Mucho se habla por estos días que ha comenzado una etapa de “descriminalización” en Guatemala. Nos dicen que, porque cambian un par de rostros en la Fiscalía General o se mueven ciertas piezas en puestos clave, las cosas ya son distintas. Pero quienes llevamos las cicatrices de este sistema sabemos que la realidad es otra.

No basta con maquillar la superficie. Debemos poner los ojos, con urgencia y firmeza, sobre el verdadero laberinto: nuestro sistema judicial. Sobre esos jueces y magistrados que continúan en sus puestos, intocables, a pesar de haber sido profundamente cuestionados por su actuar, no solo a nivel nacional sino también internacional. Cambiar la fachada de un edificio no sirve de nada si los cimientos siguen podridos.

Existe un dolor silencioso del que poco se habla, pero que se respira a diario en las calles y en las salas de espera de los juzgados. Se llama violencia institucional.

La violencia institucional es aquella que cometen las personas servidoras públicas. Es esa que cometen quienes juraron protegernos, y que por acciones o por puras omisiones, obstaculizan, dilatan o impiden el goce y ejercicio de nuestros derechos humanos. Es el maltrato disfrazado de burocracia. Es la discriminación detrás de un escritorio. Es la revictimización de quien ya lo ha perdido todo y llega buscando un rayo de esperanza, solo para encontrar una puerta cerrada en la cara.

Esta violencia no es exclusiva de quienes hemos sido criminalizados por alzar la voz. Es una sombra que persigue miles de guatemaltecos a diario.

Es la violencia que se sufre cuando una institución, ya sea judicial o administrativa, decide no resolver conforme a la ley ni a lo que verdaderamente dicta la justicia. Es esa autoridad sorda que, de manera constante, desatiende las peticiones legítimas de una ciudadanía cansada de rogar por lo que por derecho le corresponde.

¿Cuántas veces hemos acudido a plantear nuestras peticiones esperando una respuesta, y lo único que recibimos es un frío “lo analizaremos”? Eso si bien nos va. Porque la mayoría de las veces, lo que impera es el silencio absoluto. Las omisiones. Ese vacío institucional es, quizás, lo que más violenta y desgarra a quienes buscamos una justicia que parece un mito.

Hablo desde la dignidad. Como persona exiliada, me he tenido que enfrentar a la violencia desde distintos frentes. He tenido que aprender a vivir con el desarraigo, a reconstruirme lejos de la tierra que amo. Pero les aseguro que la más dura de todas las violencias es la institucional. Porque duele el doble cuando el golpe viene de tu propio hogar. Se supone que el Estado debe procurar, prevenir y erradicar la violencia; pero en Guatemala, el Estado se convirtió en el principal generador de ella. Te expulsa, te señala y luego te olvida.

No escribo esto desde el rencor, sino desde un anhelo profundo. Yo quiero retornar a Guatemala. Pero quiero volver de manera digna, sin el estigma que me colgaron en el cuello “prófuga”.

Quiero que el Estado reconozca, de frente y con valentía, que fui una de las tantas personas que tuvo que salir huyendo por las acciones y omisiones cometidas por sus propios servidores públicos. Que mi nombre no es un expediente más que se archiva. Esta criminalización no fue un error administrativo; tuvo consecuencias reales, devastadoras, en mi plan de vida, en mis sueños, en mi familia.

Esto no puede seguir tratándose como un hecho aislado o una simple «mala racha» política. Lo que vivimos fue —y sigue siendo— una sistematicidad de amenazas, de persecución y de estigma, orquestada tanto por actores particulares como por miembros del propio Estado. Un engranaje perfecto diseñado para silenciar. Y al Estado hay que entenderlo y exigírsele en su conjunto.

La verdadera justicia no llegará con comunicados de prensa ni con promesas de escritorio. Llegará el día en que sanar el sistema judicial sea una prioridad real, el día en que los cuestionados dejen de juzgar a los honestos, y el día en que volver a nuestra patria no sea un peligro, sino un derecho recuperado. Mientras tanto, nos toca seguir observando, denunciando. Porque el exilio nos quitó el territorio, pero jamás nos quitará la palabra.