El presidente Bernardo Arévalo ha decidido hacer mutis frente a situaciones críticas del país: durante mucho tiempo fue un observador pasivo de la criminalización dirigida por la hoy exfiscal general Consuelo Porras contra sus propios funcionarios y contra las autoridades indígenas; se ha quedado callado ante la crisis de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que ha sido cooptada por Walter Mazariegos, dos veces electo mediante fraude; y ha guardado un insoportable silencio ante el exilio guatemalteco, que se desangra en la más vil parálisis institucional.

En 2023, la sociedad guatemalteca liderada y arropada por los pueblos indígenas le arrebató la democracia a un grupúsculo criminal que operaba desde el Ministerio Público (MP), pero cuyos tentáculos se extendían en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al poder económico dominante, que brindó protección a Porras hasta el último día de su mandato.

Cuando el MP quiso armar su narrativa de fraude y secuestró las actas electorales, que constataban que la elección de Arévalo era una decisión soberana, la ciudadanía también estuvo ahí para defender el voto y reiterar la confianza que habían depositado en la figura del presidente. 

La ciudadanía le demostró a Arévalo (y al mundo) que la democracia se defiende con decisiones, no con parálisis. Alzando la voz, no atrincherándose en el más cobarde silencio. Pero parece que el presidente no aprendió nada. 

Mañana se presenta en Guatemala el informe La verdad del exilio, Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025), un estudio profundo que no se limita a documentar los casos de personas exiliadas, que los hay muchos, sino que analiza las consecuencias, no solo individuales, sino sociales de la criminalización y el desarraigo. El documento fue coordinado por Casa Centroamérica.

La presentación tiene dos propósitos principales: el simbólico, que es entregarle a los familiares de los exiliados las páginas con los testimonios y las vivencias de sus familiares criminalizados y forzados a abandonar el país; y el político, que es entregarle al Ejecutivo los resultados y las recomendaciones de esta investigación de más de un año para que cuente con insumos vinculantes y, finalmente, tome decisiones que lleven al Estado a devolverle la protección que le fue negada a más de un centenar de exiliados, víctimas de persecuciones políticas, encarcelamiento y muerte civil. 

Cuando los medios comenzaron, con justa razón, a indagar sobre cómo sería presentado el informe, Arévalo y su equipo de comunicación volvieron a optar por el silencio. Los periodistas llevan días preguntando sobre el acto y tratando de establecer si existe una política de Estado que atienda la crisis de los exiliados, pero solo ha habido silencio, un insoportable y lamentable silencio. 

La pregunta de los medios de comunicación es pertinente, sobre todo si se toma en cuenta que Arévalo parece estar desconectado políticamente del problema.

Se sabe de algunas reuniones con exiliados y que hay un equipo trabajando en “el tema”, pero resulta inexplicable, para los medios –y para los exiliados–, que el presidente guarde silencio, delegue y prefiera «operar» desde el ostracismo político, relegando el problema a algo menor.

¿Por qué no abordar el exilio como una política de Estado? ¿Por qué tanto silencio alrededor de un tema que no solo es político, también es histórico y ético? 

El presidente no ha entendido que en política, la forma puede ser el fondo y que ocultarse de temas tan sensibles lo hace ver insensible ante la violencia que ejerció el Estado contra quienes lucharon contra la corrupción, defendieron derechos o se expresaron libremente. Es todavía más inexplicable cuando él mismo, su bancada y su familia han sido víctimas de esa violencia. 

El exilio puede vivirse de muchas maneras, una de ellas es ver cómo el Estado, llamado a proteger a todas las personas, se paraliza y guarda silencio ante una injusticia, por lo tanto, el silencio de Arévalo impacta el doble y da una vertiginosa sensación de desamparo. 

¿Hasta cuándo va a seguir enviando el mensaje equivocado, presidente?