El caso del plagio en la tesis doctoral de Consuelo Porras no es un asunto meramente académico. No es solo un problema de ética universitaria ni una controversia formal sobre normas de citación. Es, más bien, un síntoma estructural de la crisis orgánica que atraviesa la academia guatemalteca, así como el Estado guatemalteco y de las maniobras de supervivencia de una casta de corruptos/as que, consciente de su desgaste histórico, intenta preservar poder e inmunidad a toda costa.

Desde nuestra revelación del plagio cometido por Consuela Porras en su “tesis doctoral” hasta el presente, diversas investigaciones periodísticas han documentado que la tesis doctoral de Porras contiene extensos fragmentos copiados sin la debida atribución. Sin embargo, ni la propia Porras ni la Universidad Mariano Gálvez han rendido cuentas. La universidad, que debería haber iniciado un proceso serio de revisión académica y eventualmente revocado el grado, ha optado por el silencio. Ese silencio institucional no es neutro. Es político. Es una forma de blindaje corporativo que favorece a la casta de corruptos/as que ahora constituye el núcleo turbio del Pacto de Corruptos.

En cualquier sistema académico mínimamente funcional, un caso de plagio comprobado en una tesis doctoral implicaría la revocatoria del grado. Pero en Guatemala, con una academia en verdadera crisis institucional, el título no parece depender de la producción intelectual, sino de la pertenencia a redes de poder. El doctorado, en este contexto, deja de ser un reconocimiento académico para convertirse en un dispositivo simbólico de legitimación.

Lo mismo ocurre con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). A pesar de las sanciones internacionales contra Porras, del uso sistemático del Ministerio Público como herramienta de persecución política y del señalamiento de plagio, el CANG no ha procedido a revisar ni mucho menos a revocar su colegiatura. La omisión no es casual. El colegio profesional forma parte del entramado que sostiene al llamado “Pacto de Corruptos”, esa constelación de actores que han capturado las instituciones clave del sistema judicial. Si no hay una ruptura clara con Porras, no hay una ruptura clara con la casta corrupta.

Aquí no estamos ante una anomalía individual, sino ante una red de protección mutua. Universidad, colegio profesional, operadores judiciales y sectores políticos convergen en un pacto de silencios que se refuerzan mutuamente y debilitan hasta la raíz todos los mecanismos de rendición de cuentas que supuestamente existen en un Estado de derecho y una democracia liberal.

En este contexto debe leerse la serie de maniobras recientes de Porras. Su intento de postularse como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), primero a través del Consejo Superior Universitario (CSU) y luego mediante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no es un gesto institucional ordinario. Es una estrategia de impunidad y de blindaje.

Al fracasar su intento con el CSU, en parte debido a su división con Walter Mazariegos, recurrió a una nueva vía de postulación. Paralelamente, se ha promovido la posibilidad de un insólito tercer período al frente del Ministerio Público, pese a que el presidente Bernardo Arévalo ha dejado claro que no la designaría nuevamente.

Esta multiplicidad de candidaturas no es expresión de vocación de servicio público. Es la manifestación de una lógica de autopreservación. Ante un horizonte cada vez más probable de rendición de cuentas, nacional o internacional, la prioridad es asegurar inmunidad. El cargo como escudo. La magistratura como trinchera.

Desde la teoría de la articulación democrática, podríamos decir que el poder instituido, cuando pierde hegemonía social, se repliega hacia el control de los dispositivos jurídicos que garantizan su reproducción. Ya no se trata de convencer; se trata de bloquear.

El plagio en la tesis doctoral es, en este sentido, más que un acto individual de deshonestidad. Es una metáfora del propio régimen. Copiar sin citar. Apropiarse sin reconocer. Usurpar autoridad simbólica sin legitimidad real. A eso están acostumbrados los/as ideólogos de la corrupción. Y eso quieren reproducir con o sin el consentimiento de sus seguidores idiotizados.

Así como la tesis reproduce textos ajenos sin atribución, el régimen reproduce discursos de legalidad, un relato de la posverdad hecho a la medida de la mentira, mientras vacía de contenido el esquelético Estado de derecho que apenas subsiste en Guatemala. Se invoca la ley para violarla. Se invoca la institucionalidad para corroerla. Se invoca la justicia para perseguir. Se invoca la paz para hacer la guerra jurídica.

El Ministerio Público bajo la dirección de Porras no se caracterizó por fortalecer la lucha contra la corrupción estructural, sino por revertirla. La persecución de fiscales independientes, el exilio de operadores de justicia, la criminalización de periodistas y activistas no fueron excesos aislados. Fueron parte de un proyecto de restauración.

Un proyecto que, como hemos señalado en otros textos, puede leerse como una contraofensiva restauradora tras el ciclo abierto en 2015 con las movilizaciones anticorrupción. Si 2015 representó una fisura en la hegemonía oligárquica, los años posteriores consolidaron una respuesta que buscó cerrar esa grieta mediante la captura sistemática de las instituciones y la persecución espuria y perversa de quienes tuvieron el coraje de levantarse en nombre de la democracia y la rendición de cuentas.

