No es cosa menor que la mayoría de los integrantes de la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad se alejen, de manera peligrosa, del sentido y propósitos por las cuales fue creada esa institución. Venimos de varias cohortes donde esa orientación se ha desviado, de manera creciente. A tono de lo que está en juego en el conjunto de las elecciones del año en curso, se esperaba, quizás con exceso de positivismo, que esta nueva integración se tradujera en un alto a los desmanes que han propiciado el vaciamiento y debilitamiento de esa corte.

Sin embargo, los aires esperanzadores se han diluido rápidamente. Las designaciones hechas por las cinco instancias estuvieron cargadas, al menos en tres de ellas, por el juego de los intereses perversos; y de esa cuenta, la correlación final se pintaba, en el papel, como contraria a lo deseable para buena parte de los ciudadanos deseosos porque las instituciones no sean guaridas de operadores de intereses funestos, o bien, dominios reservados para el protagonismo de agendas que poco o nada tienen que ver con los intereses colectivos.

Ahora, en la práctica, las primeras resoluciones y actos de la CC no solo corroboran lo anteriormente expuesto, sino que agravan el escenario. El voto de respaldo a la fraudulenta elección del rector de USAC no solo pone en evidencia el sesgo de la mayoría de los magistrados en defensa de actores delincuenciales, sino que, además, marca una peligrosa senda para lo que resta de su mandato, para el devenir de las siguientes resoluciones constitucionales, y en general, para todos aquellos que, en lo sucesivo, requieran de la CC.

Tal parece que, ante el cambio de rumbo que se presagia en el MP, la CC quiere instalarse como la instancia de relevo defensora de las artimañas y promotora del uso discrecional de las leyes. Cabe sumar otros actos cuestionables de integrantes de la Corte, como la intención del magistrado Molina B. de laborar de manera virtual (porque se tienen otras ocupaciones), o bien, conocer un expediente donde se evidenciaba conflicto de interés (la magistrada Rivera participó en un fallo relacionado con un amparo que cuestionaba su designación).

El retroceso en la gestión de la CC es grave, profunda y exponencial, más si sumamos lo sucedido en ese órgano en las últimas magistraturas. La acumulación de esos precedentes ha marcado, al igual que lo que ocurre a todo lo largo y ancho del sistema de justicia, en el marcado y creciente interés de varias generaciones de “profesionales del derecho” de formar parte de ese submundo. Sin embargo, cabe destacar el creciente interés de otros en revertir esa peligrosa senda y poner alto a los desmanes que, en nombre de la justicia, se siguen haciendo en el país.  

Sin embargo, así las cosas, estamos lejos, más de lo pensado, de recobrar la confianza (omito plena) en las instituciones. Por el contrario, la degradación continúa. Está por verse lo que suceda con la elección del próximo Contralor General de Cuentas, pero desde ya no se vislumbra un escenario que permita la reconducción del órgano responsable de fiscalizar la administración de los recursos públicos.