantaje político. Por eso resulta tan preocupante que instituciones como el FMI insistan en que el camino es recaudar más para gastar más, sin hacer primero una cirugía estructural al aparato estatal. Bajo las condiciones actuales —captura gremial, pactos opacos, clientelismo institucionalizado—, ninguna reforma tributaria,  así como ningún nuevo endeudamientos garantizará mejores resultados.

En ausencia de reformas profundas, nuevos impuestos o mayores colocaciones de deuda solo alimentarán a las mismas estructuras que vienen devorando el presupuesto desde hace décadas. Se ha llegado al punto de superar el viejo dilema de ¿qué es primero: el huevo o la gallina? “Aquí ya ni hay dilema: el huevo está podrido, y la gallina hace años que dejó de poner.” Al final, más que una cuestión técnica es una cuestión de honestidad. ¿Es necesario reconocer que el problema no es la cantidad, sino la efectividad y calidad del gasto? ¿Qué sentido tiene seguir pidiendo más dinero para echarlo al mismo barril sin fondo?

Esta crítica no constituye una oposición sistemática contra el gasto público, per se. Tampoco como una defensa dogmática del déficit cero. Se trata de primero ordenar la casa, antes de trasladar más cargas a los contribuyentes, via impuestos presentes o impuestos futuros  -endeudamiento-. Exigir resultados. Castigar la impunidad presupuestaria. Solo entonces, cuando se demuestre que los recursos existentes se utilizan bien, se debería hablar seriamente de dotar de más recursos al aparato público.  Mientras el presupuesto siga siendo el botín para quienes detentan el poder político y mientras el gasto no se planifique y evalúe adecuadamente, más recursos solo significa más de lo mismo.