La división entre Walter Mazariegos y Consuelo Porras no debe interpretarse como una fractura ética dentro del sistema. No estamos ante una disputa por principios, sino ante una recomposición interna del bloque dominante dentro del Pacto de Corruptos.

El llamado Pacto de Corruptos no es un actor homogéneo. Es un ensamblaje oscuro y contingente de intereses que, como toda alianza hegemónica, experimenta tensiones internas. Cuando los equilibrios se alteran, por presiones internacionales, por cambios en el Ejecutivo, por reconfiguraciones electorales o por tensiones ideológicas, emergen disputas por cuotas de poder e influencia.

La pugna entre Mazariegos y Porras sugiere precisamente eso, un reacomodo de fuerzas de cara al proceso electoral de 2027. Controlar la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público no es un fin en sí mismo. Es la condición para moldear el terreno electoral y constitucional.

Desde una lectura gramsciana, podríamos decir que el bloque en el poder está transitando una fase de ajuste estratégico ante una profunda crisis de legitimidad. No puede gobernar con consenso amplio, pero tampoco puede permitirse perder el control de los aparatos coercitivos y judiciales. Por eso la lucha se concentra en las instancias que definen candidaturas, interpretan la Constitución y procesan denuncias.

El trasfondo de estas maniobras es claro, a saber, la conciencia de un futuro judicial incierto. Cuando el control absoluto del Ministerio Público ya no está garantizado, cuando la legitimidad internacional se erosiona y cuando incluso aliados internos se distancian, el cálculo cambia y los intereses se reajustan.

La búsqueda de cargos con inmunidad revela que quienes han ejercido el poder saben que su margen de impunidad no es eterno. Es la política del “después veremos”, pero asegurando que ese “después” ocurra desde una posición protegida y bien blindada.

Aquí se abre una pregunta más amplia sobre la responsabilidad institucional. ¿Qué significa que una universidad no revise un caso de plagio tan visible y patente? ¿Qué significa que un colegio profesional no actúe ante sanciones internacionales y señalamientos graves? ¿Qué significa que Comisiones de Postulación que saben perfectamente del plagio académico, de grados académicos ficticios, de sanciones internacionales y de completa falta de idoneidad para los cargos, de todos modos acepten en sus listas a esas candidaturas obviamente podridas? Significa que la crisis no es solo del Ministerio Público o el sistema de justicia. Es una crisis sistémica y general.

Las instituciones que deberían funcionar como contrapesos operan como engranajes de protección.

Desde nuestro enfoque de articulación democrática, la clave no está solo en denunciar la corrupción, sino en comprender la configuración estructural que la hace posible. Estamos ante una crisis orgánica en la que el viejo bloque dominante no logra restaurar plenamente su hegemonía, pero tampoco emerge aún una alternativa democrática articulada capaz de reconfigurar el campo institucional y llevar al nacimiento de lo nuevo.

El plagio de Porras y la ausencia de consecuencias revelan la desconexión entre legalidad formal y legitimidad social. Las “partes que no tienen parte”, las víctimas de la persecución judicial, los fiscales exiliados, los periodistas criminalizados, la ciudadanía que exige transparencia, quedan fuera del circuito decisional. Su experiencia no cuenta. Mientras tanto, la casta de corruptos disputan cargos que aseguran blindaje y perpetúan la impunidad.

La pregunta estratégica es cómo transformar esta crisis en oportunidad democrática. No basta con esperar la caída de figuras individuales. Se requiere una articulación amplia que conecte demandas por justicia académica (y no solo en la USAC), independencia judicial y reforma institucional en un proyecto democrático coherente. Porque el problema no es solo que una fiscal general haya plagiado su tesis y se haya salido con la suya hasta el presente. El problema es que el sistema entero ha normalizado la apropiación ilegítima del conocimiento y del poder.

De cara a 2027, el control de las instituciones judiciales y constitucionales será decisivo. No se trata únicamente de quién gane una postulación o una elección, sino de quién define las reglas del juego, quién valida candidaturas y, más seriamente, quién interpreta la Constitución.

La recomposición interna del bloque corrupto y conservador indica que la batalla no está resuelta. La ruptura entre actores que antes actuaban coordinadamente muestra que el equilibrio es inestable. Pueden ser derrotados.

En ese intersticio se abre un espacio político. Pero solo será aprovechable si se logra articular una alternativa que combine ética pública, reforma institucional y movilización democrática sostenida, amplia y participativa. Iniciativas de grupos pequeños y de arriba hacia abajo no son un sustituto para una articulación democrática. Al contrario, son uno de sus obstáculos.

Repitamos. El caso Porras no es un episodio aislado. Es un nodo en una red de poder que busca perpetuarse. Denunciar el plagio es necesario. Exigir la revocatoria del grado académico y la revisión de su colegiatura es indispensable. Pero más importante aún es comprender que estas demandas forman parte de una lucha más amplia por redefinir las bases mismas de la institucionalidad y la democracia guatemalteca.

La pregunta no es solo si Porras conservará inmunidad. La pregunta es si Guatemala podrá romper el ciclo de captura institucional que convierte el poder en refugio y la ley en arma. Ahí se juega, en última instancia, el sentido y la dirección de la democracia.