Recientemente fueron juramentados los nuevos magistrados que presidirán el Tribunal Supremo Electoral. Su escogencia quedó lejos del sentido original. A pesar que dentro de los postulantes se encontraban perfiles adecuados por su capacidad, experiencia e independencia, la malograda postuladora se inclinó en sentido contrario. Si bien es cierto que el Congreso dejó fuera de la elección a los candidatos más cuestionados (los peores), la materia prima que les quedó fue deficiente; siendo de allí de donde provienen los diez electos.

A pesar de esta lastimosa evidencia, quedan de aquí en adelante dos tareas sumamente relevantes. Por un lado, ejercer vigilancia permanente sobre las actuaciones y decisiones que el pleno y el conjunto del órgano tomará en lo sucesivo, y por otro, apoyar su gestión con diversos insumos, porque dejarlos solos no es opción. En el último evento electoral (2023) quedó demostrado que las incapacidades al por mayor traen consigo una variedad de riesgos para el país.

Es evidente el desmantelamiento del que ha sido víctima el TSE. Se trata de un vaciamiento a varias bandas: pérdida de autonomía y de independencia, de sus funciones y capacidades; así como de personal especializado. Para muestra, a una década de vigencia de las últimas reformas electorales (aprobadas en 2016), varias de ellas no han sido plenamente implementadas. En lugar de pasos hacia delante, ha retrocedido de manera brutal.

La credibilidad de esa institución, otrora de las más reconocidas, está en su nivel más bajo desde su creación. Se le denomina “institución”, pero en esencia ha perdido los pilares determinantes para que lo sea en realidad. Es un remedo del cual partidos, seudo políticos, estructuras criminales, han hecho piñata; a lo cual se suman otros actores, como los sindicatos que también han hecho de las suyas. Precisamente ese rasgo es de particular preocupación. El Congreso lo que hizo en realidad, al elegir la nueva cohorte de magistrados, fue repartir el pastel. Los partidos dominantes escogieron a sus operadores. Es el mismo mecanismo utilizado para la elección de, al menos, las últimas tres magistraturas. Está en los electos considerarse peones de los partidos, o bien, separarse de ellos para desarrollar un trabajo que tiene como premisa ser independientes de poderes algunos.

Una tarea de arranque de las nuevas autoridades es reconocer que no pueden, por si solos, maniobrar un timón que se ha vuelto más complejo de operar porque las aguas son más convulsas y profundas que antes, y que, además, la maquinaria del que ahora se han hecho cargo está profundamente erosionada (en condiciones de grave oxidación). Pero ojo, lo anterior no implica dejarse ayudar por cualquiera. De esos hay muchos, que, aprovechándose de la debilidad y precariedad de los conocimientos especializados en materia electoral de los electos, los querrán manejar e instrumentalizar a su conveniencia. Así que, con dos dedos de frente, deberán tener sumo cuidado de quiénes se les acercan y con qué propósitos. Esa tarea requiere de un mínimo de lucidez y sentido común.

De acá a la convocatoria a las elecciones generales 2027 distan nueve meses, que operativamente se traducen en aproximadamente cien días. En ese período, los nuevos magistrados deberán encarar tareas precisas para garantizar que ese evento salga adelante a partir de lo experimentado en el proceso anterior. Afortunadamente las lecciones aprendidas de tan particular proceso han sido sistematizadas por centros de investigación reconocidos.