Las recientes elecciones de segundo grado en Guatemala, particularmente las del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, no pueden entenderse como procesos aislados. En realidad, lo que hemos presenciado es una secuencia que revela cómo se sigue configurando el poder dentro del Estado, lejos de la atención cotidiana de la ciudadanía, pero con consecuencias directas sobre la democracia y la justicia.

En el caso del Tribunal Supremo Electoral, el problema comenzó desde la comisión de postulación. La nómina que llegó al Congreso fue, en términos generales, una mala nómina, producto de acuerdos que poco tuvieron que ver con la transparencia o con la búsqueda de los perfiles más idóneos. La sociedad civil intentó incidir, pero se desgastó en esfuerzos puntuales, mientras otros actores avanzaban en negociaciones más determinantes. Las universidades privadas, desde rectorías y decanaturas, jugaron un papel clave en la configuración de esa nómina, sin que ello necesariamente favoreciera la independencia del proceso. A eso se sumó la presidencia de Walter Mazariegos en la comisión, lo que ya generaba dudas legítimas desde el origen.

Sin embargo, el Congreso, en una paradoja que no deja de llamar la atención, logró descartar algunos de los perfiles más cuestionados. Esto no convierte el proceso en ejemplar, pero sí evidencia que incluso en escenarios adversos pueden surgir ciertos contrapesos.

En la Corte de Constitucionalidad, el panorama fue distinto, pero igual de revelador. Las decisiones de los distintos órganos electores respondieron a dinámicas propias, atravesadas por factores políticos e incluso presiones externas. Consuelo Porras no logró ser electa ni en el Consejo Superior Universitario ni en la Corte Suprema de Justicia, aunque en esta última instancia surgieron señalamientos sobre posibles intromisiones del encargado de negocios de los Estados Unidos. En el Congreso, en cambio, sí prosperó el cabildeo que permitió la designación de Roberto Molina Barreto. El resto de las designaciones, tanto del Colegio de Abogados como del Ejecutivo, terminan configurando una Corte que no responde a un criterio claro de independencia, sino a un equilibrio de fuerzas que genera incertidumbre.

En medio de este contexto, no puede dejarse de lado lo ocurrido en la Universidad de San Carlos. La continuidad de Walter Mazariegos en la rectoría, en condiciones ampliamente cuestionadas y sin el cumplimiento pleno de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, refleja un problema más profundo: la normalización de decisiones al margen de la legalidad y una preocupante parsimonia social frente a hechos que deberían generar mayor reacción.

El proceso del Ministerio Público, por su parte, sintetiza las debilidades estructurales del sistema. La tabla de gradación privilegió el tiempo de ejercicio sobre la calidad de la experiencia, y la introducción de criterios como la juramentación ante la Corte Suprema de Justicia evidenció intentos de exclusión selectiva. El amparo provisional que obligó a repetir la ponderación derivó en una decisión particularmente grave: excluir a jueces del cómputo del ejercicio profesional.

El resultado fue una nómina con perfiles cuestionados, de la cual fue excluida Zoila Tatiana Morales Valdizón, probablemente la candidata más idónea, e incluido Carlos Alberto García Alvarado, cercano a la estructura saliente. Finalmente, el Presidente optó por Gabriel Estuardo García Luna, quizá el único perfil técnicamente rescatable dentro de esa lista.

Su designación abre una oportunidad, pero también expone la magnitud del desafío. Le corresponde reconstruir la credibilidad del Ministerio Público, eliminar las barreras que enfrentan las víctimas, enfrentar los casos de criminalización, devolver el carácter técnico a la institución, lo que implica revisar instancias como la DAC y la UME y asegurar que operen bajo criterios estrictamente profesionales, y asumir con seriedad el combate al narcotráfico y al crimen organizado, sin dejar de lado a las víctimas más vulnerables.

La lectura conjunta es clara. No se trata de hechos aislados, sino de una tendencia. El problema no es únicamente quiénes fueron electos, sino el modelo que permite que estos procesos sigan siendo vulnerables a intereses particulares.

Estas son las elecciones que no vemos, pero que terminan definiendo el país en el que vivimos.