La libertad de prensa en Guatemala avanza como el cangrejo: para atrás. Es lamentable revisar las cifras mundiales y más ver como Guatemala se convierte en uno de esos países que retroceden.

En su reporte de 2026, sobre la Libertad de Prensa, la organización mundial Reporteros sin Fronteras afirma contundentemente que “en los 25 años de historia del ránking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja. Arsenales legislativos cada vez más restrictivos, que se escudan casi siempre en las políticas de seguridad nacional, erosionan desde 2001 el derecho a la información, incluso en las democracias”.

Las preocupaciones son mayores cuando se lee que el tema legal es el más preocupante, pues la criminalización de los periodistas, por cumplir con su labor informativa, es una de las que más afectan al mundo.

De 150 países analizados por la organización, donde 1 es el mejor posicionado y 150 el peor, nuestra Guatemala ocupa el puesto 128, sólo mejorando en el área posiciones como las de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Pero alejada de Panamá, Belice y Costa Rica.

Asegura el informe que más de la mitad de los países objeto de seguimiento enfrentan una situación “difícil”, algo definitivamente preocupante.

Pero aparecer mejor posicionado que otros, no debe ser un consuelo de tontos. En realidad, debe convertirse en aliciente para actuar en contra de cualquier medida que tienda a debilitar la libertad de prensa. Y es que la libertad de prensa deviene de la libertad de expresión, garantizada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y por nuestra Constitución Política en su artículo 35.

Los periodistas, al final, no jugamos más que el papel de informar a otros lo que pasa en nuestro entorno y es de interés público. Y lo hacemos porque esos otros carecen del tiempo suficiente para salir en busca de la información. Ellos cumplen otros roles dentro del juego económico social. Unos produciendo zapatos, ropa y algunos más construyendo casas, lo cual los periodistas no tenemos tiempo de ejecutar porque lo ocupamos en reportear y difundir la información que nos interesa a la mayoría para poder tomar mejores decisiones. En fin, los periodistas resultamos sólo siendo depositarios de ese derecho social es la libertad de expresión.

Pero todos sabemos que, sin temor a equivocarme, en Guatemala esa libertad está bajo la lupa del Ministerio Público (MP), esa entidad que se debe encargar de perseguir a los que delinquen pero que sólo persigue a quienes actúan en contra de sus autoridades, sus adláteres y sus protegidos.

Varios periodistas pueden dar fe de ello. No hace falta pensar mucho en quienes. Jose Rubén Zamora es un testigo viviente de esta situación. Y aunque ahora se encuentra en su casa, luego de permanecer mucho más de 1,000 días en prisión, acusado de delitos falsos pero que les permitieron amenazarlo y afectar su estado emocional y físico, continúa ligado a proceso por casos armados con el sólo propósito de perjudicarlo e intentar silenciarlo.

Juan Luis Font, otro periodista de amplia trayectoria en medios de reconocido prestigio nacional e internacional, debió emigrar y buscar asilo, pasando por México y Estados Unidos, hasta radicarse finalmente en Francia dónde lo aceptaron en calidad de exiliado político. Sí, y no precisamente perseguido por el gobierno de turno. Perseguido por lo que él mismo llama un estado cooptado por el sistema de justicia.

Podemos seguir hurgando y encontraremos otros casos como el de Marvin del Cid y Sony Figueroa, conocidos públicamente como El Combo, un mote que les pondría el mismísimo expresidente Alejandro Giammattei. Ambos trabajan juntos a través de un medio digital conocido como Vox Populi, así como su Podcast “Somos El Combo”, donde se han dedicado a publicar casos de corrupción de funcionarios de gobierno desde el período de Otto Pérez Molina, hasta la actualidad.

En fin, hay casos de casos. En la capital y en el interior del país. Y todos, sin excepción, producto de una criminalización encabezada por el Ministerio Público y sus protegidos que, juntos, son conocidos mundialmente como el Pacto de Corruptos. La mayoría de ellos sin visa para poder viajar a los Estados Unidos, al igual que por lo menos a otros 40 países. En todos los casos señalados de realizar acciones que suman al deterioro del frágil sistema democrático guatemalteco.

Este 16 de mayo se espera que en Guatemala haya cambio de autoridades en el MP. Y aunque es seguro que algunas cosas cambiarán en esa entidad, lo que no es seguro aún es que el ente encargado de la persecución penal retome su verdadero rumbo y vaya tras los malos que tanto le hacen daño a este país y no tras quienes, con sus publicaciones, ponen en la mira de la opinión pública a los que actúan contra los intereses sociales.

El pasado domingo 3 de mayo, cuando en Guatemala también se celebra el Día de los Trabajadores de la Construcción, se sumó un año más de conmemoración a la Libertad de Prensa. Esperemos que, en esta nueva vuelta al sol, el ejercicio del periodismo sea de verdad libre. Que quienes se dedican a esta noble y bella profesión puedan hacerlo sin el temor de expresar lo que sus investigaciones descubren. Pero también que aquellos que abusen de su condición y se les compruebe que publican falsedades que atentan contra la honorabilidad y la dignidad de terceros, seas castigados conforme la ley lo mando y no conforme se les ocurra a los corruptos.

Visto está que aquí en Guatemala hay quienes amenazan sin tapujos a quienes, curiosamente, son perseguidos luego por el MP y castigados por jueces sin escrúpulos. Y es que hasta hay quienes anuncian con horas de antelación, a quienes se perseguirá y encarcelará.

Esas no son señales de un ente que actúe legalmente correcto y mucho menos de un país que aspire a llamarse democrático.

No obstante, el cambio que se avecina es esperanzador y permite pensar en la posibilidad de que Guatemala logre una mejora en el ránking de la Libertad de Prensa para la actualización del informe 2027.