La actual fiscal general, Consuelo Porras, enfrenta un momento decisivo: el fin de su inmunidad y, con ello, la posibilidad real de ser investigada por su gestión. Más que una transición institucional ordinaria, lo que observamos es una carrera desesperada por no quedar fuera del círculo de poder.

Sancionada por más de 40 países por actos de corrupción y prácticas antidemocráticas, Porras ha construido una trayectoria que, lejos de consolidarse por logros visibles, se ha sostenido en alianzas políticas estratégicas. A pesar de estos señalamientos internacionales, logró posicionarse durante años en distintas instituciones del sector justicia. Quienes la han seleccionado han pasado por alto aspectos fundamentales de su perfil, como el evidente plagio de su tesis doctoral, un tema sobre el cual ha guardado silencio sistemáticamente.

Su recorrido en el sistema judicial inició en 1996 en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público. En el 2004 como magistrada suplente de salas de apelaciones de la niñez y en Supervisión del Organismo Judicial. Posteriormente fue electa magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia para el período 2016–2020. Sin embargo, no se registran posicionamientos públicos ni decisiones emblemáticas que permitan identificar aportes sustantivos al fortalecimiento del sistema de justicia.

En 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales, fue nombrada fiscal general. En ese momento era una figura poco conocida, un actor gris dentro del sector justicia. Su gestión, no obstante, rápidamente acumuló señalamientos: criminalización de operadores de justicia independientes, parálisis de investigaciones de alto impacto contra estructuras de corrupción y una notoria falta de avances en casos complejos.

Cuando buscó la reelección en el 2022, inicialmente no obtuvo los votos suficientes para integrar la nómina de seis candidatos que la comisión de postulación debía remitir al presidente. Sin embargo, la estrategia cambió el curso del proceso: la persecución penal contra comisionados y la intervención de la Corte de Constitucionalidad terminaron forzando su inclusión en el listado. Finalmente, el entonces presidente Alejandro Giammattei la nombró nuevamente. Desde entonces, y hasta la fecha, el gobierno de Giammattei no ha enfrentado investigaciones profundas por parte del Ministerio Público, a pesar de los reiterados señalamientos públicos de corrupción.

De cara a 2026, la historia parece repetirse, pero con un matiz más evidente: el temor a perder inmunidad. Porras ha intentado mantenerse en espacios de poder postulándose en distintas instancias. Primero buscó respaldo en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, institución con la que ha mantenido una alianza política a través del rector Walter Mazariegos. No obtuvo ni un solo voto.

Luego acudió nuevamente a la comisión de postulación para fiscal general, enviando a un tercero a entregar su expediente, una decisión que evidencia cautela y evita la exposición directa en un momento políticamente sensible. Paralelamente, presentó su expediente ante la Corte Suprema de Justicia para optar a magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Una estrategia múltiple: si no logra permanecer como fiscal, intenta asegurar otro cargo que le garantice inmunidad. No es un detalle menor: recientemente, expertos de Naciones Unidas expresaron alarma por informes sobre adopciones ilegales internacionales vinculadas al Hogar Temporal Elisa Martínez y pidieron una investigación independiente ante alegaciones que mencionan a Porras por su rol de entonces en ese hogar.

Pero la función pública no es intercambiable. Ser fiscal general y ser magistrada constitucional requieren perfiles, conocimientos y especializaciones distintas. Pretender transitar de una institución a otra sin demostrar resultados sostenidos ni aportes concretos al fortalecimiento del sistema de justicia no habla de vocación de servicio, sino de supervivencia política.

Perder la inmunidad no solo implicaría un riesgo personal para Consuelo Porras. También representaría una amenaza para los sectores de poder que han encontrado en su gestión un muro de contención frente a investigaciones por corrupción. No es casual que actores del sector privado estén realizando gestiones de lobby en Estados Unidos para favorecer su continuidad, mientras en el ámbito interno se intensifican allanamientos, anuncios de capturas e incluso la apertura de casos cuestionables.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de una funcionaria. Es la posibilidad de que el sistema de justicia recupere independencia y credibilidad. La pregunta de fondo no es si Consuelo Porras logrará mantenerse en el poder, sino qué costo institucional seguirá pagando el país mientras la inmunidad sea utilizada como escudo y no como garantía para el ejercicio legítimo de la función pública.