Gabriel García Luna, el Fiscal General designado de Guatemala, hereda un desafío interesante. Se podría decir que está navegando entre expectativas muy bajas y necesidades estratosféricas. Por un lado, la persona a la que sucederá dejó el listón notoriamente bajo en cuanto a eficacia fiscal e integridad demostradas. Por otro lado, ella —y una serie de intereses decididos a cooptar el sistema judicial— causaron un daño incalculable a la institución, el cual tendrá que ser abordado.

Sea lo que sea que haya en su corazón o en su pasado, la historia de origen inmediata de García Luna es accidentada. Surgió de un proceso de evaluación formalista y muy disputado, y de una votación de la comisión que, para bien o para mal, ignoró selectivamente los resultados de dicha evaluación. El sistema de selección judicial, concebido originalmente como una reforma, ahora parece cautivo de acuerdos políticos (o incluso de conspiraciones), inadecuadamente encubierto por un sistema de puntuación de méritos curiosamente reacio a evaluar realmente el mérito. En consecuencia, la mayoría de los analistas interpretan el resultado en términos enteramente políticos. La relativa falta de indignación entre los comentaristas sugiere que los precedentes los han preparado para esperar algo como esto, o peor.

El Presidente que lo eligió de entre los finalistas hizo un llamado impersonal a «una estrategia para recuperar la Fiscalía General y establecer un Ministerio Público que cumpla efectivamente con sus funciones según lo establecido en la Constitución y la ley…». Pero dados los vicios que rodearon el proceso de selección y las sugerencias nada infrecuentes de que García Luna era solo la opción menos mala entre un puñado de píldoras envenenadas, es muy probable que su primer trabajo sea establecer su credibilidad individual. (En medio de ruinas humeantes, colóquese su propia máscara de oxígeno antes de atender a los demás).

García podría comenzar reconociendo la gravedad de las preocupaciones planteadas por la sociedad civil guatemalteca, la OEA y el sistema de la ONU, así como por los más de 40 países que aprobaron sanciones contra la Fiscal General saliente y muchos de sus aliados. Puede establecer algunas prioridades inmediatas y comprometerse con la transparencia. Con el tiempo, el Fiscal General debería desarrollar una estrategia de persecución penal razonada, pero simplemente con señalar de manera creíble un mandato de «discontinuidad positiva» respecto al pasado inmediato, podría ganar un respiro mientras enfrenta los inminentes desafíos institucionales. (No tendrá mucho margen ni tiempo: los acontecimientos sugieren que, incluso en sus últimas horas, los excesos del Ministerio Público continúan).

Incluso una lista de necesidades a corto plazo resulta extensa. Algunas de estas implican cambios en las políticas y prácticas que pueden lograrse en gran medida a través de un liderazgo interno fuerte. Otras requerirán un análisis más profundo y reformas estructurales internas. Y aún hay otras que exigen acción legislativa o ejecutiva, las cuales el Fiscal General podría defender públicamente: presionando y quizás avergonzando a quienes están comprometidos con el statu quo.

Entre los posibles primeros pasos:

1. Revisar y rechazar la criminalización politizada. Los cientos de casos politizados y pobremente documentados son típicamente investigaciones lentas o estancadas diseñadas para neutralizar a críticos y adversarios. No se debe permitir que estos casos y sus efectos nocivos perduren; si alguno tiene mérito, que proceda a juicio; pero todos deben ser revisados con miras a resolverlos de manera expedita. Aparte de corregir injusticias específicas, esto podría revertir la fuga de cerebros profesionales de exiliados de las instituciones de justicia y del ejercicio de la abogacía en Guatemala, así como el efecto paralizante sobre quienes permanecen en sus cargos.
2. Revisión de los casos de corrupción. La comisión nacional anticorrupción ha parecido tan frustrada por la inacción de la fiscalía que optó por resaltar los datos sobre el creciente retraso entre cientos de casos remitidos: el equivalente interinstitucional a una acusación formal contra el Ministerio Público. Los «cargos» decían: 420 casos denunciados, y en el sistema de justicia penal 365 aún pendientes, 80 rechazados, 15 archivados, 9 completados. Una media de 546 días sin resolución, con investigaciones abrumadoramente en la fase inicial. Casi Q2 mil 500 millones en fondos públicos implicados. Como mínimo, el fiscal general le debe al público un informe de situación para demostrar un intento serio de reactivar los esfuerzos de rendición de cuentas. Una revisión imparcial y expedita podría ayudar a identificar los cuellos de botella y determinar si hay casos que requieran atención urgente para evitar la prescripción, o si deben ser rescatados del archivo temporal, y cuáles están mejor posicionados y ameritan el esfuerzo para seguir adelante.
3. Aumentar las posibilidades de recuperar los fondos públicos robados. Poner fin a la práctica de aislar al Procurador General de la Nación, fomentando aportes colaborativos que puedan respaldar las resoluciones posteriores a la condena sobre el alcance de la restitución.
4. Imponer controles más estrictos sobre la desestimación y archivo de casos, que estadísticamente fueron la mayor forma de impunidad bajo el mandato de la actual Fiscal General. Se podrían exigir y revisar rigurosamente las justificaciones por escrito, mientras que las reglas existentes que requieren notificar a las víctimas y obtener autorización judicial deberían aplicarse fielmente.
5. Poner fin a la denegación excesivamente restrictiva de las solicitudes de transparencia de la información y proporcionar datos más comprensibles. Los anexos estadísticos en los informes anuales de la institución podrían reorganizarse para presentar los datos de una manera que ofrezca una mejor visión general de los avances y desafíos en la persecución del delito.

