Cambian los decretos, los ministros y los lemas oficiales, pero el libreto permanece intacto. Cada noviembre se repite el mismo ritual: el Ejecutivo presenta un plan de gasto “histórico”, el Ministerio de Finanzas promete responsabilidad fiscal y mayor inversión, los tanques de pensamiento y el sector privado advierten sobre el déficit y la deuda, y el Congreso aprueba el presupuesto de madrugada, por urgencia nacional y sin mayor debate.

El texto que sigue no es nuevo. Es un collage de columnas escritas en distintos momentos a lo largo de los últimos veinte años sobre el presupuesto del Estado, ensambladas casi sin retoques. Al releerlas a la luz de la aprobación del Presupuesto 2026, la sensación es inquietante: podrían haberse escrito ayer.

Durante dos décadas se ha insistido en que el problema central no radica en un número concreto, sino en la brecha estructural entre lo que se quiere gastar y lo que realmente puede recaudarse sin fantasías tributarias. Hoy, una parte importante del presupuesto sigue financiándose con deuda y saldos de caja, mientras casi el 70 % del gasto continúa destinado a funcionamiento. La discusión pública permanece atrapada entre quienes celebran “mayor inversión social” y quienes solo observan el déficit, sin cuestionar el mecanismo político que reproduce, año tras año, el mismo tipo de presupuesto.

Revisar críticas antiguas al uso discrecional del gasto y encontrarlas nuevamente en el dictamen más reciente resulta frustrante: asignaciones millonarias para ONG escogidas políticamente, ampliaciones de última hora a los Consejos de Desarrollo y proyectos introducidos “a dedo” cuya urgencia nadie justifica. El presupuesto sigue siendo la herramienta favorita para aceitar clientelas territoriales y recompensar lealtades legislativas, no para cerrar brechas de infraestructura o servicios.

Colocar las críticas actuales junto a las de hace diez o veinte años deja ver que cuesta distinguir unas de otras. Entonces se advertía sobre déficit alto, poca inversión, opacidad en las reasignaciones y uso clientelar del presupuesto. Hoy se repite el mismo rosario: techo de gasto en ascenso, inversión que no despega, deuda al alza, reparto discrecional de recursos y un Congreso que aprueba de urgencia un documento que pocos han leído, salvo el diputado que, entre murmullos, “leyó” al pleno lo que se estaba aprobando.

A lo largo de todo este tiempo también se ha señalado que el verdadero escándalo del presupuesto no es su tamaño, sino sus resultados. Año tras año, miles de millones se destinan a programas cuya lógica nadie entiende, con indicadores defectuosos, metas irreales o desconectadas de los problemas que dicen atender. Abundan los discursos sobre “calidad del gasto” y “gestión por resultados”, mejoran las presentaciones y se multiplican las matrices, pero la estructura de incentivos del Estado sigue orientada a ejecutar dinero, no a resolver problemas. La prioridad es gastar, no producir efectos verificables en la vida de la gente.

A esto se suma un chantaje persistente: advertir que, sin más gasto, habrá menos maestros, menos médicos y menos policías; o que sin más deuda será imposible cubrir lo “prioritario”. Nunca se reconoce lo obvio: el problema no es falta de recursos, sino falta de voluntad para eliminar rubros prescindibles, recortar gastos superfluos y cerrar partidas injustificables. Cambian las consignas, pero no la lógica. Mientras algunos celebran que el presupuesto “refuerza” sectores sociales, otros alertan sobre el endeudamiento, la opacidad y el crecimiento del clientelismo. La pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué las tijeras nunca pasan primero por lo innecesario?

Este collage funciona, sin proponérselo, como evidencia de que el problema no está en un presupuesto particular, sino en el modelo político-presupuestario que lo produce. Un modelo que premia lealtades antes que capacidades, que trata el presupuesto como botín y no como contrato con los ciudadanos, que habla de prioridades pero se niega a recortar lo prescindible. En esas condiciones, importa poco si el techo es de Q100 o Q163 mil millones: mientras no cambie la forma de decidir en qué, cómo y para qué gastar, los resultados serán los mismos.

Al final, queda claro que el tiempo pasa, pero la película no cambia. El presupuesto crece, se moderniza el lenguaje técnico y se multiplican los discursos, pero los resultados en bienestar, servicios y oportunidades no acompañan ese crecimiento. Cada noviembre se aprueba un presupuesto gastado: gastado porque se ejecuta, y gastado porque se repite sin variaciones, una y otra vez. Mientras nada cambie, quienes hoy levantan la voz en 2026 no tendrán más opción que repetir mañana exactamente lo que han dicho durante décadas. Y nadie notará la diferencia.