Pareciera que las malas noticias, o aquellas que se cuentan de boca en boca, son las más llamativas y posiblemente las que más convienen para tratar de polarizar avances. En este país aún hay muchas cosas malas, pero también hay avances reales, que pasan inadvertidos o se relegan a un simple párrafo.

El tema de la lucha anticorrupción encaja perfectamente en lo anterior y sería absurdo aceptar que esta avanza en gran medida. Pero también es justo reconocer que existen cambios sustanciales, que, por diversas causas, aún son imperceptibles.

El mal de la corrupción no nació ayer. Es la piedra angular que sustenta un sistema que lleva más de 25 años incrustado en la administración pública y ojo, también en la privada, operando con impunidad y absoluto cinismo.

Pretender que un gobierno erradique en dos años este inmenso monstruo, francamente es imposible. Por supuesto que estamos cansados de que esto sea una excusa, pero también es importante reconocer, que cuando esto se entiende más allá del titular y cómo funciona un sistema podrido desde décadas, la excusa deja de serlo tanto y cobra un poco de sentido.

El simple hecho de impulsar reformas, fortalecer y digitalizar procesos y aumentar la auditoría social, para asegurar la transparencia, ya es un indicador de un avance que pretende poner el primer pie para consolidar el segundo en una estrategia que construya un sistema anticorrupción, que sea difícil de desimplementar por los gobiernos subsiguientes.

En días recientes, un medio digital de comunicación, por cierto, de poco alcance en su difusión, publica una reciente investigación que realizó, en donde se descubren alrededor de nueve empresas fantasma, las cuales supuestamente operaban tras la fachada de una venta de chocobananos. Todo al estilo del caso B410, mismo que, por cierto, aún sigue impune.

Todo esto deja muy en claro que ese tipo de corrupción sigue altamente entrelazado y latente con esa corrupción que ha operado en el país por décadas y que no logra aún erradicarse a pesar de los esfuerzos que se están realizando.

Lo que sí llama la atención y se lamenta, es que, hechos como estos, que de sobra sabemos que no son nuevos y siguen siendo incluso una línea misma de corrupción, no se investigaron y mucho menos se publicaron antes, por medios como estos. Me refiero a haber colaborado o investigado el caso B410, cuya línea y fórmula es prácticamente la misma.

Se supone que la corrupción no sólo debe ser investigada y atacada por las instituciones gubernamentales, sino por toda la ciudadanía, periodistas investigativos y medios de comunicación y resulta muy lamentable que sólo, medios como este lo publiquen y se haga alarde de ello.

¿Será que influye los sesgos ideológicos, de dichos medios de comunicación, contrarios a los del gobierno, como para no haber realizado desde hace mucho tiempo, investigaciones análogas a esta?

Se supone que el combate a la corrupción no tiene ideología y que si ésta existe y se evidencia todos los medios de comunicación deben no solo investigarla, sino publicarla y por supuesto sumarse a esa lucha para poder erradicarla.

¿Cuál es el verdadero propósito de estas investigaciones recientemente realizadas por este medio digital: atacar la corrupción o al actual gobierno?

Finalmente estamos claros que estos hechos no son nuevos y que llevan años operando y que sería mucho más fructífero develarlos y unirse realizando grandes esfuerzos, para que los mismos sean reducidos a su mínima expresión.

Debemos tener claro que la finalidad de realizar y dar a conocer investigaciones de corrupción como estas no debe ser desestabilizar, polarizar y desacreditar, sino reordenar el sistema corrupto que opera desde adentro, poniendo a disposición esa información, así como todos aquellos esfuerzos para que esto que hoy sucede, sea el legado de muchos años que pueda culminar en poner los primeros pasos en pro de un sistema fuerte y sólido que ataque a la corrupción.

Finalmente, la ciudadanía responsable debe agradecer investigaciones como estas, pero no para atacar sino para enterarse, contrastar información y sobre todo luchar por la transparencia.

La labor de los ciudadanos no es tomar partido sino incrementar sus fuentes de información, contrastarlas y sobre todo activarse para minar este mal.

El Ministro de Finanzas Públicas, precisó que las empresas señaladas en el reportaje de ese medio digital de comunicación, fueron inscritas entre los años 2007 y 2023 en el Registro Mercantil y registradas en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) entre los años 2019 y 2023, es decir, antes del inicio del actual Gobierno.

Así mismo ese funcionario dio a conocer que entre los años 2009 y 2023, dichas empresas recibieron adjudicaciones por más de Q440 millones, mientras que entre 2024 y 2025, bajo la gestión actual, ese monto se redujo considerablemente a la cantidad de Q85.4 millones.

Agregó también que el 87.1% de esas adjudicaciones corresponden a empresas portuarias y no al Gobierno Central, cuyos representantes votaron en contra de algunos de esos procesos, considerando que las recomendaciones de las juntas de licitación no eran procedentes.

En este mismo sentido, se pudo observar que el arriba mencionado ministro, procedió a desmentir que la coincidencia de domicilio comercial entre algunas de las empresas implique ilegalidades, recordando que la normativa vigente no lo prohíbe y que las verificaciones de dirección no corresponden al RGAE.

Por último, también aseguró, que la actual administración ha remitido 16 informes circunstanciados y ha presentado 10 denuncias ante el Ministerio Público por falsificación o alteración de documentos en procesos de inscripción de proveedores.

Por su parte el presidente Arévalo descartó que el Gobierno haya tenido participación alguna en la eliminación de dicho reportaje colgado en YouTube, como fue insinuado por el mismo medio y llamó a la responsabilidad periodística, recordando que en Guatemala sí existen casos reales de censura y persecución contra periodistas, pero que, atribuir censura sin pruebas, sólo beneficia a las redes de corrupción.

En consecuencia, quien queda en el centro de todo esto es la población, encontrándose atrapada entre información y desinformación, sin poder tener claridad de qué es verdad y qué es mentira.

Por ello y en base a todo lo leído e investigado, invito a la ciudadanía a tener la mayor claridad posible, buscando la sensatez, sin pasiones y sin extremismos, evitando así caer en manipulaciones de sectores que finalmente lo único que buscan es convertirla en una caja de resonancia orgánica que les replique sus mentiras o sus posibles verdades a medias.

La investigación y develación de casos como este confirman lo que todos sabemos: la corrupción aún opera y no se ha erradicado. Ésta sigue incrustada en lo público y en lo privado, por lo que en lugar de volcarnos todos contra todos, sería importante activarse más allá de lo que creemos que es activismo, para no sólo romper con la corrupción sino con la desinformación y por ende la manipulación qué pretende descalificar gobiernos en lugar de consolidarlos.

En la medida que un gobierno tenga éxito, también lo tendremos nosotros.

Es urgente agilizar la formación de las unidades de probidad sugeridas, trabajadas y verificadas por la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y por su parte lograr impulsar leyes pendientes, como la Ley de Beneficiarios Finales, la Ley de Protección a Denunciantes (Whistleblowers), Ley de Lavado de Dinero, entre otras.

El desafío no es demostrar que las cosas van bien, sino lograr que sigan mejorando no por este gobierno ni por el que venga, sino por todos los ciudadanos comprometidos que están llamados a construir un país en beneficio de nosotros mismos.