El aumento de los combustibles en Guatemala no se originó en una decisión del gobierno de Bernardo Arévalo. Su causa inmediata está en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las operaciones militares estadounidenses y las restricciones al tránsito por el Estrecho de Hormuz. Hablar solo de tensiones geopolíticas oculta la relación causal. No estamos ante una fuerza natural, sino ante decisiones militares que alteran las rutas de abastecimiento, encarecen el transporte y reducen la disponibilidad de combustibles.

Guatemala está especialmente expuesta porque importa la totalidad de los combustibles que consume. La Ley de Comercialización de Hidrocarburos permite que las empresas establezcan libremente sus precios. El Ministerio de Energía y Minas puede supervisar y publicar referencias, pero no fijar el precio de cada estación. Este régimen satisface al sector privado, mientras el costo recae sobre trabajadores, campesinos y sectores populares.

Reconocer el origen internacional del aumento no exonera al gobierno. El Ejecutivo no puede abrir Hormuz, detener la guerra ni reducir por decreto el precio mundial del petróleo. Bajo el régimen vigente no puede imponer precios máximos sin reformar la legislación ni eliminar por sí solo el impuesto específico o modificar el IVA. Esas decisiones corresponden al Congreso, capturado por intereses corruptos y empresariales.

Una reducción tributaria tampoco garantiza que el alivio llegue íntegramente al consumidor. En un mercado dominado por importadores, distribuidores y cadenas privadas, parte puede quedar absorbida por los márgenes empresariales. Un subsidio amortiguaría el golpe, pero no transformaría la estructura del mercado ni la vulnerabilidad frente a una guerra prolongada.

El gobierno sí puede intervenir. Debe comenzar por publicar la estructura completa del precio. No basta con divulgar promedios nacionales. Debe informar cuánto pagaron los importadores, qué costos marítimos y seguros asumieron, qué tipo de cambio aplicaron y cuáles son los márgenes de cada eslabón. Solo datos públicos y verificables permitirían descartar la especulación.

También puede investigar acuerdos empresariales, abusos de posición dominante y movimientos coordinados. La libre competencia no consiste en aceptar cualquier precio anunciado. Supone comprobar que exista competencia efectiva, acceso no discriminatorio a puertos y almacenamiento y ausencia de prácticas concertadas.

El Ejecutivo puede reducir costos administrativos y portuarios, agilizar permisos, negociar compras consolidadas y facilitar proveedores alternativos. Ninguna medida eliminará el aumento internacional, pero puede impedir que la ineficiencia y el poder monopólico lo agraven.

También puede presentar una intervención fiscal focalizada. El criterio no debería ser subsidiar por igual cada galón, sino proteger transporte público, traslado de alimentos, cooperativas agrícolas, pesca artesanal y pequeños productores. Un subsidio general beneficia principalmente a quienes más consumen. La protección popular exige transferencias temporales, bonos de transporte y compensaciones verificables para quienes se comprometan a no elevar precios.

Un subsidio al diésel puede justificarse por su relación con el transporte de mercancías, pero debe estar condicionado. Sin controles, también subvencionaría a grandes empresas logísticas, agroexportadores y corporaciones con flotas enteras. La protección del consumidor no debe convertirse en otra transferencia silenciosa al gran empresariado.

Los 48 Cantones proponen suspender temporalmente el impuesto específico a los combustibles. La medida podría producir un alivio inmediato, pero no es gratuita ni constituye una solución estructural. Parte de la recaudación financia carreteras y caminos rurales. Eliminarla podría perjudicar la infraestructura utilizada por agricultores, comunidades y transportistas. Existe además una contradicción entre rechazar subsidios porque se financian con impuestos y pedir una exoneración. El subsidio representa gasto público y la exoneración ingresos que el Estado deja de percibir. La pregunta es cuál protege mejor a la población y distribuye el sacrificio de manera menos desigual.

La oposición al etanol merece discusión, pero no debe confundirse con la causa inmediata del aumento del diésel. La mezcla obligatoria se aplica a las gasolinas, no al combustible que más incide en el transporte de mercancías. Suspenderla no resolvería el precio actual del diésel. Sin embargo, las objeciones sobre tierra, agua, monocultivos, agroindustria azucarera y soberanía alimentaria son legítimas. El etanol no es una decisión puramente técnica. Su obligatoriedad crea un mercado garantizado y redistribuye ingresos hacia productores determinados. Por eso exige transparencia sobre propiedad, contratos e impactos ambientales.

Dar 72 horas al gobierno tiene sentido como mecanismo de presión política. Obliga al Ejecutivo a abandonar su pasividad y burocratismo, explicar sus límites y presentar medidas concretas. Los 48 Cantones poseen autoridad política para exigir una respuesta ante una crisis que amenaza la producción campesina y la alimentación.

Pero 72 horas no bastan para resolver un aumento internacional, terminar una guerra, normalizar Hormuz o construir una política energética coherente y una transición justa. El plazo debe entenderse como exigencia de un plan. En ese tiempo el gobierno puede publicar la formación del precio, auditar el subsidio anterior, convocar a autoridades indígenas, transportistas y productores, anunciar controles y presentar una propuesta fiscal focalizada.

La responsabilidad histórica de Arévalo no consiste en dominar un mercado mundial que Guatemala no controla. Consiste en dejar de administrar pasivamente una vulnerabilidad creada por décadas de liberalización y dependencia. Sin reservas estratégicas, capacidad estatal de importación, transporte colectivo, ferrocarril y una transición energética justa, cada guerra reproducirá el mismo escenario. Las empresas trasladarán los costos, el gobierno improvisará subsidios y la población financiará la emergencia.

Una política de soberanía energética requiere reservas públicas, diversificación de proveedores, compras regionales, electrificación del transporte colectivo, recuperación ferroviaria, protección del pequeño productor y reducción acelerada de la dependencia fósil. Nada de esto puede construirse en 72 horas. Pero el gobierno de Arévalo se niega siquiera a comenzar esta transición energética y, con ello, ya ha renunciado a su responsabilidad histórica.