En la Universidad de San Carlos de Guatemala sigue habiendo problemas y al parecer cada vez son peores.

En las últimas semanas, se han producido hechos especialmente graves y decenas de estudiantes han denunciado que sus registros académicos han literalmente desaparecido.

Así como lo lee usted, estimado lector: sus registros académicos han desaparecido y al parecer han sido eliminados del sistema universitario. Lo anterior impide a dichos estudiantes, realizar trámites, tales como: asignarse clases, inscribirse a los semestres, obtener certificaciones, dar seguimiento a sus procesos de tesis, cerrar pensum y hasta graduarse.

Es importante evidenciar que estos alumnos afectados sostienen que lo anterior no es un problema administrativo aislado, sino una represalia dirigida principalmente contra aquellas personas que han cuestionado y han levantado la voz en contra de la elección y posterior reelección de Walter Mazariegos como rector de esta Universidad.

Para muchos todo esto es muy claro y constituye un ataque, un castigo y una represalia contra todos aquellos que participaron en movimientos de oposición.

Según las denuncias presentadas, entre los afectados hay dirigentes estudiantiles, representantes electos, así como alumnos próximos a graduarse.

Se han presentado denuncias penales ante el Ministerio Público, específicamente ante la Fiscalía de Delitos Administrativos, la cual confirma que se están investigando varios casos, cuyos expedientes están relacionados con la supuesta eliminación de registros académicos.

A dicha situación también ha intervenido la Procuraduría de los Derechos Humanos, en donde también se han abierto expedientes sobre el mismo caso.

Ante esta preocupante situación, es inevitable preguntarse si ¿se están afectando y violado severamente los derechos de los estudiantes, tales como el derecho a estudiar, a graduarse e incluso a manifestar?

Lo que sí es un hecho irrefutable, es que, con base en la información disponible, varios estudiantes denuncian la desaparición de sus expedientes, impidiéndoseles así continuar sus estudios y, en algunos casos, graduarse, dado que sin su historial académico, activo y válido no pueden completar sus trámites universitarios.

Esto podría describirse como una «muerte académica»

No obstante, hasta este momento no existe una resolución judicial que haya establecido y dictaminado que la administración de la USAC ha desaparecido expedientes de los estudiantes y que ha implementado prácticas arbitrarias para impedir graduaciones, con el fin de silenciar a la oposición, por lo que todo esto puede considerarse una hipótesis sostenida por los propios denunciantes y parte de la ciudadanía. Dicha situación será precisamente uno de los aspectos a establecer por las investigaciones que ya se están realizando.

Por ahora sólo queda recordar y hacer valer esa exclusión de cuerpos electorales, las restricciones a la participación estudiantil, los procesos disciplinarios contra opositores, los despidos y presiones denunciadas por alumnos y trabajadores de esta Universidad.

Es importante tener presente que independientemente de la disputa sobre la elección de este rector, los derechos de los estudiantes a estudiar, a manifestarse y al debido proceso, jamás deben verse afectados y entender que la autonomía universitaria no puede utilizarse para justificar represalias en contra de los propios estudiantes, de aquellos que piensan distinto y de quienes no se pliegan a un sistema que ha mostrado ser abusivo, corrupto y anómalo.

Desde una perspectiva jurídica, si se llegara a demostrar que los registros académicos fueron eliminados deliberadamente por represalia políticas o ideológicas, podrían verse comprometidos principios constitucionales como el derecho a la educación, la igualdad, la prohibición de discriminación, la libertad de expresión y el debido proceso, esperando con ello se deriven todas las responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para quienes hubieran participado en dichos actos.

Ojalá quede bien establecida la autonomía universitaria, entendida ésta como una garantía institucional y no como un mecanismo para restringir derechos a su propio estudiantado.