Un segundo nivel de desafíos implicará diagnósticos internos más profundos de los componentes institucionales, comenzando por las estructuras de liderazgo en funciones que definieron o implementaron las políticas y prácticas previas. Otros han señalado a las sensibles unidades de escuchas telefónicas, antinarcóticos y crimen organizado, que son a la vez críticas para el éxito y susceptibles a graves abusos, así como a una infiltración paralizante por parte de intereses criminales. Además:

6. Determinar la realidad detrás de la presencia nacional del servicio de la Fiscalía, evaluando la dotación de personal y la operatividad general de las oficinas departamentales. Impulsada por enormes aumentos presupuestarios, Consuelo Porras pregonó el establecimiento de sedes en cada Departamento y su presencia a nivel nacional. Su capacidad y eficacia han sido ampliamente cuestionadas, y las organizaciones de derechos humanos señalan casos de persecución selectiva o políticamente motivada contra activistas anticorrupción.
7. Evaluar la seguridad de los datos y la integridad investigativa. El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y otros exfiscales han afirmado que los equipos de investigación fueron desmantelados y las investigaciones frustradas. El estado de los archivos relevantes y la seguridad de los datos que contienen son preguntas abiertas. ¿Están protegidos? ¿Cuánto se ha filtrado, comprometido o destruido?

Gran parte de lo que da forma a los desafíos que enfrentan tanto García Luna como Guatemala está más allá de su autoridad directa. Esto incluye el escándalo actual de los procesos de evaluación y selección de elecciones secundarias, y la maquiavélica inclusión de facultades de derecho «de papel» en el proceso. Los desafíos del entorno en la cultura política, como la excesiva judicialización de la política en Guatemala, la inconsistencia judicial en asuntos jurisprudenciales críticos y el auge de la guerra jurídica (lawfare), socavan la credibilidad de todo el sistema legal, incluido el Fiscal General.

Existen algunos asuntos determinados externamente que, sin embargo, deberían formar parte de su defensa de las reformas necesarias:

8. Una verdadera rendición de cuentas para el Fiscal General. Actualmente no existe una revisión independiente de las posibles conductas delictivas del Fiscal General, a pesar de que existe un requisito de base constitucional que exige una condena para su destitución. La creación de un mecanismo de fiscalía independiente puede evitar el estancamiento constitucional que marcó el enfrentamiento entre Arévalo y Porras y que prácticamente garantizó la impunidad de esta última.
9. Apoyar una evaluación significativa del desempeño institucional. Los últimos cuatro años se han caracterizado por tuits interesados y engañosos sobre niveles récord de eficiencia por parte del Ministerio Público, los cuales ocultaron al público el fracaso masivo en la investigación de delitos. Esto implicará tener capacidad para la recopilación y el análisis estadístico, así como desarrollar modelos viables de evaluación cualitativa. Si se hace de manera adecuada, no solo puede informar al público, sino también señalar el camino hacia una mejora interna continua.

Como Fiscal, es muy posible que García Luna supere las expectativas iniciales. Incluso si lo hace, no podrá abordar todo lo que obstaculiza a su institución, ni siquiera con la ayuda de otros actores. Simultáneamente, tendrá que centrarse en las prioridades que puede controlar, mientras utiliza su plataforma pública para delinear una agenda correctiva más amplia para esta y la próxima administración. Tendrá que demostrar una voluntad y una capacidad extraordinarias si desea dejar una huella duradera en una institución tan profundamente manchada.