Durante años, el eMePé pareció entender la transparencia como una molestia, una impertinencia ciudadana, una especie de curiosidad maleducada. Preguntar cuánto ganaban sus máximas autoridades no era, según esa lógica, un derecho: era casi una amenaza a la seguridad nacional. Hay secretos de Estado y secretos de escritorio. Los primeros se justifican con solemnidad; los segundos, con sellos, oficios y respuestas que dicen mucho precisamente porque no dicen nada.

La administración de Gabriel Estuardo García Luna hizo pública, por fin, información salarial que la gestión de Consuelo Porras mantuvo bajo reserva. Conviene decirlo: se trata de una buena noticia. Pero conviene decirlo también sin ingenuidad: no es una concesión graciosa del poder, sino una obligación. El dinero público no es una confidencia privada. Los salarios de los funcionarios no pertenecen a la intimidad de los funcionarios, sino a la contabilidad moral del Estado. Cuando el sueldo sale de los impuestos, el ciudadano no está fisgoneando; está revisando la factura.

Según la nómina divulgada, Consuelo Porras recibió en marzo de 2026 más de Q132 mil, entre salario mensual, bonos, gastos de representación y un bono extraordinario. En abril, la cifra ordinaria publicada rondó los Q71 mil. Q53 mil de salario base. Q10 mil en gastos de representación. Bonos por aquí, bonos por allá. Y, de pronto, ese misterio administrativo que durante tanto tiempo se escondió bajo argumentos de reserva aparece convertido en una suma, en una tabla, en una línea de Excel. El secreto, al final, tenía columnas.

Un Estado serio necesita pagar bien a ciertos cargos públicos, sobre todo cuando exige responsabilidad, competencia y exposición. El problema no es que un fiscal general gane más que la mayoría de los ciudadanos. El problema es que una institución que persigue delitos haya tratado como delito simbólico la pregunta por su propia nómina. El problema no es únicamente cuánto se pagó, sino por qué costó tanto saberlo. En la vida pública, la opacidad rara vez es inocente. A veces es simple reflejo burocrático; otras, una forma de poder. Y en el caso del eMePé de Porras, la reserva se volvió método, carácter y paisaje.

La contradicción de estos días es casi literaria. Primero se negó la información solicitada por un medio bajo el argumento de que divulgar salarios podía comprometer la seguridad institucional y afectar investigaciones. Se entiende. Horas después, se habilitó información pública sobre remuneraciones. Es decir: por la mañana era peligroso saber; por la tarde era transparente publicar. La seguridad nacional, al parecer, trabaja medio tiempo. Más que una explicación jurídica, aquello parece una escena de teatro administrativo: un funcionario entra por la izquierda diciendo «reservado» y otro sale por la derecha diciendo «transparencia».

Ese tropiezo inicial importa porque García Luna no llega a una institución normal.

Llega a una institución que durante ocho años fue señalada dentro y fuera del país por usar la persecución penal como garrote político. Llega después de una gestión marcada por sanciones internacionales, por casos contra periodistas, fiscales, jueces y opositores, y por una relación tóxica con la democracia guatemalteca. Por eso cada gesto pesa más de lo que pesaría en tiempos ordinarios. Publicar salarios no limpia una institución. No repara expedientes, no devuelve años de exilio, no reconstruye fiscalías, no borra persecuciones. Pero sí marca una diferencia elemental: el Estado empieza a hablar donde antes solo murmuraba.

La transparencia no es épica. No siempre produce titulares grandiosos. A veces consiste apenas en subir una nómina, ordenar un portal, contestar una solicitud, permitir que el ciudadano vea lo que el funcionario preferiría dejar en sombra. Pero en países acostumbrados a la oscuridad, lo básico se vuelve revolucionario. Saber cuánto gana una exfiscal general no derrumba la impunidad, pero sí rompe una pequeña costumbre de impunidad: la costumbre de administrar lo público como si fuera propiedad privada.

También hay que tener cuidado con el entusiasmo. La nueva administración del MP no puede convertir cada gesto razonable en acto heroico. Cumplir la ley no es valentía; es el mínimo. Y si ese mínimo nos parece extraordinario, quizá el comentario más duro no sea contra García Luna, sino contra el deterioro institucional que heredó. Hemos llegado al punto en que publicar salarios parece una hazaña republicana. Qué país tan cansado: uno donde la normalidad tiene que pedir permiso para regresar.

La Ley de Acceso a la Información Pública no fue escrita para decorar portales institucionales ni para ser invocada solo cuando conviene. Su lógica es clara: la información sobre funcionarios, salarios, bonos, viáticos y remuneraciones debe estar disponible. Hay excepciones, sí, pero las excepciones no pueden convertirse en la regla sentimental de cada autoridad incómoda.

La publicación de estos salarios deja varias lecciones. La primera: insistir sirve. Periodistas, diputados, organizaciones y ciudadanos preguntaron una y otra vez hasta que el silencio empezó a parecer más costoso que la respuesta. La segunda: la transparencia no depende solo de la ley, sino de la voluntad institucional de no sabotearla. La tercera: la rendición de cuentas no debe empezar cuando termina una administración, sino mientras gobierna. Porque saber cuánto ganó Consuelo Porras después de que salió del cargo es útil; haberlo sabido cuando ejercía el poder habría sido todavía más importante.

Consuelo Porras ya no ocupa el despacho, pero su sombra sigue haciendo fila en muchas ventanillas del MP. Está en los casos pendientes, en las fiscalías debilitadas, en los expedientes usados como castigo, en los funcionarios que aprendieron a confundir lealtad con obediencia. También está en esta pequeña historia salarial: en la idea de que hasta una nómina podía tratarse como secreto estratégico. García Luna tiene ahora la oportunidad —y la carga— de demostrar que el Ministerio Público puede dejar de esconderse detrás de sus propios oficios.

Por ahora, la nómina apareció. No es justicia, pero es información. Una tabla que nos recuerda que el poder también se mide en quetzales, en bonos, en gastos de representación y en la facilidad con la que alguien pretende ocultarlos.

¿Cuántas cosas más siguen guardadas en el cajón donde el Estado esconde lo que el ciudadano tiene derecho a saber?